Por Yolanda Mexicalxóchitl García Beltrán*
Actualmente existen en nuestro país más de 420 conflictos socioambientales originados por diversas causas: turismo, minería, control del agua, etc.
Ciudad de México.— En los últimos años ha tomado auge en nuestro país el uso del concepto “conflictos socioambientales” para designar a una serie de problemáticas que involucran precisamente dos elementos: sociedad y ambiente, entendiendo este último como el entorno natural que ya ha entrado en contacto con la actividad humana.
Para comprender mejor esta idea, partamos del hecho de que los conflictos socioambientales están estrechamente relacionados con dos términos:
“megaproyectos” y “territorio”; es decir, un conflicto socioambiental surge cuando el espacio que guarda íntima relación con la gente que lo habita es invadido, robado, comprado o rentado por actores externos a esa comunidad, ello casi siempre con fines comerciales o industriales a gran escala, lo que provoca una serie de afectaciones económicas, políticas, culturales y/o sociales. Muchos son los autores que han tratado de definirlos y analizarlos, como María Fernanda Paz, investigadora de la UNAM; Nicholas Risdell de la ENAH o Mariana Walter de la Universidad de Buenos Aires, por nombrar a algunos; ellos han llegado a la conclusión de que, en efecto, un conflicto implica una relación de choque entre, al menos, dos partes y esto no tiene por qué ser malo, por el contrario, representa una forma de interacción natural presente en todos los pueblos, como decía el sociólogo alemán George Simmel. No obstante, cada definición presenta particularidades. Fernanda Paz, por ejemplo, clasifica en tres categorías distintas las conflictividades socioambientales: 1) las que se articulan en torno al control de los recursos; 2) aquellas cuyo eje de conflictividad está en el uso y/o la gestión de los mismos y 3) las que se derivan de la afectación o riesgo de afectación. En particular, aquí se retoma esta clasificación, pero se hace énfasis en que, en los últimos años, los conflictos están siendo provocados por la intromisión de grandes empresas a territorios rurales mayoritariamente indígenas.
Es importante destacar además que la disputa tiene lugar por diversos factores y no solamente por el control del territorio y los recursos que él contiene indispensables para la subsistencia, pues dichos conflictos pueden escalar a diversos ámbitos modificando totalmente la forma de vida de las comunidades implicadas a través de la pérdida de sitios sagrados y por ende de la celebración de rituales o festividades, de la identidad y del arraigo.
El acceso a la pesca, la agricultura o la ganadería se ve limitado, siendo primordialmente los ejes de la economía local cuya pérdida modifica también la dieta de las comunidades y la dinámica diaria, como ocurre por ejemplo entre los zapotecos del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que ante la llegada de parques eólicos en masa desde 1994, se han visto obligados a cambiar su tradicional división de roles en el que los hombres se encargaban de pescar por las noches, mientras las mujeres cocinaban y vendían el pescado sobrante para mantener la economía familiar. Aunado a ello, algunos conflictos pueden originar una sensación de “despojo” y de “injusticia” cuando sus tierras son ocupadas por empresas (extranjeras casi siempre) por medio de contratos deshonestos o turbios en los que los pagos por concepto de arrendamiento son deficientes. Así, en Baja California, por mencionar un caso, la industria eólica estadounidense se encarga de explotar el viento de la sierra de La Rumorosa para trasladar el producto energético resultante hacia San Diego, California, pagando a los pueblos cucapá y kiliwa únicamente 900 pesos mensuales, insuficientes para cubrir sus necesidades básicas a pesar de impedírseles realizar actividades comerciales o agrícolas. Además, no reciben ningún porcentaje de la energía generada, lo que los obliga a pagar altas cuotas a CFE.
La sensación de agravio se incrementa también por las facilidades que los gobiernos federal y estatal brindan a dichas empresas para introducirse en tierras comunales, ejidales, áreas naturales protegidas o zonas arqueológicas, como Xochicalco, Morelos, donde han sido otorgadas siete concesiones a la minera canadiense Alamos Gold, la cual sustraerá oro con el uso de dinamita y cianuro afectando no solamente el patrimonio cultural cercano, sino también a las comunidades campesinas de la periferia.
Otro ejemplo del alcance de estos conflictos socioambientales se encuentra en Álvaro Obregón, Oaxaca, donde a raíz del intento de la compañía española Mareña Renovables para instalar 132 aerogeneradores y su contundente oposición, los lugareños decidieron romper cualquier vínculo con el gobierno municipal y los partidos políticos, proclamando su autonomía desde 2012, lo que ha incidido en todos los ámbitos y los ha obligado a vivir en permanente tensión.
De acuerdo con el periódico La Jornada (2016, p. 38), actualmente existen en nuestro país más de 420 conflictos socioambientales originados por diversas causas: turismo, minería, control del agua, etc., siendo los energéticos los que mayores afectaciones han causado debido a la necesidad imperante de producir estos ante la escasez de hidrocarburos y combustibles fósiles. Así, se concentran en territorio nacional cada vez más hidro y termo eléctricas, gasoductos, parques eólicos, presas, campos de fracturación hidráulica, etc.
Frente a este panorama múltiple y confuso se hace pertinente una reflexión y un análisis profundo para determinar de qué modo el desarrollo y la tradición pueden ser compatibles, pues es necesario que las fuentes renovables de la llamada “energía verde” sean amigables no solo con el medio ambiente, sino también con el social e individual. Aunque esto suena y es complicado, tal vez la respuesta esté en las propuestas que han nacido desde las mismas comunidades indígenas que buscan apoyo para llevar a cabo proyectos comunitarios que realmente beneficien a los pueblos, y a la par permitan la experimentación de nuevas tecnologías que pudieran, en un futuro, aplicarse a un sector más amplio.
* Egresada de la licenciatura en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestra en ciencias sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Contacto: ymgb1988@gmail.com
Fuentes:
– Arias, M. (2011). Hacia un constructivismo realista: de la naturaleza al medio ambiente. España: Isegoría.
– Barrington, M. (1996). La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión. México: UNAM.
– Enciso, A. (2016). Hay en México 420 conflictos socioambientales: investigador. La Jornada, 10 de febrero de 2016, p. 38.
– Paz, M. F. (2014). Conflictos, conflictividades y movilizaciones socioambientales en México: problemas comunes, lecturas diversas. México: UNAM.
– Simmel, G. (2010). El conflicto: sociología del antagonismo. México: Sequitur.
Teorema Ambiental
