El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha ocasionado la transformación más drástica y profunda en la historia de la agricultura mexicana. El presente y el futuro del agro han sido trastocados. La opción de vida en el campo, para la gran mayoría de los miles de productores, está puesta en duda.
Las organizaciones de productores pequeños, medianos y empresariales de maiceros, soyeros, trigueros, frijoleros, arroceros, paperos, algodoneros, manzaneros, porcicultores, ganaderos, claman por la suspensión del TLCAN, o por lo menos su renegociación, ya que los ganadores no suman más de mil personas, frente a millones de perdedores.
Un antecedente clave para buscar la renegociación del TLCAN está en el papel del Congreso estadounidense en el caso del transporte. A pesar de que el TLCAN consideraba la libre circulación de los vehículos entre el territorio de México y Estados Unidos a partir de 1995, el gobierno vecino prohibió su tránsito mediante una moratoria. Pasaron muchos años de controversias, hasta que el 6 de febrero de 2001 la Organización Mundial de Comercio (OMC) emitió un fallo favorable para México. El 5 de junio de 2001 el presidente Bush, por fin, en papel autorizó el ingreso de los camiones mexicanos y ordenó el levantamiento de la moratoria de 1995.
Sin embargo, el Congreso aprueba el acceso de los camiones mexicanos de carga a territorio estadounidense a partir del año 2002, con la condición de que se puedan contratar inspectores suficientes; pero el 1 de agosto de 2001, argumenta el bloqueo, al cual justifica por la inseguridad de los transportes de México en las carreteras de aquel país. Así, el Congreso de Estados Unidos nos enseña el camino. Pese al tratado, ellos protegen a sus transportistas, sus fuentes de empleo y sus intereses nacionalistas.
Proponemos la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN en virtud del papel estratégico de la agricultura como fuente generadora de empleo, productora de alimentos, de importancia para la protección del medio ambiente, por sus implicaciones sociales y culturales, y en virtud de que no existen fondos de compensación para paliar los efectos del TLCAN, porque nunca el presupuesto asignado será suficiente para hacer competitivo al sector frente a la agricultura del país más poderoso del mundo, considerando el artículo 21 de la OMC (sobre la afectación de un tratado), el Artículo 89 Constitucional, fracción 10 (desigualdad jurídica) y en virtud de las facultades que la nación le otorga al Poder Ejecutivo con el Artículo 131 Constitucional, que a la letra dice:
«El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país.»
Es decir, el precepto constitucional indica que el Congreso ha dotado al Ejecutivo con una facultad, las salvaguardas en general, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2003: «Es importante tener en consideración que, como Ley Suprema del país, la Constitución aplica en forma general y que ninguna otra ley ni tratado internacional puede estar por encima de esta legislación.»
México no debe renunciar a su soberanía nacional y puede aprovechar todas las disposiciones previstas en su Constitución Política. El propio TLCAN reconoce este derecho en el artículo 803, que dice: «Los procedimientos para la adopción de medidas de emergencia podrán iniciarse mediante solicitud o queja que presenten las entidades señaladas específicamente en la legislación interna. La entidad que presente la solicitud o queja acreditará que es representativa de la industria nacional que fabrica un producto similar o competidor directo del bien importado.»
La propuesta de revisar el TLCAN –capítulo agropecuario– no solamente se justifica por los daños ya causados por él, sino también por la amenaza que está por llegar a partir de 2003. Una revisión y la suspensión parcial del acuerdo comercial en protección de los productos más sensibles afectarán algunos intereses particulares, en especial a los importadores e intermediarios de los productos agropecuarios. Pero, como hemos demostrado, no existe tanto beneficio para el consumidor como se argumenta desde las esferas oficiales. Por otro lado, no habrá afectación para los exportadores mexicanos, siempre y cuando se aprovechen los márgenes de maniobra que permite la OMC para países en desarrollo.
Finalmente, el gobierno mexicano, sin consultar en forma democrática a la sociedad, fue el que elaboró la política de liberalización de la economía y firmó el TLCAN; por ello él tiene que responsabilizarse por los daños causados y tiene que desarrollar políticas que beneficien a la sociedad en su conjunto, no puede desligarse de las consecuencias de su política y, sobre todo, siempre debe tener claro su responsabilidad por el bienestar de su población.
Nueve años del TLCAN
• El presupuesto al sector agropecuario y pesca en México se redujo de 75,998 millones de pesos en 1994, año de inicio del TLCAN, a menos de 50 por ciento en 2001.
• Antes del TLCAN, en 1993, México importó 8.8 millones de toneladas de granos y oleaginosas; para el año 2002 se estima una importación de más de 20 millones de toneladas, o sea 2.3 veces más. En lo que va del TLCAN las importaciones ascienden a 136.6 millones de toneladas. Caso similar sucede con las carnes, frutas de clima templado, etc. Estas importaciones han desplazado a los productores nacionales, lo que ha ocasionado el aumento del desempleo en el campo.
• El déficit de la balanza comercial asciende a 14,500 millones de dólares. Cifra equivalente a 4.3 veces el presupuesto propuesto para el campo para 2003.
• México pierde soberanía alimentaria. Sólo en granos y oleaginosas importó 30,000 millones entre 1994 y septiembre de 2002. En lo que va del TLCAN, México ha erogado para la compra de alimentos la exorbitante cantidad de 78,000 millones de dólares.
• Según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la pérdida de empleos en el campo es de 1.78 millones, y de ellos casi 600,000 productores se relacionan con granos básicos; de todos los porcicultores, 40 por ciento ha abandonado la actividad, lo mismo ha sucedido con 24 por ciento de los productores de papa, pero también con arroceros, maiceros, etcétera.
• La pobreza se ha incrementado. Según cifras oficiales, 69.3 por ciento del total de la población en el campo es pobre.
• Las supuestas ventajas para los consumidores de tener acceso a alimentos más baratos a partir de las importaciones resultan ser demagogia. De 1994 a 2002, los precios de la canasta básica se han elevado 257 por ciento, mientras que los salarios mínimos subieron sólo 185 por ciento, según datos del propio gobierno. Por otro lado, las importaciones masivas han presionado sobre los precios que reciben por sus productos los agricultores nacionales que en relación con los precios de la canasta básica se han reducido en 30 por ciento en el mismo periodo.
