La dependencia federal indicó que sostuvo 3 reuniones en la comunidad de Bacanuchi para atender el mandato de la SCJN y Profepa llevó a cabo la inspección que solicitó la comunidad
Teorema Ambiental/Redacción
Ciudad de México, 5 de agosto de 2020.— La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que mantiene la atención al reclamo de los ciudadanos por el derrame de más de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi por la minera Grupo México.
Luego de seis años del derrame hay acciones que aún no se han realizado y persiste la incertidumbre y la zozobra entre los habitantes de los municipios afectados, por lo que la Semarnat reafirmó su compromiso de fomentar un diálogo claro con los pobladores, las autoridades locales, el gobierno de Sonora y el Grupo México.
Entre los avances para atender estas demandas, la dependencia federal explicó que desde 2019 ha mantenido el diálogo con las comunidades, con los tres niveles de gobierno, el sector académico y Grupo México para recuperar la confianza, tras años de promesas incumplidas.
En lo que se refiere a los amparos promovidos por 36 personas, respecto al manejo del fideicomiso creado para solucionar los daños, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que espera una resolución judicial, por lo que el organismo se concentró en la elaboración de una plataforma que ayudaría a agilizar los procedimientos.
“La plataforma incluye los datos de las personas beneficiadas y las cantidades totales que se erogaron, las cuales se refleja que fueron inferiores a las inicialmente señaladas y que la suma entregada no cubre los dos mil millones comprometidos por la empresa. Esta base de datos permitirá cotejar la información con la que presenta Grupo México”, informó la Profepa.
Con respecto al derrame, la Profepa realizó una visita del 5 al 9 de agosto del año pasado para supervisar la contaminación de los suelos y concluyó que se rebasaron límites relativos a la presencia de metales, por lo cual se notificó a la minera el 9 de diciembre de 2019 para que realizara diversas medidas de remediación en el sitio y del posible daño causado con un plazo de vencimiento al 20 de julio de este año.
Sin embargo, por la contingencia sanitaria por el covid-19, se suspendieron los términos y plazos, en los procedimientos administrativos. La empresa debe cumplir con la totalidad de las medidas ordenadas a más tardar en el mes de octubre.
En lo que se refiere al proyecto “Nueva Presa de Jales”, en cumplimiento al mandato de la SCJN y a lo establecido por el Juzgado Noveno de Agua Prieta sobre la restitución del derecho a la información sobre este proyecto del Grupo México, la Semarnat realizó tres reuniones en la plaza pública de Bacanuchi, los días 5 de junio y 6 de septiembre de 2019 y el 25 de enero del presente año, con la participación de más de 300 personas.
Entre los asistentes se encontraron quienes recibieron el amparo, población de la propia comunidad y representantes de comités de los municipios de la cuenca del río Sonora.
Como resultado, se les otorgó información amplia sobre el análisis técnico y la normativa para otorgar la autorización, también se retomaron las propuestas de la comunidad para ampliar las medidas de mitigación y compensación con el fin de garantizar mejores condiciones de seguridad a la comunidad y de protección a la flora y fauna nativa.
El acta circunstanciada fue entregada al Juzgado Noveno de Distrito para su valoración y se espera su resolución, indicó la Semarnat.
La comunidad también solicitó que la Profepa realizara una inspección para verificar el cumplimiento de las condicionantes establecidas en la autorización del Informe Preventivo y que la Conagua presentara un informe sobre los pozos concesionados en la zona y la calidad del agua, las cuales fueron atendidas debidamente, de acuerdo con la dependencia federal.
En la inspección realizada entre el 19 al 23 de agosto de 2019 se observaron presuntas irregularidades, principalmente, la falta de información relativa a la obra y de la realización de diversas acciones, las cuales se hicieron del conocimiento de la empresa.
Finalmente, con respecto al derrame de ácido sulfúrico, ocurrido el 9 de julio de 2019, que motivó la clausura parcial de la empresa Mexicana de Cobre, SA de CV, y ante lo cual interpuso un amparo, la Profepa informó que el juicio no se ha resuelto porque se encuentra pendiente el desahogo de pruebas periciales de ingeniería civil y topografía.
