La modificación del uso de suelo es un proceso irreversible que afecta áreas agrícolas, pecuarias y forestales. Sin duda, el principal fenómeno que incide en la pérdida de tierras rurales o ecológicas es la expansión desordenada de los asentamientos humanos.
Cada año, cerca de 30 mil hectáreas (has) se destinan al crecimiento de las ciudades y 70 por ciento de esa superficie proviene de tierras ejidales o comunales, según datos de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).
Esta dependencia expone que en la pérdida del activo tierra, los beneficios obtenidos por los dueños de la propiedad social son, en el mejor de los casos, marginales y sin impacto significativo en el ingreso del hogar ejidal.
Por ello, considera necesario que los núcleos agrarios limítrofes a la mancha urbana de las ciudades, se incorporen y beneficien del desarrollo urbano.
En este sentido, la dependencia anota que la presente administración –al igual que la anterior– impulsará la creación de inmobiliarias ejidales, con el fin de que los dueños de la tierra, ejidos y comunidades, asociados con inversionistas privados, con los municipios o por sí solos, puedan incrementar sus ingresos, contribuyendo al crecimiento ordenado de las ciudades y a la generación de empleos.
La SRA precisa que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) está a cargo del Programa de Constitución de Sociedades Inmobiliarias Sociales, a efecto de colaborar de manera estratégica en el desarrollo sustentable de las ciudades, y defender los derechos de plusvalía de los dueños de la tierra social.
Se trata, expone la institución, de ordenar y regular el mercado de tierras, a fin de evitar que se den tratos agrarios al margen de la ley, que en la mayor parte de los casos dañan a ejidatarios y comuneros.
Recalca que su tarea en este rubro es impulsar asociaciones entre los sujetos agrarios y los inversionistas, por lo que por conducto del fondo se establecerán las condiciones que permitan el desarrollo de proyectos productivos, vigilando que se cumpla con las condiciones de equidad, legalidad y certeza en la inversión proyectada.
Asimismo deberá propiciarse la explotación sustentable de los recursos, mediante la estructuración de proyectos que sean rentables, y cuyo marco legal esté orientado en dar certeza jurídica de que la inversión erogada se recuperará en el mediano y largo plazos.
La SRA recalca que la idea es romper con la concepción tradicional del desarrollo urbano a costa de terrenos ejidales absorbidos por la mancha urbana.
Programas en busca de ordenación
Frente al crecimiento demográfico y la necesidad de absorber suelos ejidales, las autoridades han aplicado programas para ordenar la expansión de la mancha urbana y planear el crecimiento de las urbes.
Así, según el diagnóstico del Programa Nacional de Desarrollo Urbano, el crecimiento de las cuatro zonas metropolitanas y las 116 localidades medias incluidas en el Programa 100 Ciudades, en el periodo 1995-2000 requirió incorporar unas 150 mil hectáreas de suelo libre para satisfacer las necesidades de vivienda, equipamiento urbano y desarrollo regional; aproximadamente dos terceras partes de la tierra requerida es ejidal o comunal.
En el país existen mil 191 núcleos agrarios que se consideran urbanos o comprendidos dentro de la mancha urbana y seis mil 194 que presentan asentamientos irregulares. El conocimiento de los ejidos y las superficies que serán afectadas por este crecimiento es de vital importancia a fin de valorar su posible impacto en el ámbito local e impulsar, en su caso, la creación de inmobiliarias ejidales, señala la SRA.
Precisamente, el Programa de Incorporación de Suelo Social al Desarrollo Urbano (Piso)ordena el crecimiento de las ciudades ante la absorción natural de tierras sociales.
De acuerdo con los datos de la SRA en el periodo 1996-200 se incorporaron 96 mil 406 has de propiedad social a suelo urbano. Los estados que registraron mayor avance fueron Sinaloa con 10 mil 345 has, 349 por ciento más de lo proyectado; Nuevo León, nueve mil 098 has, 203 por ciento superior a lo estimado; Tamaulipas nueve mil 667 has, un aumento de 196 por ciento; Sonora, nueve mil 513 has, 161 por ciento más de lo planeado, y Chihuahua con ocho mil 635 has, 166 por ciento superior a lo planificado.
