Cinco reformas legales, tres leyes nuevas y alrededor de 30 puntos de acuerdo, a favor del medio ambiente, fueron aprobados por unanimidad en la Cámara de Diputados, durante la LVIII Legislatura, afirmó el presidente de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Diego Cobo Terrazas (PVEM).
Lo anterior, dijo en entrevista, “nos coloca como una de las comisiones más productivas”.
Entre las modificaciones de ley, destacó la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (en materia de impacto ambiental), presentada por la diputada María Teresa Campoy Ruy (PVEM), el 4 de octubre de 2001 y aprobada el 6 de diciembre. El objetivo de esta ley es establecer un mecanismo de transición para descentralizar la gestión ambiental, a fin de otorgar mayores atribuciones en esta materia a los gobiernos de las entidades federativas, por medio de acuerdos de concertación con los estados.
Asimismo, se establece la creación del Registro de Emisiones de Transferencia y Contaminantes, mediante el cual se obliga a cualquier persona que emita contaminantes, al agua, aire o suelo, a reportarlos a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de forma desagregada, es decir, por sustancia. Es sistema tiene efectos declarativos, o sea que quien mienta sobre las sustancias que está desechando, puede ser sujeto a una sanción tanto administrativa como penal.
Para darle sustento a esta legislación se reformó el Código Penal Federal, con el fin de aumentar las penas para todos los delitos ecológicos, hasta por nueve años de prisión, con agravantes, en algunos casos, de tres años si los perjuicios se llevan a cabo en áreas naturales protegidas. Se señala como delito grave el acopio ilegal de madera arriba de los cuatro metros cúbicos, por lo que quien sea sorprendido con ese recurso natural no tendrá derecho a fianza y podría pasar hasta 12 años en prisión, recalcó el legislador.
La Ley de Bienes Nacionales también se reformó para darle mayores atribuciones a los municipios costeros en lo que se refiere a su participación en la zona federal marítimo terrestre, así como la Ley de Vida Silvestre, de la cual resalta la reforma a la protección total de mamíferos marinos. “Prohibimos incluso su exhibición, por lo que estamos en un proceso de desmantelamiento de acuarios, zoológicos, que exhiben delfines, lobos marinos, focas, etcétera, además se garantizó por ley la protección de las ballenas de las costas mexicanas, que antes era de buena voluntad, mediante el decreto del gobierno mexicano”.
En cuanto a las leyes de nueva creación, Cobo Terrazas mencionó la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, mediante la cual se intenta detener y revertir la deforestación en nuestro país, en virtud de que, de acuerdo con cifras oficiales, ocupamos el segundo lugar mundial. Así, se intenta desalentar la tala clandestina e impulsar la actividad forestal como industria productiva sustentable, para lo cual se tienen importantes avances en cuanto al pago de servicios ambientales, los que funcionan como incentivos para que el propietario de la tierra prefiera tener el arbolado en pie que derribarlo.
Para lo anterior, dijo el legislador, se creó el Fondo Mexicano Ambiental, el que tendrá recursos para pagar ciertos servicios ambientales (agua, clima, biodiversidad). La ley forestal reconoce estos beneficios del bosque, por lo que se dará un pago a quien se inscriba en los programas de protección de áreas verdes. Con ello, se busca alentar a las comunidades rurales y valorizar los productos forestales maderables y no maderables para que se conviertan en un atractivo económico y de rentabilidad. De esta manera, en lugar de sembrar maíz y erosionar las zonas para criar ganado, el bosque representará una oportunidad económica para los pobladores si le dan un manejo adecuado.
La Ley de Responsabilidad Civil por Daño Ambiental, que se encuentra en el Senado para su estudio, fue calificada por el legislador como muy trascendente para la gestión ambiental del país, en virtud de que ahora cualquier persona podrá demandar ante la autoridad la reparación económica del daño ambiental a quien lo haya causado, incluso si se le perjudicó de manera indirecta. Recoge el principio del que contamina paga, para ello se prevé una serie de mecanismos de fianzas y seguros que deberán tener las empresas que se catalogan, en la legislación, como ambientalmente riesgosas, para que puedan enfrentar la situación.
Además se propone la creación por decreto de un fondo de 500 millones de pesos, a cargo de la (Semarnat), para ayudar a responder en materia civil a alguna empresa cuya fianza o seguro no alcance a cubrir el daño. La secretaría tendría que terminar de pagar. En este sentido, señaló Cobo Terrazas, es una legislación que lo que busca es prevenir, no sancionar ni castigar, sino funcionar como incentivo para que las industrias, piensen dos veces antes de deteriorar el ambiente, analicen sus costos y en lugar de pagar grandes montos para reparar, mejor inviertan cantidades manejables en evitarlos.
Finalmente, reconoció que tienen pendientes más de cien expedientes de iniciativas y puntos de acuerdo, entre los que destacan la Ley General de Residuos, y la Ley de Conservación de Suelos.
