Sin tener en cuenta si se privatiza la electricidad o no, en México se generan cerca de 60,000 toneladas de monóxido de carbono (CO), cantidad muy superior a la que producen países como Venezuela, Argentina, Brasil, Cuba o Chile.
Lo anterior se deriva de la alta dependencia que existe de los combustibles fósiles para producir electricidad, ya que más de 75 por ciento se genera a partir de estos combustibles.
Los hidrocarburos representan 67 por ciento del energético utilizado para la generación de electricidad, seguido de 14 por ciento por generación hidráulica, 11 por ciento del carbón, 5 por ciento de la energía nuclear y 3 por ciento de generación geotermoeléctrica.
Según la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (Conae), la reestructuración de los mercados eléctricos debe consistir en una apertura a la competencia, en un desmantelamiento de los monopolios verticalmente integrados, en una integración de generadores pequeños e independientes a la red actual y en elaborar políticas públicas hacia la promoción de energías renovables.
Concretamente, las energías renovables pueden ser una opción muy económica en nuestro país, donde cerca de cinco millones de personas aún no cuentan con servicio eléctrico. En las zonas rurales, al final de la red, se puede garantizar una calidad y servicio eléctrico mediante plantas minihidráulicas y por biomasa. Según la Conae, en las ciudades, donde aumentar la infraestructura de distribución puede ser costoso, se recomienda instalar pequeñas plantas fotovoltaicas.
Aprovechar la experiencia
México es un país que tiene la capacidad de producir equipos metálicos, plásticos y cerámicos y sistemas de medición y control, así como de transmisión y distribución. De igual forma, produce equipos generadores y transmisores y elementos como cajas, soportes, cables, torres, tubos y baterías.
A decir de la Conae, todo esto debe ser aprovechado para desarrollar otras fuentes de generación de electricidad, máxime que el país tiene también una experiencia de 25 años en investigación y proyectos solares, varios laboratorios nacionales e infinidad de instituciones de educación superior dedicadas al tema energético. Habrá que agregar la experiencia acumulada a través de los años en ingeniería para proyectos solares.
La institución destacó que existen desarrollos regionales importantes que están aprovechando la fuerza del viento en Oaxaca, Zacatecas e Hidalgo; proyectos minihidráulicos en Chiapas, Veracruz, Puebla y Tabasco, en tanto que en Michoacán y Guerrero se aprovecha la biomasa.
Según expertos del sector energético, con el uso fotovoltaico se reducen en 25 por ciento los costos (esta medición ocurrió entre 1992 y 1997) y con la fuerza eólica en 50 por ciento. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) destaca que en México existen zonas con alta intensidad de vientos capaces de generar 2,900 megavatios (Mw), las pequeñas plantas hidráulicas tienen un potencial de 3,200 Mw y el uso de biomasa (cañera) 1,000 Mw.
Obstáculos y oportunidades
Uno de los problemas que enfrenta el sector energético, según la Conae, es que los precios de los energéticos no reflejan todos sus costos, ya que no se integran externalidades negativas.
Asimismo, existen altos costos iniciales porque el precio de la energía generada es prácticamente el costo nivelado de la inversión y persiste una volatilidad en los precios, lo cual es una fuente de incertidumbre para tomar decisiones de largo plazo.
La Conae propone dos formas para cubrir el diferencial de costos. Por un lado, que todos paguen, mecanismo que es utilizado en la mayoría de los países que tienen bien definidas sus políticas de fomento hacia las energías renovables. En segundo lugar, se propone crear un mercado de energía verde, mecanismo utilizado de manera complementaria y especialmente en mercados desregulados.
Cuando todos pagan, la Conae considera que las empresas eléctricas deben tener un porcentaje de su generación a partir de las energías renovables, es decir, una integración al costo de la generación, y tener una recuperación por medio de tarifas y pagos posteriores al generador.
La electricidad verde debe operar en mercados desregulados con competencia, el precio verde debe fijarse donde existen monopolios verticalmente integrados y se deben emitir certificados de energía renovable, los cuales se ofrecerían en cualquier mercado, sin límites geográficos.
Inversiones para el aprendizaje
De acuerdo con la Conae, el problema del uso masivo de las energías renovables no es técnico, sino de mecanismos del mercado. Para el organismo, un elemento clave consiste en la elaboración de un marco legal específico que dé seguridad y certidumbre al inversionista y que contribuya a que los proyectos obtengan financiamientos convencionales.
Para que los incentivos sean realmente efectivos, deben basarse en desempeños (energía producida), más que en inversión (capacidad instalada) y no deben ser homogéneos, sino que deben variar de acuerdo con la tecnología. También, se pueden diseñar otros incentivos sin que tengan que ser incluidos en un régimen especial, como deducciones fiscales o depreciación acelerada de activos.
Un régimen especial de incentivos debe guiarse bajo la lógica de «inversiones para el aprendizaje», porque de esta manera las energías renovables pueden ampliar su participación en el mercado. El régimen especial debe reconocer que las energías renovables tienen los siguientes valores: cuidan el medio ambiente, producen una diversificación energética, crean empleos y coadyuvan al desarrollo rural y regional.
A manera de conclusión, la Conae asegura que México puede ganar mucho si se promueve la generación de electricidad a partir de las energías renovables y lo único que se necesita es que ese valor sea socialmente reconocido. Por otra parte, existen mecanismos para obtener fondos internacionales adicionales para los proyectos y como ejemplo están los bonos de carbono, mediante el mecanismo de desarrollo limpio y los certificados intercambiables de energía verde.
Por último, la Conae señala que encuestas realizadas en México muestran que 94 por ciento de los mexicanos está dispuesto a comprar electricidad proveniente de energías renovables, 54 por ciento está de acuerdo en pagar más por dicha electricidad y 70 por ciento es sensible a lo que las empresas hagan a favor del ambiente.
