Preocupado por la quema de gas, propone que el capital privado resuelva el problema
Vestido de verde, con tocado de palmeras y discurso ecologista, el Banco Mundial expresa su “profundo pesar” por la elevada contaminación ambiental que genera una práctica generalizada en los países subdesarrollados productores de petróleo: la quema de gas asociado a la extracción petrolera.
Estima el organismo que si se detuvieran las emisiones de dióxido de carbono derivadas de la quema de gas, con un impacto considerable sobre el cambio climático, se reduciría alrededor de 13 por ciento del total de las emisiones que los países han prometido disminuir en el marco del Protocolo de Kyoto durante el periodo 2008-2012. Sin embargo, en el fondo lo que verdaderamente le preocupa y ocupa es el multimillonario negocio asociado a dicha práctica, y la colocación de capital transnacional en aquellas naciones que “todavía no entienden” que su única alternativa es ceder soberanía energética si quieren ser felices.
De acuerdo con su propia información, anualmente se queman alrededor de 150 mil millones de metros cúbicos de gas natural, volumen equivalente a 30 por ciento del consumo de la Unión Europea y a 25 por ciento de Estados Unidos, y similar a 75 por ciento de las exportaciones rusas de este combustible. Más allá de los efectos contaminantes, sin duda es un negocio que las transnacionales energéticas no pueden desaprovechar.
Para el Banco Mundial, “el éxito y la viabilidad” de los proyectos que se dediquen a la reducción de la quema de gas “depende de que existan las condiciones adecuadas y de factores como incentivos fiscales, inversiones en infraestructura, mercados y reglamentos adecuados, así como voluntad política” para modificar las “obsoletas” legislaciones nacionales, que impiden el libre acceso del capital privado en este sector.
No es casual que el organismo financiero subraye la ubicación geográfica de los grandes “quemadores” en el planeta: más de 80 por ciento de la descarga y quema de gas en el mundo se realiza en menos de 15 países, entre ellos México, Nigeria, Rusia, Irán, Irak, Angola, Qatar, Argelia, Venezuela, Guinea Ecuatorial, Indonesia y Brasil.
Bajo la óptica del Banco Mundial, anualmente cerca de dos billones de dólares se estarían tirando al cesto de la basura por la quema de gas en las naciones tercermundistas que no muestran “voluntad política”, como le llama, para abrir las puertas de par en par a las transnacionales energéticas y, de paso, exentarlas fiscalmente.
El reporte de negocios del Banco Mundial, con disfraz ecológico, señala que tradicionalmente se ha considerado la quema de gas natural como una manera efectiva y segura de eliminar excedentes de dicho combustible derivado de la producción de petróleo, “pero esta práctica contribuye a las emisiones de gas de efecto de invernadero y también resulta en la pérdida de un valioso recurso energético”.
África es un ejemplo de esta pérdida. El gas que se quema en este continente (40 mil millones de metros cúbicos cada año) podría utilizarse para generar energía en las eficientes plantas generadoras modernas y duplicar la producción de energía de África al sur del Sahara. Para ello, desde luego, “es necesaria la alianza público-privada que lanzó el Banco Mundial en agosto de 2002 con el objetivo de asistir a gobiernos y empresas en sus esfuerzos por reducir la cantidad de gas quemado en el mundo; reducir la quema de gas exige un esfuerzo concertado y mundial de parte de los gobiernos y de la industria, así como de las instituciones financieras y las comunidades locales”.
Bolivia es un caso concreto, actual y cercano del “esfuerzo” promovido por el Banco Mundial, un país en donde las transnacionales se quedaron con todo, mientras los bolivianos, encuerados, tenían que estar felices porque ya existía infraestructura energética y empresas, fiscalmente exentas, que comercializarán “sus” reservas hidrocarburíferas.
Los 150 mil millones de metros cúbicos de gas que se queman anualmente tienen un impacto considerable sobre el cambio climático, pero el Banco Mundial ya localizó los “principales obstáculos”: falta de infraestructura, mercados disponibles para este gas y problemas contractuales relacionados con la utilización del gas, porque “los contratos de explotación antiguos normalmente no especifican quién es el propietario del gas y quién puede aprovecharlo”.
Entonces, “nosotros trabajamos con la industria y con los gobiernos para facilitar inversiones en este tipo de infraestructura; hay que facilitar las inversiones y buscar a empresas privadas que se hagan cargo de ellas”.
Dos billones de dólares (dos millones de millones) bien valen la pena, en aras de preservar el medio ambiente de los negocios.
Fuente: La Jornada
