La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que por lo menos 16 zonas costeras del país registraban tan elevada contaminación que eran peligrosas para la salud pública. Destacan playas preferidas por el turismo nacional y extranjero, como Boca del Río, Ciudad Madero, Bahía de Banderas, Puerto Vallarta y Nuevo Puerto Vallarta, Puerto Ángel, Zihuatanejo (la peor), Puerto Escondido, Huatulco y Acapulco.
La Profepa confirmó así los datos que diversos centros de investigación ofrecían desde hace muchos años sobre esa situación y mencionó las enfermedades que podrían afectar a la población: desde las gastrointestinales hasta infecciones en oídos, ojos, el sistema respiratorio y la piel. El gobierno de Vicente Fox prometió resolver el problema, no en cinco minutos, pero sí en su sexenio.
Meses después de conocerse la citada lista, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que cada mes informaría del estado ambiental de las principales playas a fin de proteger a la ciudadanía. En marzo de 2003 lo hizo por primera vez. Sus datos coincidieron con los ofrecidos antes por la Profepa. Vino entonces la respuesta airada de algunos gobernadores y presidentes municipales de las entidades y ciudades señaladas en los reportes y en otros publicados después. Todos al unísono señalaron que la información del gobierno federal no era cierta, sino amarillista, que iba contra miles de paseantes y perjudicaba la actividad turística. Se quejaron de no tener los recursos para construir las obras para captar y tratar las aguas negras de la población para reusarlas o enviarlas limpias al mar.
Se supo que muchas de las plantas de tratamiento funcionaban mal o no servían. Los gobernadores de Veracruz y Guerrero, junto con sus colaboradores cercanos, remojaron sus cuerpos en las aguas contaminadas para demostrar que no afectaban la salud y hasta curativas resultaron.
El gobierno federal respondió anunciando un vasto programa para resolver los problemas, tarea en la cual participarían diversas instancias oficiales y la iniciativa privada. Se creó un fondo para continuar el monitoreo de las aguas y durante algún tiempo se informó sobre el estado ambiental de las playas ubicadas en los destinos turísticos más importantes. Hasta se inventó una Norma “voluntaria” para certificar su limpieza cuando esto se lograra. Con el nombramiento del ingeniero Alberto Cárdenas como titular de Semarnat, se olvidaron los reportes mensuales sobre contaminación marina y no se supo más sobre el monto de las inversiones ni del avance de las obras para capturar las aguas negras y tratarlas adecuadamente. Es que el ingeniero andaba en campaña por la candidatura de su partido, Acción Nacional, a la presidencia de la República.
Se acabó el sexenio del Fox y la nueva administración, en boca del director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege, dice ahora que los últimos cuatro años el número de playas limpias aumentó casi una quinta parte, pero se está lejos de lograr que los 17 estados costeros rindan cuentas positivas sobre el tema. También asevera que la meta del sexenio es certificar positivamente los 46 principales destinos turísticos del país y avanzar en la limpieza de las 300 playas “problema”. Ya encarrerado, Luege critica la falta de voluntad política de los municipios para cumplir las normas ambientales y promover las playas limpias. Quizá por eso los reportes sobre Acapulco y Veracruz, Campeche o Cozumel no son alentadores en esa materia, mientras se denuncia la continua privatización de las playas. En fin, el mar sigue como basurero de las ciudades costeras.
Poco se logrará en la tarea de evitar lo anterior si las dependencias federales, que deben encabezar el esfuerzo oficial en la materia, muestran descoordinación y repiten esquemas de trabajo ineficientes, y si, como en el caso del manejo hidráulico de la zona metropolitana de la ciudad de México, actúan como sucursal del partido en el poder.
Fuente: La Jornada
