México requiere de grandes inversiones en plantas de generación eléctrica que garanticen el suministro de este fluido en los próximos diez años, además de cubrir el déficit ya existente. El crecimiento anual de la demanda es de 6 por ciento promedio, lo cual representa un escenario de demanda para fines de la presente década de 30,587 megavatios (mW) adicionales.
El margen de reservas de generación con el que actualmente se cuenta es de aproximadamente 25 por ciento de la capacidad bruta instalada, la cual ronda los 45 mil mW, pero es necesario considerar que de ésta sólo se dispone de 6 por ciento para el futuro consumo, esto significa que el crecimiento promedio de un año agotará la reserva.
De acuerdo con la Secretaría de Energía, el aumento de la demanda será superior al 6 por ciento antes citado, lo que hace necesario obtener los mecanismos y recursos que permitan adicionar a la capacidad de producción actual 30 mil mW y mejorar los sistemas de transmisión y distribución, lo que presupone inversiones por 50 mil millones de dólares en los próximos diez años.
Por supuesto que las inversiones en el sector eléctrico de México no están detenidas y actualmente se están licitando y construyendo centrales de generación de energía que, en suma, adicionarán al sistema 12,054 mW en los próximos tres o cuatro años. Es cierto que se está muy lejos de alcanzar la capacidad requerida para 2009, por lo que habrá que acelerar el paso para que la meta se alcance.
Y es aquí en donde surge la pregunta, ¿qué está pasando realmente con las inversiones en el sector de la energía? Hasta ahora, las discusiones de la tan traída y llevada reforma del sector eléctrico, del que todo mundo habla y pocos realmente entienden, plantea cuestionamientos que ni las autoridades en la materia, ni los principales actores –diputados, senadores, sindicatos, partidos políticos o medios de comunicación– han considerado. No hay semana en que no se hable del tema, unos se oponen terminantemente con el argumento de que no se debe “privatizar”, otros insisten en que si participa la inversión privada las tarifas se dispararán y hay quienes concluyen que es la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con sus propios recursos, la que debe construir la infraestructura eléctrica que el país requiere y, mientras esto se discute, la inversión privada construye plantas en diferentes estados de la República.
Desde 1995, el capital privado –por supuesto extranjero y principalmente europeo– ha participado en la construcción y operación de plantas, como Aes Mérida III (531.5 mW); Fuerza y Energía de Hermosillo (252.7 mW); Central Anáhuac (568.6 mW); Central Saltillo (247 mW); Energía Azteca VIII (597 mW); Electricidad Águila de Tuxpan (535.5 mW); Iberdrola Energía Monterrey (570 mW), además de otras que están en construcción en Campeche, Altamira Nogales y Veracruz.
Entonces, ¿hay participación de la inversión privada o no?
No se entiende el porqué de tanta discusión sobre si el capital privado participa o no, cuando de hecho ya lo está haciendo. En otras palabras, la pregunta debería ser: ¿cómo debe participar?
Actualmente, la participación del inversionista se da, principalmente, vía licitación y bajo la figura de productor independiente de energía (IPP), en la cual se financia, construye, opera y mantiene la central de generación. El total de la energía producida se entrega a la CFE a un precio determinado por kWh, que es con el que ganó la licitación. La Comisión Federal de Electricidad, a su vez, incorpora esa energía a su sistema para cubrir la demanda en una región determinada, o bien, ésta es transmitida mediante el sistema interconectado nacional a otras zonas en donde se requiere. En este caso, la tarifa al usuario final incluye cargos por concepto de transmisión, transformación y distribución.
La construcción de estas plantas, de gran capacidad, es asignada vía licitación, bajo la figura de PPI, una de las varias que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento consideran, pero surgen preguntas como ¿es ésta la manera más conveniente para dotar al país de la energía que necesita? y, ¿la tarifa resultante al usuario final, es la más competitiva?
La ley y su reglamento contemplan otras figuras como el autoabasto, la cogeneración, el pequeño productor, el importador y el exportador de energía. Las dos primeras están
orientadas a promover la construcción y operación de centrales de producción de energía eléctrica que permitan a grandes consumidores o grupos de consumidores que en una región y en conjunto, sumen una fuerte demanda, hacerse autónomos en esta materia, eliminando cargas al sistema de CFE que, a su vez, puede comprar excedentes a este tipo de productores.
En los países desarrollados existe la tendencia de construir centrales de menor capacidad cerca de los puntos en donde se concentra la demanda, a esto se le denomina producción distribuida. Con esto, se busca reducir al máximo cargos por transmisión y transformación, las pérdidas técnicas, las posibilidades de falla, obtener una energía de mayor calidad, tarifas más competitivas al usuario final y alcanzar cierto grado de autonomía, en cuanto a energía eléctrica, en la zona donde se instala la central generadora.
En este tipo de plantas, la inversión total es notablemente menor que en las grandes centrales ya que tienden a ser de capacidades de entre 60 a 120 mW. Normalmente, son ciclos combinados o turbinas a gas y vapor que, en la mayoría de los casos, efectúan la recuperación térmica del proceso de producción de energía eléctrica, la cual se destina a algún otro proceso industrial o de servicio. A esto se le conoce como cogeneración. Una de las grandes ventajas de esta práctica, en términos de costo final de la energía, es que el equilibrio que se obtiene al usar la misma fuente térmica para dos o más procesos, redunda en un costo de la energía eléctrica y los otros fluidos de proceso, como el vapor, sumamente competitivos. En muchas ocasiones el vapor se utiliza para la desalinización de agua, la cual también se vende y genera ingresos a la empresa cogeneradora, pero también se usa en industrias como la textil, papelera o la del hule. Principalmente, es la industria la que obtiene mayores beneficios al invertir en este tipo de plantas, pues adquiere energía eléctrica a costos por debajo de las tarifas que le pueden ofrecer la CFE y Luz y Fuerza del Centro (LFC), además de aprovechar la energía térmica para sus procesos. Por cierto, existen propuestas serias para desarrollar centrales como las antes citadas, en parques industriales ubicados en diferentes estados de la República, lo que significaría para las industrias en ellos instaladas reducir sus costos en materia de energéticos y en consecuencia incrementar su competitividad.
Es importante señalar que una central bien diseñada, esto es, que considera aspectos como la disponibilidad de combustibles en la zona en donde se encuentra la industria, el perfil de su demanda eléctrica, perspectivas de crecimiento y las características de fluidos aplicados al proceso de que se trate, entre otros, le asegura al usuario el suministro de sus insumos energéticos en calidad, cantidad y continuidad. Por otro lado, libera cargas al sistema público, mismas que pueden ser destinadas a otros usuarios.
Existen muchos ejemplos en nuestro país; Pemex es uno de ellos así como la industria siderúrgica, la papelera y la cervecera, por citar algunos. En Monterrey la Planta de Energía del Grupo Industrial (PEGI) data de hace varias décadas.
En México, también existe desde 1995, el marco regulatorio que permite construir este tipo de plantas, las cuales están comprendidas en las figuras de cogeneración y autoabasto. La Comisión Reguladora de Energía ha recibido solicitudes y otorgado títulos de permiso para cogeneración y autoabasto. Sin embargo, las inversiones están llegando a cuentagotas o de plano no llegan.
¿A qué se debe esta situación? En parte, a las expectativas que los planteamientos de reformas al sector han creado. Se ha insinuado que un establecimiento de cogeneración o una sociedad de autoabasto pueden vender excedentes sin límite a la CFE, lo que ha provocado que se presenten solicitudes de título de permiso bajo las figuras de autoabasto y cogeneración para construir y operar centrales de gran capacidad, por arriba de los 250 megavatios, pensando, quienes lo solicitan, en usar sólo la energía requerida para un determinada carga, la mayoría de las veces por debajo de los 100 megavatios y vender la capacidad restante a la CFE. Basta recordar el decreto presidencial que provocó controversia constitucional y fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el año pasado.
Por otro lado, tenemos las propuestas presentadas por los partidos políticos, las cuales se van a los extremos. Unos apoyan la apertura total en el sector y otros plantean dejar las cosas como están, pero en todos los casos, al menos hasta ahora, estas propuestas se plantean sin haber hecho un verdadero análisis del costo beneficio de las mismas y mucho menos con una visión de largo plazo que evidencie una estrategia de crecimiento estable que permita tener una fuente confiable de suministro de energía en todo el país, a costos competitivos y manteniendo las reservas necesarias en todo momento y es claro que tampoco se han considerado las características de demandas sectoriales ni las particularidades de cada entidad federativa o su estacionalidad. En estas propuestas no se establece claramente cuál será el papel de la CFE, ni cómo se regularán las tarifas, ni se dan planteamientos de las políticas que se aplicarán para controlar y regular el costos de los combustibles, ni las correspondientes al eventual uso de la infraestructura de transmisión y transformación de la Comisión Federal de Electricidad.
Sumemos a lo anterior, el hecho de que todas estas discusiones se han subido a los medios de información, los cuales dan un manejo discrecional a la información que obtienen sin el mínimo análisis y así lo entregan a la opinión pública que, sin afán de ofender, del tema no sabe absolutamente nada, ni siquiera cómo se estructura su factura eléctrica.
No podemos obviar, por supuesto, la posición del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), pues éste es uno de los principales contribuyentes de la situación financiera y de rezago tecnológico por el que atraviesa Luz y Fuerza del Centro; basta leer su contrato colectivo de trabajo.
A lo anterior debemos agregar que cada día surgen asociaciones y “expertos en la materia“. Desde comunicadores, que de manera irresponsable vierten opiniones y resuelven, sin ningún fundamento, la problemática, hasta desempleados del sector eléctrico y de otros, que van de aquí para allá proponiendo soluciones impracticables y extravagantes, de manera particular o en representación de otras tantas empresas oportunistas que lo único que buscan es ver a quién le venden equipo, muchas veces obsoleto e inapropiado o bien buscan el contrato de construcción de una central de energía que, lejos de resolver el problema lo convertirán en uno mayor.
No debemos olvidar que, para intensificar la situación, la promoción que el gobierno mexicano ha hecho de esta inminente apertura del sector eléctrico en el extranjero ha generado un ambiente de incertidumbre e incredulidad en los inversionistas serios, que hoy no entienden, ni ellos ni nadie, en qué acabarán estas iniciativas o si realmente existe la voluntad política de dar una solución en materia de autosuficiencia energética a México.
Lo anterior, puede dar una idea de por qué es errático el comportamiento de las tan esperadas y anunciadas inversiones al sector eléctrico.
Es necesario entender y tomar en cuenta, que lo que pasa en México en materia energética es observado con mucha atención por inversionistas de otros países y que cada declaración oficial en referencia al sector eléctrico es analizada con mucho detenimiento y que mientras no se genere un clima de confianza y se les dé la seguridad de que existe una política estable y un marco jurídico definitivo, los recursos no llegarán.
