Las actividades en la mina Marlin, concesionada a la transnacional canadiense Goldcorp, están con orden de ser paralizadas por decisión del gobierno guatemalteco
GUATEMALA.— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo el pedido al gobierno guatemalteco al confirmarse los serios daños a los pobladores por la explotación de los yacimientos de oro y plata en dos municipios del municipio de San Marcos, manejados por la subsidiaria Montana Exploradora de Guatemala, SA.
El gobierno del presidente Álvaro Colom ordenó la víspera suspender las actividades y en un comunicado expresa su determinación de reducir los niveles de contaminación y “promover inversiones social y ambientalmente responsables”.
Respecto de la recomendación de dicha medida cautelar, el texto explica que el Estado guatemalteco decidió atenderla “para dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en el campo de los derechos humanos”.
Sin embargo, afirma que estudios realizados por los ministerios de Salud, de Ambiente y Recursos Naturales y de Energía y Minas “no demuestran que exista contaminación en las aguas de las comunidades, por lo que son aptas para el consumo humano”.
Tampoco la evaluación realizada por la primera de esas instituciones detectó enfermedad alguna vinculada con la presunta polución producida por la mina Marlin.
En cuanto a otra de las solicitudes de la CIDH, asegura que el Ministerio de Gobernación mantiene los esfuerzos para preservar la integridad física y la vida de los pobladores de esos lugares y toma las medidas necesarias para garantizar sus derechos ciudadanos.
Este aspecto se refiere a las denuncias acerca de persecución, amenazas y agresiones sufridas por personas dedicadas a la lucha contra la actividad minera.
Concluye el comunicado con la aseveración de que el gobierno brindará toda su colaboración a una misión de la CIDH que visitará Guatemala en julio próximo, a fin de contribuir a una evaluación objetiva respecto al impacto de la operación de la mina Marlin.
Fuente: Prensa Latina
