Legislación Ambiental

Divergencias por suspensión a impuesto en fructosa

Una ola de opiniones ha generado la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de suspender temporalmente el impuesto especial del 20 por ciento que se venía aplicando a la fructosa por decreto del gobierno federal, en oposición a la decisión del Congreso de la Unión.

José Menchaca, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Azúcar y Alcohol (CNIAA), manifestó en su momento que ante la crisis de la industria azucarera dicho gravamen a la fructosa beneficia al sector al fomentar el consumo de azúcar, aunque aclaró que no está en contra de los productores e importadores de fructosa, simplemente tiene que respetarse la ley.

Los refresqueros –indicó– compran aproximadamente un millón 500 mil toneladas de azúcar, pero la incertidumbre del gravamen motivó a dicho sector a consumir caña, factor que ha beneficiado al edulcorante mexicano.

En tanto, los refinadores de maíz estadounidenses afirman que la determinación de gravar la fructosa les hace perder el acceso al mercado mexicano, lo cual va en contra de lo establecido en los términos de TLCAN, e incluso han amenazado con recurrir a instancias contempladas dentro del propio acuerdo para resolver su inconformidad.

Algunas fuentes refieren que la Secretaría de Economía veía la suspensión temporal del impuesto como una arma con la que el gobierno mexicano negociaría el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que establece en su capítulo 19 que Estados Unidos debe adquirir los excedentes de azúcar mexicana.

El titular de Economía, Luis Ernesto Derbez ha señalado que la decisión final sobre los edulcorantes tendrá que ser tomada en septiembre. Considera que las negociaciones en materia de edulcorantes entre México y Estados Unidos se dificultarán, aunque confía en que no se rompan por la aplicación del IEPS en el jarabe de maíz de alta fructosa.

Solicitan indemnizar a cañeros

Por su parte legisladores solicitaron una indemnización conforme a derecho para 12 millones de familias cañeras afectadas por la suspensión temporal del cobro del impuesto especial a la alta fructosa, y continuar los trabajos para el fortalecimiento de la industria azucarera nacional.

El diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, y el senador del Revolucionario Institucional, Fidel Herrera Beltrán, expresaron que el Poder Legislativo estudiará la conveniencia de esta propuestas.

La actividad azucarera participa en la economía nacional con 0.5% del PIB y proporciona sustento a 440 mil familias de 227 municipios de 15 estados de la República, donde habitan 12 millones de mexicanos, de los cuales 2.5 millones dependen directa e indirectamente de la agroindustria azucarera y de actividades vinculadas a la misma.

México ocupa el séptimo lugar mundial en la producción de azúcar y el octavo en consumo.

La producción de caña de azúcar se extiende sobre una superficie de 660 mil hectáreas que cultivan ejidatarios y pequeños propietarios, que además ocupan a miles de asalariados en la siembra, cuidado de los plantíos, quema, corte y acarreo del producto hasta su entrega a los ingenios o bien a los pequeños trapiches, y que se ocupan de producir panela, piloncillo, alcohol o bien aguardiente.

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