Contratos “leoninos”, despojo de tierras ejidales, “engaño” hacia los pobladores y amenazas contra quienes se niegan a ceder sus propiedades en el istmo de Tehuantepec, son las constantes en la planta eólica La Venta II, concesionado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a las transnacionales españolas Gamesa Eólica e Iberdrola Ingeniería.
Así lo denunciaron integrantes del Frente del Pueblo del Istmo en Defensa de la Tierra, conformado por 15 pueblos de esa entidad; el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Antonio Almazán, y Claudia Sheinbaum, secretaria de Patrimonio Nacional del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador.
Aunado a ello, legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) han presentado un recurso de inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por “irregularidades” en las licitaciones para el proyecto La Venta III, también en Oaxaca. La principal de éstas es la violación a la Carta Magna por la cesión a esas empresas extranjeras y nacionales del aprovechamiento y explotación de recursos propiedad de la nación.
“La inconsistencia del proyecto de La Venta III y de otros similares en el istmo de Tehuantepec es que la energía será para beneficiar a empresas privadas, en diversas regiones del país, no a la población de Oaxaca, pese a ser un servicio público que no puede venderse a usuarios finales. Y lo más grave, es que esto se hace con el despojo de tierras a ejidatarios, en perjuicio de la población más pobre”, destacó Sheinbaum.
Almazán dijo que esos proyectos concesionados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) violan el párrafo cuarto del Artículo 28 Constitucional, y el sexto del 27; en ese último artículo se asienta que en materia de servicio público y energía eléctrica existe exclusividad de la nación para aprovechamiento y explotación.
El diputado agregó: “acudiremos a la Corte, la cual ya emitió una jurisprudencia en la que establece una controversia constitucional, pues la ley secundaria en la materia —emitida en el gobierno de Carlos Salinas y en la que se aprueban las concesiones a particulares— no puede estar por encima de la Constitución”.
Sheinbaum narró los antecedentes del conflicto que inició cuando se establecieron contratos de usufructo con ejidatarios de la zona, en 2004, con una “enorme cantidad de irregularidades y de injusticias”.
Cabe destacar que el 29 de marzo pasado se inauguró la Central Eólica La Venta II, con 98 aerogeneradores y una capacidad total de 83.3 megavatios. La central fue contratada por CFE y construida por las transnacionales referidas y Consultoría México.
Entre las irregularidades se mencionó “la falta de información a los propietarios de las tierras, amenazas y hostigamiento, simulación de asambleas, firmas falsas, además que no se les ha dado copia de los contratos a los propietarios de tierras”.
Del pago por usufructo de tierras, se da a los ejidatarios 1,500 pesos por hectárea al año, pese a que a escala internacional se otorga 2.5 por ciento de los ingresos por generación de energía. Esto, dijeron, se realiza por medio del gobierno de Oaxaca, la Procuraduría Agraria y la CFE.
Del cuestionamiento a la licitación del proyecto La Venta III, responde a que se hizo en la modalidad de productores independientes, es decir, privados. Incluso, la Comisión Reguladora de Energía ya otorgó permisos de autoabastecimiento a las empresas Vientos del Istmo y Eoliatec del Istmo, para generar energía eólica y venderla directamente a usuarios finales.
Fuente: La Jornada
