Energía

La reforma eléctrica más allá del debate coyuntural

Las inversiones correspondientes a un crecimiento económico de 7 por ciento anual a diez años superan los 75 mil millones de dólares. En realidad, el sector eléctrico crece un poco más aceleradamente que el económico por cuestiones inherentes a la industria, ya que su elasticidad es de al menos uno y si el crecimiento del suministro de electricidad es menor al crecimiento económico, entonces lo que se está haciendo es utilizar la capacidad de reserva del sistema y esencialmente se está hipotecando el futuro.

A estas cantidades de inversión en el sector eléctrico habría que sumarle las necesarias propias del suministro de combustibles, sencillamente para poder generar energía eléctrica.

El sector eléctrico es uno de no menos de nueve factores de infraestructura en que el país debe invertir si quiere alcanzar el desarrollo económico; los otros factores corresponden a las inversiones en combustibles, aeropuertos, puertos marítimos, ferrocarriles, telecomunicaciones, salud, vivienda y educación.

Si fallamos en la planeación y desarrollo de los otros factores nuestra parte de la tarea estará incompleta y no podremos alcanzar el crecimiento económico esperado.

Desde luego, éstos no son más que aquellos factores de la economía en los que podemos tener incidencia y faltarían aquellos determinantes exógenos como la bonanza de otras economías, en particular la de Estados Unidos. Si bien un contexto internacional favorable a nuestras condiciones de crecimiento está fuera de alcance de acción, debemos concentrarnos en lograr aquellas condiciones que dependen de nosotros.

Así, si no invertimos 56 mil millones de dólares, tal como indica Elías Ayub, estará garantizado que no creceremos la economía a 4.5 por ciento anual y si no invertimos 75 mil millones de dólares en los próximos diez años no creceremos al 7 por ciento que el presidente Vicente Fox ofrecía. Reitero, el crecimiento eléctrico es una condición necesaria, pero no suficiente.

Dada la estrecha relación que existe entre el crecimiento económico y el crecimiento eléctrico queda claro que no deberíamos discutir si es necesario o no invertir, el punto central de la discusión es cómo hacemos para invertir y es en el monto de inversión requerida para el país en donde están las discusiones sustantivas respecto al rumbo que debe tomar la iniciativa de reforma eléctrica.

Debatir sobre las formas de organización del sector eléctrico y los modelos aplicados en otras partes del mundo es supeditar a aspectos coyunturales el éxito o fracaso de una reforma que debe ser objetiva en su planteamiento de cómo resolver las opciones reales de inversión para los próximos diez años y más allá.

De hecho, el dictamen negativo que hicieron PRI, PRD y PVEM sobre las iniciativas de reforma constitucional para la reorganización del sector eléctrico siguen esas dos líneas de argumentación: discuten sobre las necesidades de inversión y también sobre el modelo que plantea la propuesta de reforma del presidente Zedillo, de 1999; la de PAN y PVEM, ambas de 2001.

En la primera línea de argumentación las comisiones encargadas del dictamen expusieron que la inversión necesaria no rebasa los 20 mil millones de dólares, y sitúan, guiados por un espíritu determinista, que la economía mexicana no crecerá más allá de un 3.8 por ciento anual en los próximos diez años.

Esta previsión fatalista equivale implícitamente a que, según los legisladores firmantes de dicho documento, sin más remedio, la economía mexicana tardará 19 años en duplicar su tamaño; si al 3.8 por ciento determinado por los legisladores le disminuimos 1.3 por ciento de crecimiento demográfico y 1 por ciento de inflación anual en dólares, índices bastante favorables, el crecimiento real del poder adquisitivo de los mexicanos que proyectan estas comisiones se duplica hasta dentro de 66 años.

¿Aceptarían los partidos políticos de los miembros de dichas comisiones asumir, como suyas, políticas económicas como éstas? ¿Quién de ellos saldrá a decirle a los 53 millones de pobres de este país que en aras de sostener posiciones nostálgicas y mediante el uso populista y fácil de términos como la defensa de la soberanía, el bienestar no les llegará ni a ellos ni a la generación que les siga? Lacerante es lo menos que se me ocurre para describirlo.

Sea por sostener una posición ideológica o por ignorancia del impacto que tiene su presunción, pero el hecho es que permanecer pasivos ante la posibilidad de un futuro como el que nos anticipan los legisladores es inaceptable.

No podemos permitir que los responsables de definir y estructurar políticas públicas se manifiesten insensibles a la urgente e impostergable necesidad de abatir los niveles de pobreza del país. La reforma eléctrica que presentó el presidente Fox es distinta que su antecesora zedillista y no se relaciona con las que se hicieron en Chile, Argentina o el Reino Unido, todas ellas exitosas, o la de California y su fracaso.

La propuesta de Fox, ligera como es, vuelve explícita la operación del sistema, sin modificarla, no altera las condiciones de operación, asigna responsabilidades específicas a los segmentos de negocio del sistema eléctrico y propone la existencia de mecanismos para el ajuste de desbalances entre la oferta y la demanda.

Actualmente, el único autorizado para resolver estas necesidades de inversión en el sector eléctrico es el Estado ya que la Constitución define que se trata de actividades exclusivas de él.

Sin embargo, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992 encontró una salida legal para permitir la coexistencia de la inversión privada y la pública en el sector eléctrico.

Ahora esta ley ha sido claramente cuestionada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una sugerencia de revisión de la «amplia permisividad» de la misma respecto a la participación privada en el sector eléctrico. Por cierto, las comisiones relevantes al caso dentro del Congreso de la Unión no han respondido todavía a la Suprema Corte sobre el tema. Esto significaría la eliminación de un limbo legal en el que se encuentra la inversión; y significaría, en mi opinión, un elemento de cortesía entre dos de los poderes de la Unión. Cualquier intento de reforma eléctrica debe superar algunas preocupaciones iniciales como la viabilidad de una auténtica economía de gestión en las empresas estatales; ya algunos legisladores cuestionan la posibilidad de una separación de cualquier tipo de la CFE del presupuesto gubernamental sin crear un agujero al erario.

Otros factores serían la asimilación del pasivo laboral de la CFE; es claro que los fondos para el mismo fueron generados por la operación en su momento, pero fueron usados para el gasto corriente del país.

¿Quién lo asume ahora? Como empresa autónoma los fondos debieran existir en las arcas de CFE, aunque sea en el nivel de un cálculo actuarial. Si el gobierno federal asume su responsabilidad probablemente tendría que volverse en un deudor de la CFE por un monto igual al del pasivo. Esta situación es esencialmente la contracción de deuda, debe ser aprobada por el Congreso, y en efecto representa un lastre más al presupuesto anual de la federación.

Lo que debemos tener muy claro es que hemos iniciado, aun con el debate, un periodo de transición y tenemos que asegurarnos de que nos lleve hacia delante en mejores condiciones. Me refiero a un periodo de transición hacia la autonomía de gestión del sector eléctrico, esta transición tendrá que ser gradual y como tal, no representa una solución inmediata a la reorganización del sector eléctrico.

En realidad solamente es uno de los mecanismos para que en el futuro tengamos un sector fortalecido. Fundamental en el desarrollo de la alternativa que se escoja será la claridad en la transferencia de información contable al Centro Nacional de Control Eléctrico. La disposición y asignación de los costos hundidos serán claves para que, eventualmente, hubiera un régimen competitivo real. Tiene que existir credibilidad en la información del sector eléctrico y el mecanismo de fijación de precios, cuánto cuesta la generación por planta y el porteo.

Para alistar a la CFE a un esquema de competencia real, otro aspecto que deberá anteceder es la inversión en transmisión y distribución para robustecer el mallado, además de la inversión para sustituir la capacidad obsoleta de la misma. Dado el mecanismo de fijación de tarifas por metodología del costo marginal, las inversiones en modernización podrían ser financiadas con cargo a los subsidios futuros que se evitarían. Esto como beneficio inmediato de sacar de operación las plantas más obsoletas sustituyéndolas por nuevas.

Con esto se pone un remedio justo a los subsidios al eliminarlos de las cuentas de CFE mediante el incremento de su eficiencia, y no pasándolos al usuario final como se hizo a principios de este año.

Todavía queda pendiente la asignación de una reforma al sector de los energéticos, pero eso es un capítulo digno de análisis por sí mismo y debiera ser tratado como un área de oportunidad a la que habrá que prestarle atención si hemos de poder beneficiar a los usuarios residenciales e industriales en el corto plazo.

La necesidad de una reforma eléctrica se nos presenta como una de las condiciones inmediatas para el crecimiento económico de México, pero además, es una oportunidad de establecer mejores reglas y mecanismos para que el Estado desempeñe su papel de rector de la industria, CFE se fortalezca y la iniciativa privada invierta.

El eje de las discusiones es que el sector eléctrico se convierta en un propulsor de la economía nacional, eficiente en toda la extensión.

Suscribete al Boletin

PAÍSES QUE NOS ESTÁN VIENDO