Existe una falta de información acerca de las experiencias de otras empresas y otros países en la reducción de residuos peligrosos, que rompen el mito de que la reducción de residuos significa un mayor costo y pérdida en la productividad, cuando en muchas ocasiones representan ahorros reales y oportunidades de una mayor competitividad.
La ausencia de un programa activo que estimule la cooperación e intercambio técnico y científico amplio con los gobiernos y los institutos para formar recursos humanos propios en la evaluación y programación de reducción de residuos peligrosos.
La falta de información y educación al público y las comunidades respecto a los riesgos que corren su salud y su ambiente por la exposición a residuos peligrosos emitidos, limita la participación ciudadana que desempeña el papel de palanca social para acelerar los cambios hacia formas de producción más limpias y hacia una política más preventiva. Muchas veces es cuando ocurren los accidentes en las empresas o en el transporte de alguna sustancia, que las comunidades se enteran del peligro que estaban corriendo y se movilizan para remediar la situación.
Experiencias y alternativas para una producción más limpia
Los cuatro componentes de una estrategia de reducción del uso de tóxicos y de promoción de formas de producción limpia son:
a) El principio precautorio. Pone la carga de la prueba sobre el contaminador potencial para que demuestre que tal sustancia, actividad o residuo no causa ningún daño ambiental o a la salud pública, en vez de que las comunidades o las víctimas sean las que tengan que probar el daño, como ocurre actualmente.
b) El principio preventivo. La política preventiva debe reemplazar la política de control, las soluciones al problema deben priorizar los cambios en la fuente donde se generan los residuos, modificando el proceso, sustituyendo insumos, cambiando el diseño, etcétera.
c) La participación y el control democrático. Implica que los diversos sectores involucrados tengan una posibilidad real de participación: comunidades, trabajadores y consumidores son sectores que se ven afectados por procesos, productos y residuos industriales peligrosos contaminantes. Esto significa el reconocimiento y la ampliación de los derechos democráticos que garanticen el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Las decisiones de qué, cómo y quién produce, no pueden ser dejadas sólo a las fuerzas del libre mercado, que no es tan libre, sino ser parte de una política pública de planeación.
d) Un enfoque integrado y holístico. Es el criterio que debe normar la política pública que considera no sólo cómo disponer de los residuos, sino principalmente cómo hacer un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, cómo reglamentar la selección de los materiales empleados en los procesos productivos para reducir la generación de residuos peligrosos y hacer un uso más eficiente de la energía y el agua. Enfoque que realiza un balance integral del ciclo de vida de los productos y su impacto en el ambiente y la salud pública.
La evaluación para la reducción del uso de sustancias tóxicas y materiales peligrosos y por ende de residuos peligrosos, usada en el enfoque de producción limpia, incluye la selección de técnicas para lograr a) mayor eficiencia interna en el uso de materias primas, mejor monitoreo, capacitación y manejo de materiales y productos, funcionamiento y operaciones de limpieza; b) cambios del proceso tecnológico, por ejemplo, con el reciclaje interno de solventes; c) cambio del producto, por ejemplo, reemplazo de baterías que requieren metales pesados como cadmio, mercurio y plomo, por baterías que no los usen; o el caso de los refrigeradores que dejaron de usar CFC destructores de la capa de ozono; d) cambio de insumos, sustituir las pinturas con base de solventes por pinturas de base acuosa, sustitución de solventes organoclorados; e) Reuso de los materiales dentro del proceso, formas de recuperación de vapores, teñidos, etcétera.
Las políticas claves que los gobiernos pueden emplear para fortalecer una estrategia de transición hacia formas de producción limpia son a) expansión de los derechos de información; b) una reforma fiscal ecológica; c) formas de extensión de la responsabilidad del productor, y d) prohibiciones sobre el uso y producción de sustancias o materiales especialmente tóxicos.
En México, se han dado pasos muy limitados que apuntan a un enfoque preventivo y que deberían ampliarse, como la creación del Centro Mexicano para la Producción más Limpia (CMPML), el 15 de diciembre de 1995, como parte de un convenio entre la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Instituto Politécnico Nacional y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. La tarea del centro es identificar 20 sectores prioritarios y desarrollar procedimientos específicos para que cada rama industrial pueda establecer sus propias estrategias de reducción. El centro tiene que ser autosostenible financieramente en unos cuantos años, como parte de las condiciones del financiamiento de la ONUDI.
El CMPML se ha propuesto crear un sistema de información de datos sobre producción más limpia, y tiene dos proyectos de demostración (estudios de caso) de producción más limpia en la industria de galvanoplastia y en la industria de fundición en San Luis Potosí y Querétaro. Los resultados del centro hasta ahora son modestos y en el conjunto de la política industrial y ambiental seguida por las autoridades ocupan un papel marginal.
Otro avance positivo, es la propuesta para establecer un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), que ha recibido asistencia técnica del Instituto de Naciones Unidas para la Capacitación e Investigación (UNITAR, por sus siglas en inglés), la Comisión de Cooperación Ambiental del TLC y la propia OCDE. La propuesta, aún no aprobada, establece el registro para toda empresa con más de 30 empleados y que emita o transfiera una o varias de 132 sustancias contenidas en una lista. El RETC sería un avance en la identificación de volúmenes y responsables de los residuos peligrosos generados en nuestro país. Sin embargo, queda por resolver si esto será un instrumento obligatorio o voluntario, si la información será o no accesible al público, y si sólo la publicación de un reporte anual es suficiente. Sin programas específicos de reducción de residuos peligrosos que acompañen esta información del RETC, su alcance sería bastante limitado.
Políticas claves que los gobiernos pueden emplear para fortalecer una estrategia de transición hacia formas de producción limpia son:
a) expansión de los derechos de información;
b) una reforma fiscal ecológica;
c) formas de extensión de la responsabilidad del productor;
d) prohibiciones sobre el uso y producción de sustancias o materiales especialmente tóxicos.
