Por Hernán Sorhuet Gelós
Es un enorme alivio para los propietarios de esas tierras que recuperan la jurisdicción sobre ellas, pudiendo retomar las actividades productivas agropecuarias que siempre habían desarrollado
Uruguay.— La sociedad uruguaya ganó una gran batalla pero no la guerra.
Cayó definitivamente la posibilidad de que se llevara a cabo la explotación de hierro a cielo abierto en la zona noreste del país (Valentines) por la empresa Aratirí.
A pesar de todas las prórrogas y facilidades que el gobierno le concedió, venció el plazo final para la firma de un contrato de inversión. El proyecto extractivo no se realizará y los títulos mineros sobre los terrenos afectados por el proyecto, dejan de estar en manos del privado y vuelven al Registro de Vacancias de la Dirección Nacional de Minería y Geología.
Es un enorme alivio para los propietarios de esas tierras que recuperan la jurisdicción sobre ellas, pudiendo retomar las actividades productivas agropecuarias que siempre habían desarrollado en ellas para el sustento de sus familias.
Desde el anuncio del proyecto en 2011 comenzó a generarse una creciente reacción social en contra de una explotación de recursos del subsuelo que resultaba claramente perjudicial para el país.
Alto impacto social, profundo deterioro de los ecosistemas locales, inadmisibles índices de contaminación del aire, el suelo y el agua, pérdida definitiva del recurso renovable del suelo en la zona de las minas a cielo abierto a cambio del aprovechamiento de hierro de baja concentración que se vendería una sola vez. Como si todo eso fuera poco, el gran argumento publicitario del gobierno también era falaz: que dejaría miles de millones de dinero en las arcas del Estado. La caída sistemática del precio internacional del metal fue dejando cada vez más en evidencia la baja rentabilidad que tendría el proyecto.
Vale recordar que esta iniciativa además incluía la construcción de un enorme ducto enterrado que recorrería cientos de kilómetros, desde las minas hasta la costa oceánica de Rocha, con el fin de conducir el metal mezclado con agua hasta la terminal portuaria; que también debía construirse para satisfacer las necesidades de la empresa privada, en una de las zonas con mayor valor turístico natural del país.
Las movilizaciones sociales adquirieron proporciones muy pocas veces vistas, pero la postura del gobierno era inamovible, hasta llegar a límites increíbles. Recordemos que el presidente de la República, apurado por firmar el contrato, anunció que trasladaría a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) a la órbita de la Presidencia para que sus informes técnicos sobre la viabilidad ambiental de los proyectos que se presentan, se hicieran en menor tiempo y más ajustados a la postura del presidente (y sin control parlamentario). En realidad la Dinama no podía realizar sus evaluaciones por falta de información relevante no aportada por la empresa.
Como resultado de estas movilizaciones populares en 2013 se creó el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería con el fin de impulsar un plebiscito nacional que considerara la prohibición de la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio nacional.
A la luz de los hechos parece ser este el único camino que nos garantice que nunca se autorizarán proyectos tan negativos para los intereses generales del país.
De una vez por todas la conducta de nuestros gobiernos debe estar en coincidencia con los hermosos discursos que pronuncian en foros internacionales, y respetando tantas convenciones firmadas.
Fuente: El País de Montevideo
