Los subsidios energéticos generalizados deben ser eliminados progresivamente y sustituidos por apoyos focalizados a grupos de bajos ingresos y políticas de Estado que promuevan energías renovables
Teorema Ambiental/Redacción
El World Resources Institute (WRI) México, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y la Iniciativa Climática de México (ICM) convocaron por quinta ocasión a representantes de distintos medios de comunicación a comentar la importancia de crear una política de Estado congruente y ambiciosa en materia de cambio climático y energía para la siguiente administración federal.
Durante esta sesión, los expertos de las tres organizaciones profundizaron en la necesidad de trabajar en las políticas tributarias, la reducción de los subsidios que promueven comportamientos contaminantes y del uso de instrumentos de mercado disponibles para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del cambio climático, de manera costo-efectiva y reconociendo las externalidades ambientales que producen algunas actividades económicas y de explotación de recursos.
Sin embargo, de acuerdo con los expertos, el impuesto al carbono en los combustibles fósiles ha tenido un impacto muy limitado por tres razones principales:
1. No refleja de manera acertada el verdadero costo de la degradación ambiental y los efectos en la salud por el uso de combustibles fósiles. El impuesto actual (70 pesos por tonelada, en promedio) no ha logrado modificar el comportamiento de la sociedad (la demanda por combustibles).
2. El impuesto al carbono omite al gas natural y desvirtúa dicha política. “Lo que se pensó como una medida para la transición hacia fuentes menos contaminantes (el uso de gas) para la generación de energía, se está convirtiendo en la principal fuente de emisiones de la matriz energética de México”, dijo Carlos Tornel, coordinador de programas de ICM.
Lo anterior es particularmente preocupante cuando México se vuelve cada vez más dependiente del gas importado de Estados Unidos (actualmente, el 62 por ciento del gas natural es importado de EEUU). En este sentido, es necesario revisar el diseño del impuesto para incluir el costo de las emisiones que provienen del gas natural y desincentivar su uso.
3. Falta de transparencia: El impuesto al carbono presenta un serio problema para identificar en qué programas, acciones y proyectos se invierten estos recursos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el impuesto recaudó 17 mil millones de pesos tan solo entre 2014 y 2015.
Sin embargo, hasta la fecha no se sabe en qué se han invertido estos recursos y bajo qué criterios (por ejemplo, si los recursos se invierten en proyectos o programas que contribuyen a la reducción de emisiones de GEI), debido en gran medida a la caída de los precios internacionales del petróleo y al declive de la producción petrolera después de la reforma energética.
Debido a una inexistente estrategia para mitigar los impactos de la liberalización de los precios de las gasolinas, el gobierno federal ha comenzado a subsidiar de manera indirecta los combustibles, eliminando por completo las capacidades recaudatorias del impuesto. En este sentido, es importante reconocer que la liberalización de los precios de los combustibles era una medida acertada en los últimos dos gobiernos de la administración federal, sin embargo, no ha implementado una política distributiva de los ingresos recaudados.
Entre 2012 y 2016 el subsidio a los combustibles fósiles era de cerca del 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el impuesto de 1.5 por ciento. Durante ese mismo periodo, el precio de la gasolina se incrementó en un 43 por ciento. Esta diferencia permitió alcanzar una recaudación tributaria adicional del orden del 4 por ciento del PIB en el año 2016.
“Aunque es cierto que el subsidio beneficiaba a los hogares que menos necesitaban del subsidio, la eliminación del subsidio sin un adecuado programa de compensación para quienes sí lo necesitan ha afectado de manera desproporcionada a los hogares más pobres”, dijo Manuel Molano, director general adjunto del Imco.
De haber invertido los ingresos recaudados en programas que beneficien a quienes más lo necesiten, el gobierno federal podría haber reducido la pobreza extrema en el orden del 40 por ciento, sin embargo, el mal ejercicio del gasto público ha limitado la transición de un modelo de subsidios a un modelo de mal ejercicio del gasto público.
Por ello, es fundamental que la siguiente administración asegure una continuidad a las políticas de liberalización de los combustibles fósiles, siempre y cuando asegure la reinversión del gasto público en programas que beneficien a quienes más se ven afectados por la elevación de los precios.
Finalmente, se abordó el tema del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE), el cual se ha convertido en una obligación para el país después de la reciente reforma al artículo 94 de la Ley General de Cambio Climático (LGCC), la cual establece que este debe convertirse en un instrumento obligatorio después de un piloto de 36 meses que a su vez debe comenzar este año.
