La salud de las comunidades está en riesgo debido a la creciente deforestación y al uso en la siembra de sustancias tóxicas
Washington, Estados Unidos.— Diversas organizaciones y comunidades apicultoras denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el pasado mes de julio, que la siembra de soya transgénica en los estados de Campeche y Yucatán, México, está afectando la vida y el medio ambiente de las comunidades mayas.
El modo de vida y la salud de las personas afectadas —entre ellas niños y niñas, mujeres gestantes y adultos mayores— están en riesgo creciente debido a la deforestación y al uso en la siembra de sustancias tóxicas, afirmaron mediante comunicado la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Greenpeace México; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, AC (Indignación), y la Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, AC.
Las organizaciones solicitaron que la CIDH otorgue medidas cautelares para que el Estado mexicano implemente acciones para proteger los derechos de las comunidades y suspenda de forma efectiva la siembra de soya genéticamente modificada en Campeche y Yucatán.
“La implementación del proyecto para la siembra de soya transgénica en el territorio maya atenta contra nuestros derechos y cultura, que son la herencia ancestral de nuestros abuelos. Hemos visto que con la siembra de esta soya se han perdido plantas medicinales, árboles vitales para las abejas, animales e incluso se han destruido sitios arqueológicos (…)”, señaló Leydy Pech, representante de las comunidades mayas.
“El Estado mexicano tenía la obligación de aplicar el principio precautorio y tener en cuenta los riesgos para la salud que conllevaba el uso del herbicida glifosato y la siembra de soya transgénica. Al no hacerlo, incumplió su deber de prevenir violaciones a los derechos de las comunidades mayas, quienes actualmente están expuestas a dicho herbicida a través de la siembra y la contaminación de sus fuentes de agua”, señaló María José Veramendi, abogada de AIDA.
Las comunidades mayas afectadas habitan los municipios de Hopelchén, en el estado de Campeche, y de Mérida, Tekax y Teabo, en el estado de Yucatán, sin embargo vale la pena resaltar que el permiso de soya afecta a más comunidades y municipios de siete estados de la República. Las comunidades no fueron consultadas ni se obtuvo su consentimiento libre, previo e informado antes de que el Estado mexicano otorgara permisos para la siembra de soya genéticamente modificada en su territorio. Además, dicha siembra ha afectado gravemente al cultivo de abejas para la obtención de miel, práctica histórica y tradicional de la zona, y una de las fuentes principales de sustento para las comunidades.
Asimismo, las organizaciones interpusieron una petición en la que denuncian violaciones a los derechos al territorio y a la propiedad comunal, a la vida y a la integridad personal, al medio ambiente sano, al trabajo y a la protección judicial y acceso a la justicia. Según las organizaciones, pese a las denuncias realizadas y las acciones judiciales interpuestas, el Estado no ha adoptado medidas efectivas para salvaguardar los derechos de las y los afectados.
Francisco Xavier Martínez Esponda, representante legal por parte de Cemda señaló “que si bien las comunidades mayas obtuvieron una sentencia favorable de la Segunda Sala de la Suprema Corte en noviembre del año pasado, lo cierto es que ese fallo no resolvió sobre todos los derechos humanos violados”.
Fuente: Cemda, imagen
