MÉXICO, DF.— El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) revocó la reserva que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) estableció por cuatro años al expediente de los niños contaminados por plomo en Torreón, Coahuila. leer más
Al resolver el recurso número 721/07, la comisionada María Marván Laborde consideró que era inadecuado mantener cuatro años reservado el expediente sobre las medidas correctivas que se ordenaron a la empresa Met-Mex Peñoles, causante de la contaminación.
La comisionada encontró, al analizar el caso, que contrario a lo dicho por la Profepa el expediente ya está cerrado a pesar de que constantemente evalúan las medidas que la empresa realiza para aminorar el daño ambiental.
En la respuesta a la petición de un ciudadano que solicitó “el expediente completo sobre el caso de la empresa Met-Mex Peñoles”, incluyendo los programas, sanciones y seguimiento general, la Profepa argumentó que como continúan las revisiones el expediente está abierto y en curso, por tanto no se podía dar a conocer.
No obstante, la comisionada señaló que la dependencia argumentó lo anterior con base en el oficio número 3350/Coah, pero al mismo tiempo ese oficio forma parte del dictamen final sobre el caso que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2004.
En ese sentido, a pesar de que las revisiones continúan hasta la fecha como parte de un programa general de seguimiento al caso, no se puede considerar como un expediente abierto y, por tanto, no procede la reserva.
Debido a lo anterior, Marván Laborde propuso revocar la reserva y darle al ciudadano acceso a toda la información, aunque anotó que previamente la dependencia tiene que hacer un cálculo de cuánto costarán las copias contenidas en las 10 cajas de que consta el expediente, porque seguramente resultará muy caro.
Sin embargo, antes de aprobar por unanimidad la resolución, el comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio, recomendó que en el documento se establezca la obligación de reservar los datos específicos de los niños enfermos con base en las restricciones que indica la Ley de Transparencia.
Ello pese a que en términos generales sí se puede dar a conocer la evaluación médica de los daños a la salud provocados por la minera en la comunidad donde ésta opera, aunque cuidando siempre de que no se personalice respecto de algún individuo en particular.
Fuente: Notimex
