Cada día en México, muchos complejos industriales liberan aún sustancias químicas a la atmósfera, el suelo y el agua, causando daños a todo ser vivo que las respira, absorbe o consume. A esto hay que agregar que de 100 millones de mexicanos, son pocos los que conocen qué tipo o volumen de contaminantes se emiten a su ambiente.
Esto motivó al presidente Vicente Fox Quesada a firmar el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de registro de emisiones y transferencia de contaminantes, además de adicionar y reformar el mismo reglamento para la prevención y control de la contaminación de la atmósfera.
El ordenamiento de registro obligatorio y observancia en todo el territorio nacional fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2004. No obstante, aún falta mucho camino por andar, ya que se deberá identificar formalmente las sustancias por registrar, ello con base en una lista de 104 componentes incluidos en la antigua norma mexicana voluntaria.
Durante una década, grupos ambientalistas mexicanos han defendido el derecho a la información sobre los tóxicos que se liberan al medio. Estas agrupaciones, junto con los socios de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Canadá y Estados Unidos, exhortaron y presionaron al gobierno a poner en marcha un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) efectivo, con informes del sector industrial obligatorios y de divulgación pública.
La Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) también ha apoyado a México en la preparación de un RETC. Por ejemplo, en 1995 el Consejo de la Comisión decidió promover el acceso público a información ambiental. Una re-solución de 1997 promovía específicamente los RETC de América del Norte.
En 2001, una mesa redonda auspiciada por la CCA reunió a varios sectores para planear un RETC mexicano. La Comisión brindó apoyo a funcionarios mexicanos para visitar las oficinas de los programas de RETC en Canadá y Estados Unidos, y también ayudó a la comunidad mexicana de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) a fomentar una mayor conciencia sobre los beneficios de este tipo de registros.
Ahora, después de un intenso trabajo, el cambio es inminente, pues México está listo para mejorar su RETC.
La nueva reglamentación obliga a las industrias bajo jurisdicción federal a medir, registrar y notificar las emisiones de todas las sustancias mencionadas en una lista elaborada por el gobierno de 104 compuestos liberados al aire, el suelo y el agua.
Además, prevé el acceso público a la información. Este nuevo estatuto se origina en cambios legislativos aprobados por el Congreso en 2001. Como resultado, ahora la Semarnat, los estados, el Distrito Federal y los municipios deberán combinar información y documentos en un RETC integral de alcance nacional.
Desde la institución del RETC en 1997, los informes han sido voluntarios. Sin embargo, sólo 5 por ciento de las industrias se tomaban la molestia de presentar la información registrada. Más recientemente se han solicitado informes sobre emisiones atmosféricas a algunas plantas industriales. De cualquier manera, el gobierno no daba a conocer la información voluntaria u obligatoria.
Y aunque la lista inicial de 104 sustancias químicas es pobre en comparación con las 650 incluidas del Inventario de Emisiones Tóxicas de Estados Unidos (establecido en 1986) y las 268 del Inventario Nacional de Emisión de Contaminantes de Canadá (establecido en 1993), ambos obligatorios y de acceso público, lo importante es comenzar con una regla obligatoria que permita el acceso público y la presentación de informes. Con el tiempo se agregarán sustancias. Así se hizo en aquellos dos países, de acuerdo con el gerente de programa en el área de calidad del aire de la CCA, Paul Miller.
Sin embargo, después de más de diez años de luchar por un mejor RETC, en algunas ONG ambientalistas de México había incertidumbre por la firma del decreto que suspende durante un año cualquier reglamentación industrial nueva, «para fomentar la inversión y la generación de empleos», pues era percibido como un hecho inquietante y amenazador para los ecologistas.
Afortunadamente el 3 de junio la incógnita quedó resuelta y ya se planea iniciar la primera fase del re-gistro, con acceso público a la información disponible, a finales de este año. Después seguiría la presentación obligatoria de informes. La información notificada se publicará en un informe anual de la Semarnat, que se podrá consultar gratuitamente, a menos que se solicite una certificación.
La falsificación de informes por una compañía ori-ginaría sanciones administrativas e incluso podría llegar a encarcelamientos, según la gravedad de la falsificación.
De acuerdo con funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el registro abierto estará en funcionamiento para el año siguiente. El gobierno está comprometido con el nuevo RETC como una sólida base para la formulación de políticas y la toma de decisiones, pero también para contribuir a la competitividad y la productividad de nuestro sector industrial.
Expertos opinan que la reglamentación puede ser valiosa para las empresas, ya que al registrar y notificar emisiones, se suelen reconocer desperdicios y la ineficiencia significa pérdida de dinero, lo que lleva a la reingeniería industrial que genere ahorros. Y aunque se corre el riesgo de que algunas empresas enfrenten una mala interpretación periodística de ciertos datos de los informes, así como un mal uso similar por parte de los competidores, e incluso enfrentar demandas legales por daños causados por contaminación, los beneficios superan los riesgos.
Fuente: Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, Diario Oficial de la Federación, 3 de junio de 2004.
