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Editorial 3w México
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Enero 16, 2012 en la Sección Colaboraciones.

Realidad de la gestión de los residuos sólidos en México

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Ing. Carlos Álvarez Flores*

El fracaso de la gestión de los residuos sólidos urbanos en nuestro país, a pesar de contar desde 1996 con una norma oficial mexicana específica, NOM-083-SEMARNAT-2003; desde 2004 con una moderna Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, y desde el 9 de noviembre de 2009 con un Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, obedece a la falta de voluntad de tres actores que son los responsables directos que tienen nombre y apellidos. Me refiero en primer término a los organismos y entidades estatales en materia ambiental. En segundo lugar a la autoridad federal, encarnada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat ) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y en tercer lugar a los presidentes municipales de nuestro país. Esto independientemente de que como ciudadanos, cada uno de los mexicanos somos responsables de los RSU que generamos diariamente en nuestros hogares.

No hemos podido manejar y disponer adecuadamente los residuos sólidos urbanos, que siguen impactando gravemente nuestros recursos naturales. Los graves impactos que generamos en los tiraderos a cielo abierto, de ciudades como Villahermosa, Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao, Guanajuato capital, Veracruz, San Cristóbal de las Casas, Empalme, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Oaxaca y la propia ciudad de México, son ocasionados fundamentalmente por los lixiviados, esos líquidos tóxicos, resultado de la mezcla de una extensa variedad de sustancias químicas, como los quitaesmaltes, tintes de pelo, raticidas, plaguicidas, quitacochambres, jabones, detergentes, aceites lubricantes, aceites vegetales, residuos orgánicos y cloro, además de residuos peligrosos y biológico-infecciosos; que son los que contaminan el suelo, el subsuelo y en muchos casos los acuíferos superficiales.

En casos extremos como Celaya esos lixiviados son vertidos al río Laja, con los consecuentes daños a la salud de miles de guanajuatenses que comen las legumbres que son regadas con agua contaminada de este afluente. En Salamanca el tiradero está a sólo 20 metros de un pozo de agua, bajo los cables de la CFE que llevan 115 mil voltios. En Oaxaca, Salamanca y San Luis Potosí, los lixiviados no solamente han contaminado los acuíferos superficiales de las zonas en donde se encuentran, sino que derrames de esos lixiviados han afectado decenas de hectáreas de terrenos aledaños a sus tiraderos. En Veracruz el tiradero está a sólo 200 metros de una laguna. Y en el caso de Puerto Vallarta existen asentamientos urbanos a sólo diez metros de la montaña de más de dos millones de toneladas de RSU que tiene su tiradero “Magisterio”.

Y por si fuera poco, en Empalme cada cuatro semanas incendian intencionalmente su tiradero a cielo abierto, denominado “El Basurón”, afectando gravemente la salud de mil 500 habitantes del ejido Maytorena. Pero la joya de la corona es sin duda el tiradero más grande de Latinoamérica, Bordo Poniente, que tiene impactadas más de 400 hectáreas con más de 70 millones de toneladas de RSU, que generan más de 2.5 millones de metros cúbicos de lixiviados al año y aportan más de 550 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente al año generando el calentamiento global. Todo ello sin considerar la contaminación organoléptica que afecta la salud de miles de pepenadores que siguen envenenándose en todos estos tiraderos.

También es responsable la Profepa debido a que en todos estos tiraderos a cielo abierto existen decenas de miles de toneladas de residuos peligrosos que indebidamente ingresan a todos estos sitios. La indiferencia y omisión de la aplicación de las leyes y reglamentos en materia ambiental por parte de la autoridad federal, es imperdonable. Desde hace ocho años, hemos propuesto la creación (dentro del Poder Judicial) de los tribunales especializados en materia ambiental, por cierto, sin éxito. Es en el caso de la Profepa en donde hemos tenido la más grande ausencia, ya que es bien sabido (por todos los que conocemos la gestión ambiental en nuestro país) que cuando quiere, la Profepa puede no sólo clausurar de forma total y definitiva alguna empresa, sino llevar a la cárcel a los responsables de delitos ambientales. Pero en el caso de los RSU, simplemente se ha convertido en cómplice de los graves daños e impactos ambientales que afectan a nuestros recursos naturales y sobre todo a la salud de los mexicanos.

Pero lo más significativo del fracaso total de la política ambiental en materia de residuos sólidos urbanos de nuestro país, es sin duda la gran irresponsabilidad de las autoridades estatales, como la Profepa del estado de Guanajuato, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental en San Luis Potosí; la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental del Estado de Tabasco; el Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca; la nueva Procuraduría de Protección al Ambiente de Veracruz y la Secretaría del Medio Ambiente del GDF, entre otras, quienes no han querido obligar a sus ayuntamientos a clausurar sus tiraderos a cielo abierto como lo exige la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 que señala claramente como fecha límite para su clausura el 30 de junio de 2008, además de no aplicar estrictamente sus propias leyes ambientales estatales.

Y por supuesto no debemos dejar de señalar que los presidentes municipales de nuestro país, simplemente han demostrado en los hechos, el más alto grado de irresponsabilidad e ignorancia en materia ambiental y, por supuesto, también se han convertido en los más cínicos actores en la gestión ambiental en nuestro país, arguyendo que “no tienen dinero”, cuando todos sabemos que más de 75 por ciento de los presupuestos municipales son destinados al pago de sueldos y salarios de cientos de burócratas, sobre todo en el área de servicios municipales, como Oaxaca capital que paga anualmente 85 millones de pesos, para mantener a 900 empleados holgazanes que tienen a la ciudad de Oaxaca como un muladar. El GDF, que teniendo 20 mil empleados para barrer y recolectar sus 12 mil 500 toneladas de RSU diariamente, que cuestan unos 500 millones de pesos anuales, sigue manteniendo al Distrito Federal como una de las ciudades más sucias de nuestro país.

Todas estas importantes ciudades no cumplen con su obligación constitucional del barrido, recolección, traslado, separación y aprovechamiento y disposición final adecuada de sus RSU, precisamente porque esos burócratas municipales aunados a las mafias de pepenadores, son la base política de los votos que utilizan los presidentes municipales en turno, para posteriormente aspirar a otros cargos públicos, como diputado local o federal y, en algunos casos, senador y hasta gobernador. Esto sin considerar que en todo este caos ambiental generado por el indebido manejo de los RSU, existen recursos económicos de la venta de los materiales reciclables por parte de las dos mafias, la de los propios empleados de servicios municipales y la de los pepenadores; recursos económicos que no ingresan al ayuntamiento legalmente, sino que se quedan en las manos de estas mafias y por supuesto de unos cuantos funcionarios municipales que lo permiten.

* Presidente de México, Comunicación y Ambiente

Realidad de la gestión de los residuos sólidos en México

Ing. Carlos Álvarez Flores*

El fracaso de la gestión de los residuos sólidos urbanos en nuestro país, a pesar de contar desde 1996 con una norma oficial mexicana específica, NOM-083-SEMARNAT-2003; desde 2004 con una moderna Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, y desde el 9 de noviembre de 2009 con un Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, obedece a la falta de voluntad de tres actores que son los responsables directos que tienen nombre y apellidos. Me refiero en primer término a los organismos y entidades estatales en materia ambiental. En segundo lugar a la autoridad federal, encarnada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat ) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y en tercer lugar a los presidentes municipales de nuestro país. Esto independientemente de que como ciudadanos, cada uno de los mexicanos somos responsables de los RSU que generamos diariamente en nuestros hogares.

No hemos podido manejar y disponer adecuadamente los residuos sólidos urbanos, que siguen impactando gravemente nuestros recursos naturales. Los graves impactos que generamos en los tiraderos a cielo abierto, de ciudades como Villahermosa, Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao, Guanajuato capital, Veracruz, San Cristóbal de las Casas, Empalme, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Oaxaca y la propia ciudad de México, son ocasionados fundamentalmente por los lixiviados, esos líquidos tóxicos, resultado de la mezcla de una extensa variedad de sustancias químicas, como los quitaesmaltes, tintes de pelo, raticidas, plaguicidas, quitacochambres, jabones, detergentes, aceites lubricantes, aceites vegetales, residuos orgánicos y cloro, además de residuos peligrosos y biológico-infecciosos; que son los que contaminan el suelo, el subsuelo y en muchos casos los acuíferos superficiales.

En casos extremos como Celaya esos lixiviados son vertidos al río Laja, con los consecuentes daños a la salud de miles de guanajuatenses que comen las legumbres que son regadas con agua contaminada de este afluente. En Salamanca el tiradero está a sólo 20 metros de un pozo de agua, bajo los cables de la CFE que llevan 115 mil voltios. En Oaxaca, Salamanca y San Luis Potosí, los lixiviados no solamente han contaminado los acuíferos superficiales de las zonas en donde se encuentran, sino que derrames de esos lixiviados han afectado decenas de hectáreas de terrenos aledaños a sus tiraderos. En Veracruz el tiradero está a sólo 200 metros de una laguna. Y en el caso de Puerto Vallarta existen asentamientos urbanos a sólo diez metros de la montaña de más de dos millones de toneladas de RSU que tiene su tiradero “Magisterio”.

Y por si fuera poco, en Empalme cada cuatro semanas incendian intencionalmente su tiradero a cielo abierto, denominado “El Basurón”, afectando gravemente la salud de mil 500 habitantes del ejido Maytorena. Pero la joya de la corona es sin duda el tiradero más grande de Latinoamérica, Bordo Poniente, que tiene impactadas más de 400 hectáreas con más de 70 millones de toneladas de RSU, que generan más de 2.5 millones de metros cúbicos de lixiviados al año y aportan más de 550 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente al año generando el calentamiento global. Todo ello sin considerar la contaminación organoléptica que afecta la salud de miles de pepenadores que siguen envenenándose en todos estos tiraderos.

También es responsable la Profepa debido a que en todos estos tiraderos a cielo abierto existen decenas de miles de toneladas de residuos peligrosos que indebidamente ingresan a todos estos sitios. La indiferencia y omisión de la aplicación de las leyes y reglamentos en materia ambiental por parte de la autoridad federal, es imperdonable. Desde hace ocho años, hemos propuesto la creación (dentro del Poder Judicial) de los tribunales especializados en materia ambiental, por cierto, sin éxito. Es en el caso de la Profepa en donde hemos tenido la más grande ausencia, ya que es bien sabido (por todos los que conocemos la gestión ambiental en nuestro país) que cuando quiere, la Profepa puede no sólo clausurar de forma total y definitiva alguna empresa, sino llevar a la cárcel a los responsables de delitos ambientales. Pero en el caso de los RSU, simplemente se ha convertido en cómplice de los graves daños e impactos ambientales que afectan a nuestros recursos naturales y sobre todo a la salud de los mexicanos.

Pero lo más significativo del fracaso total de la política ambiental en materia de residuos sólidos urbanos de nuestro país, es sin duda la gran irresponsabilidad de las autoridades estatales, como la Profepa del estado de Guanajuato, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental en San Luis Potosí; la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental del Estado de Tabasco; el Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca; la nueva Procuraduría de Protección al Ambiente de Veracruz y la Secretaría del Medio Ambiente del GDF, entre otras, quienes no han querido obligar a sus ayuntamientos a clausurar sus tiraderos a cielo abierto como lo exige la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 que señala claramente como fecha límite para su clausura el 30 de junio de 2008, además de no aplicar estrictamente sus propias leyes ambientales estatales.

Y por supuesto no debemos dejar de señalar que los presidentes municipales de nuestro país, simplemente han demostrado en los hechos, el más alto grado de irresponsabilidad e ignorancia en materia ambiental y, por supuesto, también se han convertido en los más cínicos actores en la gestión ambiental en nuestro país, arguyendo que “no tienen dinero”, cuando todos sabemos que más de 75 por ciento de los presupuestos municipales son destinados al pago de sueldos y salarios de cientos de burócratas, sobre todo en el área de servicios municipales, como Oaxaca capital que paga anualmente 85 millones de pesos, para mantener a 900 empleados holgazanes que tienen a la ciudad de Oaxaca como un muladar. El GDF, que teniendo 20 mil empleados para barrer y recolectar sus 12 mil 500 toneladas de RSU diariamente, que cuestan unos 500 millones de pesos anuales, sigue manteniendo al Distrito Federal como una de las ciudades más sucias de nuestro país.

Todas estas importantes ciudades no cumplen con su obligación constitucional del barrido, recolección, traslado, separación y aprovechamiento y disposición final adecuada de sus RSU, precisamente porque esos burócratas municipales aunados a las mafias de pepenadores, son la base política de los votos que utilizan los presidentes municipales en turno, para posteriormente aspirar a otros cargos públicos, como diputado local o federal y, en algunos casos, senador y hasta gobernador. Esto sin considerar que en todo este caos ambiental generado por el indebido manejo de los RSU, existen recursos económicos de la venta de los materiales reciclables por parte de las dos mafias, la de los propios empleados de servicios municipales y la de los pepenadores; recursos económicos que no ingresan al ayuntamiento legalmente, sino que se quedan en las manos de estas mafias y por supuesto de unos cuantos funcionarios municipales que lo permiten.

* Presidente de México, Comunicación y Ambiente

Palabras clave: residuos sólidos, presidentes municipales, tribunales, delitos, servicios, lixiviados







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Comentarios

Comentario de J Luis
Hora: 17 Enero, 2012, 11:25

Desde hace varios años que me he dedicado a impartir educación ambiental, he sostenido -y así lo expreso a quienes damos cursos, talleres y demás- que el gobierno no solucionará el problema de los RSU: debemos ser los ciudadanos quienes, desde la base, hagamos el cambio.
Si esperamos a que entren en vigor los volumenes y volumenes de leyes que se tienen guardados empolvándose, estamos perdidos.
Por supuesto que no eximo de su responsabilidad a los tres niveles de gobierno; lo que sí digo es que, además de la abierta protesta contra ellos, podemos hacer algo que está a nuestro alcance: separar nuestros RSU desde el hogar y enseñar a nuestros hijos, amigos, parientes y vecinos a hacer lo mismo.
Mi hija de 4 años ya sabe separar sus residuos y sabe lo que es una composta. Y el bebé pronto entrará a la misma dinámica educativa.
Es responsabilidad nuestra el educar a los que amamos mientras, por el otro lado, no dejamos de exigir a los gobiernos que cumplan con su deber.

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