Una y otra vez, los productores nacionales han organizado marchas, plantones, tomas de casetas, bloqueos de carreteras y cierres de puertos bajo la misma demanda: el cierre de las fronteras mexicanas a productos agropecuarios que desplazan a los nacionales.
En el Senado de la República, la Comisión de Desarrollo Rural sostuvo reuniones con organizaciones de productores rurales, autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a agroindustriales para encontrar soluciones a la problemática causada por las importaciones de productos agropecuarios.
De todos estos encuentros, la comisión sintetizó las propuestas y entregó el documento base que las contiene a las secretarías de Economía y de Agricultura.
Respetar tratados comerciales
La petición número uno, a las mencionadas dependencias de gobierno, es hacer valer el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001; haciéndolo más claro y específico para el próximo análisis de dicha ley de 2002, en cuanto a los productos agropecuarios en los diferentes acuerdos comerciales ya firmados.
Dicho artículo establece que: «en los casos en que se requiera importar granos, lácteos, huevo, pollo entero y carnes de bovinos indispensables para el abasto nacional, que rebase las cuotas mínimas libres de arancel acordadas por las partes en los tratados de libre comercio, la Secretaría de Economía conjuntamente con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, determinarán la cuota adicional, que no podrá ser mayor a una cantidad igual a la mínima, sujeta al arancel que establezca el Ejecutivo federal, en consulta con organizaciones de productores representativas y plurales».
Estos aranceles deberán tomar en cuenta la estacionalidad, de tal manera que se evite que dichas importaciones se realicen en las temporadas de la cosecha nacional del producto correspondiente.
Los aranceles para estas cuotas serán aplicados sin excepción, por lo que no podrán ser suprimidos. Los ingresos que por este concepto se obtengan deberán ser incluidos explícitamente en el reporte trimestral a que se refiere el artículo décimo de esta ley.
Prioridad a cosechas nacionales
Incluso, la senadora priista Laura Alicia Garza Galindo, por medio de un punto de acuerdo, solicitó que la Secretaría de Economía suspenda las importaciones de maíz hasta que no se comercialice la cosecha nacional de ese grano, en acatamiento al artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2001, aprobada por el Congreso de la Unión.
El documento referido destaca: «Que el Senado apoye viabilidad de interposición de controversia por inconstitucionalidad contra el Ejecutivo federal sobre el hecho de violentar el tercero transitorio de la Ley de Ingresos del 2001, al emitir el decreto del 7 de junio y solicitarle explicación al respecto.»
De igual forma, se solicita «que de acuerdo con los artículos 18 y 24 de la Ley de Comercio Exterior, se realice un estudio de impacto económico y social de los productos y sistemas que han dañado al país con los cupos de importación», y «que audite la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) a todo el proceso de asignación de cupos de 1994 a la fecha».
Productores al comité de cupos
Los productores sugieren integrar un grupo de trabajo para la revisión de la normatividad del Comité de Administración de Cupos de Importación con la participación de las secretarías de Agricultura, Economía, Hacienda y Crédito Público, así como de la Contraloría, y del Senado de la República y representantes de las organizaciones de productores.
Asimismo proponen crear una Comisión de Transparencia para la supervisión de la administración de los cupos, en la que participen los sectores productivos y las comisiones de Desarrollo Rural y Agricultura de ambas cámaras del Legislativo, y la creación de una Comisión Intersecretarial e Intersectorial para la planeación de siembras 2001-2002 y todos los cultivos del periodo 2002-2006, a fin de determinar acciones conducentes para que no sea necesario importar más allá de los cupos establecidos en el TLCAN.
Una reiterada petición de maiceros, cafetaleros, sorgueros y otros es congelar durante un lapso de tres a cinco años los procesos de desgravación del tratado comercial, a fin de reconstruir una política agropecuaria nacional de largo plazo y que se les asigne el espacio a cada una de las ramas del sector agropecuario en los comités de administración de cupos.
Por su parte, el sector agroindustrial recomendó que se realice una planeación de la producción del sector agropecuario para la siembra de maíz amarillo, cuyo abasto requieren como industriales. Esto porque argumentaron que ante el desabasto nacional se ven obligados a la importación.
Los agroindustriales también propusieron que los cupos se utilicen como una guía y procedimiento de estímulos al desarrollo de la agricultura y del mercado nacional, y que se establezcan reglas claras en el suministro de materias primas que la industria necesita en tiempo y forma.
Coordinación sector productivo – industria
De lo anterior se deriva que se considere importante que los sectores productivos y agroindustrial se vinculen y coordinen convenientemente, para que no se afecten entre sí. Harineros e integrantes de la industria nacional de carnes frías hicieron planteamientos concretos. Los harineros consideraron necesario contar con aranceles mínimos, o en su caso la eliminación del arancel sobre cuota de importación de maíz amarillo, ya que no se justifica la razón por la cual imponga un arancel, dado que no existe producción nacional suficiente para abastecer este grano en el país.
El interés de la industria nacional de carnes frías es que los cupos de importación de pastas de ave y trozos de pavo no sean incluidos en el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos del año 2002.
Argumentan que el pagar arancel distinto al 0 por ciento en los cupos de materias primas de ave repercutiría en la competitividad de la industria, ya que la incongruencia arancelaria existente, fomentará aún más la importación de producto terminado con aranceles actualmente cercanos al 0 por ciento, con el consecuente daño al empleo y a la cadena productiva nacional, ya que actualmente las compras de materia prima nacional –señalan– son crecientes.
