El procurador federal del Protección al Ambiente, Ignacio Loyola Vera, se encuentra bajo investigación de la Secretaría de la Función Pública luego de que fue acusado por ambientalistas de haber permitido la construcción en una zona prohibida por la ley ambiental de una residencia del ex gobernador del estado de México, Arturo Montiel Rojas, en Careyes, municipio La Huerta, Jalisco.
Alberto Székely, abogado del Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico AC dijo que se ha iniciado un proceso ante la Secretaría de la Función Pública en que también es acusado el ex subprocurador Héctor González Reza.
Según Székely, Héctor González Reza supo de las intenciones de Montiel de construir la mansión en una zona vedada por cuestiones ambientales pues asegura que se le presentaron pruebas notariadas pero «las tiró a la basura» y dejó que el ex gobernador siguiera adelante con la edificación que junto con la del ex banquero Roberto Hernández, figuran como dos de las más lujosas de esa zona de la costa del Pacífico.
Székely, embajador de carrera con licencia, y quien fue representante permanente alterno de México ante la ONU en Ginebra, indicó a este diario que esa línea de la costa -conservada hasta ahora por ubicarse ahí una reserva natural- se encuentra en riesgo por la intención de desarrolladores turísticos de edificar hoteles, campos de golf, marinas e infraestructura, con la complacencia de las autoridades ambientales federales que han autorizado ya un par de proyectos que presuntamente violan la ley Federal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Ignacio Loyola Vera un agrónomo de 52 años, fue gobernador panista del estado de Querétaro (1997-2003) y más tarde designado como procurador federal de Protección al Ambiente en junio de 2005, por el entonces presidente Vicente Fox, y ratificado el 4 de diciembre de 2006 por el actual presidente Felipe Calderón.
Héctor González Reza, además de haber sido diputado federal por el PAN y subprocurador en la Profepa, fue delegado de la Secretaría del Medio Ambiente en Acapulco y Coordinador de Delegados de esta última, durante la administración en Semarnat de Alberto Cárdenas Jiménez (2003-2005), también ex gobernador de Jalisco y ex aspirante a la candidatura presidencial del PAN.
Székely indicó que esa línea de la costa del pacífico mexicano, ha podido ser conservada hasta ahora por ubicarse la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmal; pero se encuentra en riesgo por la intención de desarrolladores turísticos de edificar hoteles, campos de golf, marinas e infraestructura, con la complacencia de autoridades ambientales federales.
En este sentido, refirió que antes de finalizar el sexenio de Vicente Fox, Ricardo Juárez Palacios, director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autorizó, un par de proyectos que según su asociación ambiental violan la ley Federal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente pues afectarán parte de la reserva que Semarnat debe proteger.
Megaproyectos en la mira
Los megaproyectos: IEL La Huerta (antes Marina Careyes) y la Tambora, a un lado de la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, contarán con campos de golf y habitaciones de tipo gran turismo.
«Nos interesa más averiguar quién está solapando todo eso porque está la evidencia de los mejores científicos del país que demuestran la improcedencia de todo esto», indicó Székely quien también es miembro de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de La Haya.
«Los proyectos están impugnados dentro del propio gobierno nada menos que por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y desde la misma Semarnat por la Dirección General de Vida Silvestre». «¡Está a la vista de todos pero el gobierno se aferra a estas resoluciones adoptadas por el funcionario más impugnado del sexenio anterior como es el biólogo Ricardo Juárez!», dijo.
Székely, que tuviera a su cargo, la defensa de otros casos como la frustrada construcción de la salinera más grande del mundo en la laguna de San Ignacio, Baja California Sur (lugar declarado reserva de la biosfera por el gobierno mexicano y patrimonio de la humanidad por la ONU, cuestionó los intereses involucrados en este nuevo caso de la reserva Chamela-Cuixmala pues el propio secretario de Medio Ambiente y ex colaborador del procurador Loyola, Juan Rafael Elvira, no ha tomado cartas en el asunto.
«El secretario de Medio Ambiente ha tenido conocimiento de estos ilícitos desde que asumió el cargo y no ha movido un dedo. Nos empieza a preocupar que él esté solapando estas autorizaciones ilegales y eso obviamente tampoco puede quedar impune», refutó el abogado.
«¿Qué es lo que hay detrás de estos casos que el gobierno se aferra a pesar de estas evidencias? ¿Quién está solapando la autorización ilegal de estos proyectos? ¿Es porque se trata da alguien muy influyente?», cuestionó.
«Para nosotros esa es la gran pregunta: ¿quién y a santo de qué está solapando esto?»
Este diario buscó al procurador ambiental, Ignacio Loyola Vera , para que diera su versión de las acusaciones de haber tolerado irregularidades en la construcción de viviendas en zonas prohibidas por la ley; pero personal de la Profepa afirmó que el funcionario salió de viaje al extranjero y que no había forma de localizarlo.
También se buscó a la Secretaría de la Función Pública para conocer el estado de la denuncia contra Loyola, presentada desde noviembre pasado, pero tampoco hubo respuesta.
De acuerdo con Gustavo Alanís, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Arturo Montiel, en su caso, debería contar con una concesión para hacer uso y aprovechamiento del espacio de alcantilado en el que se encuentra su residencia. Esto, con base en la Ley General de Bienes Nacionales en sus artículos 6, 7, 8, 119 y 127, así como el Reglamento de Zona Federal Marítimo Terrestre en sus artículos 4, 5 y del 74 al 78.
Fuente: El Universal
