Desarrollo Urbano

Crecen tala e invasión en suelo de conservación de CDMX, pese a COVID-19

La tala se está realizando para crecimiento de los asentamientos humanos, explicó Columba López, titular de la Corena

Teorema Ambiental/Redacción

Ciudad de México, 9 de junio de 2020.— Durante la contingencia sanitaria por el COVID-19 se ha incrementado la tala ilegal y la invasión de zonas naturales protegidas en la Ciudad de México, por lo que las autoridades capitalinas han iniciado siete carpetas de investigación y una persona fue detenida por presuntos delitos contra el medio ambiente.

En los pasados dos meses y medio las brigadas comunitarias debieron pausar sus labores a causa de la pandemia, por lo que se reiniciaron la tala y la invasión de estos espacios, principalmente en San Salvador Cuauhtenco y San Francisco Tlalnepantla, en Milpa Alta; la zona del Ajusco, en Tlalpan, y recientemente en Magdalena Atlitic, en Magdalena Contreras.

“Estábamos trabajando muy duro; hicimos dos recuperaciones de suelo de conservación, que fueron Zorros y Tempiluli, pero lo que pasó es que las brigadas, por resguardar su integridad, no todos continuaron con sus actividades y sobre todo la población vulnerable se tuvo que quedar en su casa. Entonces, en estos días de pandemia sí se incrementó, aunque ya con la nueva normalidad regresamos a trabajar con más fuerza.”

Mientras que la tala se está realizando para crecimiento de los asentamientos humanos, explicó Columba López, titular de la Comisión de Recursos Naturales (Corena).

Por la carretera Picacho-Ajusco, en Tlalpan, se aprecian ambas problemáticas: en el paraje Resumideros, que se encuentra a tan solo unos kilómetros del Centro de Cultura Ambiental Ecoguardas, se reactivó una invasión del terreno, donde se ha comenzado la construcción de caminos y casitas de lámina.

Mientras que decenas de personas continuaban el levantamiento de una barda de piedra perimetral. De acuerdo con testimonios de quienes solicitaron el anonimato, cada persona que quisiera habitar en el paraje debe pagar 15 mil pesos a líderes que se dedican a invadir, así como participar en manifestaciones y/o bloqueos.

Sobre la misma carretera, rumbo a la zona del Pico del Águila, se visualizan centenas de troncos talados, principalmente de oyamel y pino.

Las autoridades han registrado entre 45 y 50 hectáreas de terreno que han sido afectadas por la tala clandestina. En cuanto a la invasión de terrenos, la Corena cuantifica la superficie impactada.

Sin embargo, las invasiones y la deforestación provocan la pérdida de hábitat de millones de especies y afectación a la calidad del suelo. En la Ciudad de México, se estima que diariamente se pierde una hectárea de suelo de conservación por deforestación, asentamientos irregulares y tala ilegal.

Mientras que la Fiscalía capitalina informó que en lo que va del año solo se tiene una persona detenida por el caso registrado el 28 de mayo en la zona boscosa de San Miguel Ajusco, quien pretendía cargar una camioneta de tres y media toneladas con diez troncos recién cortados.

La titular de Corena reprochó que la legislación sea laxa, pues la tala ilegal es considerada delito no grave.

“Nosotros hemos logrado varias detenciones y nunca hay elementos para fincarles responsabilidad; por cualquier temita los dejan libres. Por ejemplo, el año pasado logramos una detención en Santa Ana Tlacotenco; estuvieron menos de cuatro meses (en prisión) y salieron para reincidir. No saben qué esfuerzo hicimos para lograr detenerlos”, lamentó la funcionaria.

Mientras que diputados en el Congreso local sostuvieron que el problema no es la ley, sino su aplicación, pues, en su opinión, las autoridades deben integrar correctamente las carpetas de investigación, ya que el delito posee varias agravantes cuando ocurre en áreas naturales protegidas, de valor ambiental o en suelo de conservación.

No se trata de detenerlos, encerrarlos y ya, se necesita capacitar a la gente que se dedica a cuidar nuestros bosques y capacitación adecuada del conocimiento de la ley, dijo Jorge Gaviño, diputado de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

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