Del año 2000 a la fecha se amplió en México el disfrute de la libertad de expresión, pero también se elevaron el número y la gravedad de los ataques y agresiones registrados contra periodistas, y se diversificaron los riesgos contra los comunicadores por parte del crimen organizado. Tan sólo en 2005, entre enero y julio, han ocurrido siete homicidios de reporteros y comunicadores, en lo que se ha dado en llamar un “año negro” para la seguridad y las garantías de los periodistas y de comunicadores que ejercen profesionalmente las libertades de expresión e información.
Del año 2000 a la fecha se amplió en México el disfrute de la libertad de expresión, pero también se elevaron el número y la gravedad de los ataques y agresiones registrados contra periodistas, y se diversificaron los riesgos contra los comunicadores por parte del crimen organizado. Tan sólo en 2005, entre enero y julio, han ocurrido siete homicidios de reporteros y comunicadores, en lo que se ha dado en llamar un “año negro” para la seguridad y las garantías de los periodistas y de comunicadores que ejercen profesionalmente las libertades de expresión e información.
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Además de los casos de violencia física directa, existen 214 quejas radicadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en lo que va de este sexenio, 54 de las cuales corresponden a 2005 y son indicativas de un auge en las presiones contra comunicadores mediante amenazas de diversa índole, llamadas telefónicas anónimas, acoso a familiares o daños a su patrimonio.
El coordinador general de Comunicación y Proyectos y titular del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de la CNDH, Guillermo Ibarra Ramírez, sostuvo que cuando es víctima de algún delito, un periodista es como cualquier otro ciudadano, pero si ese delito en su contra es una consecuencia de lo que dice o escribe, se produce también una afectación que lo trasciende, pues se vulnera la libertad de expresión e incluso la libertad de pensamiento
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de los lectores o del público, que se ve privado de la posibilidad de acceder a otras ideas u opi-niones.
Ibarra Ramírez explicó que los agravios contra periodistas en el ejercicio de su profesión implican también un atentado contra la libertad de expresión, trátese de quien se trate. Un aspecto más contra el que se atenta es la libertad de pensamiento del ciudadano, porque el periodista debe tener libertad plena para escribir, porque detrás de él está el lector como destinatario de esos escritos y quien debe tener la posibilidad de conocer los diversos enfoques de una noticia, sin distinción de matices.
Si la sociedad carece de esa oportunidad, añadió, el ciudadano carece de libertad de pensamiento y en consecuencia se afectan otras garantías porque se vulneran la libertad de expresión, el derecho a proporcionar y recibir información, así como la libertad de pensamiento, donde la víctima final es la sociedad en su conjunto.
Ibarra Ramírez reiteró que nadie puede negar o cuestionar que “ahora tenemos más li-bertad de expresión que antes; lo que no te-nemos es garantía para ejercer esta libertad de expresión. O sea, sí somos más libres, pero te-nemos más riesgos”, como informadores.
Expuso que con base en datos estadísticos de la CNDH, en los últimos cinco años el número de agravios contra periodistas se ha duplicado en comparación con los ocurridos durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y muy superior a los registrados en la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León.
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Ibarra Ramírez informó que en Sonora, además de la desaparición desde hace 100 días del periodista Alfredo Jiménez, dos comunicadores más han recibido amenazas telefónicas y con mensajes electrónicos, lo que es motivo de preocupación adicional para la CNDH. Comentó que la Procuraduría General de la República, en el caso del periodista desaparecido en Sonora, no ha explicado la remoción del subdelegado en esa entidad —de quien se dijo que lo perseguían probables delincuentes del crimen organizado— ni la del fiscal que había iniciado una línea de investigación hacia funcionarios que le proporcionaban información al periodista desaparecido.
“El hecho de que la autoridad persecutora de los delitos se sienta perseguida suena a burla. Si la autoridad persecutora se dice perseguida, ¿qué puede esperar a los representantes de medios en situaciones como la que estamos viviendo?”, se preguntó y señaló que la CNDH continuará en comunicación con la familia del reportero Alfredo Jiménez y con los reporteros amenazados, conociendo sus quejas y dando seguimiento a las investigaciones.
Hay impunidad en la intimidación a periodistas: Soberanes
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, ha hecho referencia al aumento alarmante de estos casos y ha señalado que no basta que la libertad de expresión sea tutelada por el sistema jurídico, sino que es necesario también que no haya temor por parte de quienes la ejercen. “Cuando surgen espacios en los que el agravio o la intimidación a los periodistas puede quedar impune, la libertad de expresión puede llegar a afectarse.”
Refirió que los recientes casos de ataques contra periodistas en diferentes partes de la República Mexicana no sólo han dado lugar a una escalada de violencia y de agravios de consecuencias indignantes, sino también —de no ha-cerse algo para superarla— puede originar una oleada de miedo y de temor que proyectará su sombra de silencio sobre la libertad de expresión, hasta nulificarla.
Las agresiones contra periodistas por causa de su labor informativa, subrayó, repercuten indirectamente en todos los valores en que se sustenta la convivencia democrática, y van desde amenazas vía telefónica, Internet, anónimos o gente que acosa con su constante presencia o merodea cerca del trabajo o del domicilio, intimidación, ejercicio indebido de la función pública, violación a la libertad de expresión, privación de la vida y desaparición de persona.
El ombudsman nacional ha puesto en re-lieve los más recientes acontecimientos en 2005, en los que perdiera la vida la conductora del programa Punto Rojo, que transmitía la estación radiofónica Stéreo XHNOE-91 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Guadalupe García Escamilla; el director del diario La Opinión, de Poza Rica, Raúl Gibb Guerrero, y por supuesto la desaparición del reportero del diario El Imparcial de Hermosillo, Sonora, Alfredo Jiménez Mota.
Dijo que este último caso preocupa a la Comisión Nacional pues han transcurrido más de 100 días y aún no se tienen indicios que permitan localizar al reportero, además de que la Procuraduría General de la República cambió al fiscal que se encargaba de la investigación, circunstancia por la cual este organismo nacional solicitó a esa dependencia informara, por escrito, las razones que motivaron esta sustitución, y las acciones que se tomaron para que no se afecte el avance de la indagatoria.
