La planificación y gestión deben reconocer los vínculos entre naturaleza y desarrollo urbano y realizar acciones para disminuir los riesgos de pérdida de biodiversidad
Teorema Ambiental/Redacción
Ciudad de México, 1 de septiembre de 2020.— La transición urbano-ambiental propuesta por el gobierno de México busca que los habitantes de las ciudades gocen de un entorno sano, un nivel de vida adecuado y sin discriminación.
Las vías de acción para concretar lo anterior son: control de emisiones a la atmósfera; transporte accesible, asequible, regulado y limpio; gestión adecuada tanto de los residuos sólidos urbanos como de los peligrosos generados por la industria, así como innovación tecnológica sustentable en procesos productivos y promoción de patrones de producción y consumo sustentables, entre otras.
La agenda urbano-ambiental, diseñada por las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) mediante un convenio de colaboración firmado en 2019, destaca siete ejes sustantivos: gobernanza urbano-ambiental; movilidad urbana sostenible; infraestructura verde sustentable; edificación y vivienda sustentable; calidad ambiental urbana; regulación integral del territorio, y biodiversidad y servicios ecosistémicos.
La planificación y gestión del territorio deben reconocer los vínculos entre naturaleza y desarrollo urbano y llevar a cabo acciones para disminuir los riesgos de pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos que ocurren en estos espacios, lo que no siempre se toma en cuenta.
Uno de los mayores retos en el ámbito mundial es el crecimiento poblacional y la concentración urbana. Actualmente, ocho de cada diez mexicanos viven en ciudades, lo que deriva en problemáticas socioambientales debido a la creciente demanda de servicios y presión a los ecosistemas. Se estima que las urbes son responsables del 70 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento del planeta.
La agenda urbano-ambiental requiere la participación activa de todos los actores sociales y de los tres órdenes de gobierno, porque algunas atribuciones de la misma corresponden a estados y municipios, como es el manejo de los residuos sólidos urbanos.
Recientemente, la Secretaría de Medio Ambiente publicó el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos (DBGIR) 2020, estudio que describe la situación de nuestro país en la materia a escala nacional. Incluye datos relevantes sobre la generación de residuos que deberán ser considerados por los gobiernos federal, estatales y municipales para desarrollar una gestión adecuada de las políticas públicas.
Así, la prevención y minimización de los residuos tienen como objetivo central el bienestar social y la reducción de la desigualdad, como lo marca la visión de gobierno, por lo que, basados en un modelo de negocio sustentable y de economía circular, la gestión integral de los desechos considera las siguientes cinco acciones: 1. Mejora de servicios; 2. Valorización material y energética; 3. Inspección y vigilancia; 4. Creación de organismos operadores, y 5. Generación de cadenas productivas para el aprovechamiento.
Los Centros Ciudadanos para la Sustentabilidad, cuya apertura anunció recientemente la dependencia federal ambiental en tres entidades del país, contribuirán también de manera importante a motivar la participación de las personas en acciones que les permitan desarrollar su capacidad de resiliencia ambiental y sanitaria y vincularse en su día a día con la naturaleza.
