Después de una visita de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a una construcción en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco, se dictaminó clausura total por el derribo no autorizado de árboles.
Jesús Becerra, delegado de la Profepa en Jalisco, informó que esta inspección se realizó después de la denuncia por parte de la comunidad indígena huichol de Santa Catarina Cuexcomatitlán ubicada en el terreno en cuestión manifestando que las obras dañaban varios lugares sagrados, bosques y manantiales.
La Profepa reconoció que encontraron 400 árboles de pino, roble y encino derribados por la obra.
En conferencia de prensa, representantes de la comunidad indígena declararon que el gobierno no está respetando su cultura con este tipo de obras y tratan de imponer a costa de lo que sea sus intereses propios.
El coordinador de proyectos estratégicos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Carlos Carrillo, indicó que las autoridades de Jalisco incurrieron en delitos ambientales.
Carrillo apuntó que la ley establece que para hacer uso de un árbol forestal se debe tramitar el permiso para moverlo, y mientras no se cumpla esto se considera tala clandestina; y no sólo se comete una omisión, sino también en términos del Código Penal se está cometiendo un delito.
Fuente: Reforma
