La imagen parecía celestial. Grumos que, como copos de nieve, se desprendían del río Santiago —completamente blanquecino por la espuma— y volaban con el aire. Tras el testimonio videográfico de este paisaje idílico, los jueces del Tribunal Latinoamericano del Agua recibieron ayer más pruebas documentales y oyeron, de viva voz, testimonios de habitantes de los municipios de El Salto y Juanacatlán, quienes sufren los efectos de la contaminación del afluente.
Los jueces escucharon a madres y padres quebrarse, mientras narraban la pérdida de sus hijos a causa del cáncer. Niños de dos, cinco y 13 años con tumores en el cerebro o cáncer en la sangre. También oyeron peticiones enérgicas de los ambientalistas y defensores de derechos humanos en favor de esta población. No iban a ciegas. El domingo pasado asistieron a ver la caída de agua en Juanacatlán, a percibir los olores fétidos y sentir el malestar que provocan los gases invisibles que emanan del río Santiago.
Los demandantes solicitaron a este tribunal —instancia compuesta por autoridades de reconocido prestigio mundial— emitir un pronunciamiento precautorio y una “recomendación severa” a las autoridades federales y de Jalisco para que frenen las descargas de aguas que se vierten sin ningún tratamiento.
Entre las sustancias que llegan al cauce están el ácido sulfhídrico que respiran los habitantes de El Salto y Juanacatlán, y que los pobladores y visitantes perciben como un olor “a huevo podrido”.
La doctora Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental e integrante del movimiento civil que pretende rescatar al río Santiago, solicitó que el gobierno federal emita una declaratoria de emergencia sanitaria para estas poblaciones, lo que implicaría tomar medidas inmediatas, sin esperar mayor evidencia científica, para cesar toda descarga de aguas no tratadas al cauce.
Además, dijo, se atenderían los problemas de salud en esta “zona extraordinaria”. De aplicarse el principio precautorio, sería algo inédito en la historia de México, agregó.
Asimismo, se exigiría que la Secretaría de Salud de Jalisco lleve a cabo un estudio científico y objetivo sobre la incidencia de cáncer y otras afecciones en la zona, pues hasta el momento la dependencia se ha concretado a afirmar que el problema no existe. Hoy resolverá el tribunal.
La abogada ambientalista aprovechó para fustigar el hecho de que la Comisión Nacional del Agua pretenda ampliar el plazo para que los municipios de esta zona metropolitana —Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá— comiencen a tratar sus descargas de agua. Dicho plazo se venció el 30 de agosto pasado y pretende ampliarse hasta 2011. Lo anterior, citó, toda vez que según declaración del director del organismo Cuenca Lerma Chapala Santiago, los municipios no cuentan con recursos para sufragar el tratamiento del agua.
Fuente: Milenio
