Por Hernán Sorhuet Gelós
Desde luego sigue en el “debe” la realización de estudios serios y en profundidad de la dinámica de poblaciones de las distintas especies que conforman nuestra fauna nativa
Uruguay.— A pesar de que desde hace muchas décadas rige un marco legal muy restrictivo en materia de las especies de la fauna silvestre que se pueden cazar, la depredación de las mismas campea en todo el territorio nacional.
El ancestral arraigo de los hábitos cinegéticos que aún pervive en nuestra sociedad, tanto por disfrute como por necesidad (alimentación y generación de dinero), es el principal responsable de que la ley no se respete.
Desde luego sigue en el “debe” la realización de estudios serios y en profundidad de la dinámica de poblaciones de las distintas especies que conforman nuestra fauna nativa, para saber a ciencia cierta, en qué casos se justifican restricciones totales y en cuáles parciales, en materia de extracción de ejemplares del medio natural. Porque al regir una prohibición como la actual, muchas personas que deciden salir de cacería sin tomar al pie de la letra las restricciones legales vigentes, suelen estar dispuestas a cazar lo que se les cruce, lo que incluye abatir ejemplares de valor excepcional para nuestra diversidad biológica (y de gran vulnerabilidad) como por ejemplo los venados de campo, yacarés o águilas mora.
Mientras esto no se resuelva importa mucho hacer cumplir rigurosamente la normativa vigente. Para lograrlo resulta esencial la coordinación que se logre entre las distintas autoridades competentes en la materia (Dirección Nacional de Medio Ambiente, Policía, Intendencias, Aduana, Poder Judicial) y, desde luego, contar con la valiosísima contribución que la población realice para que tenga éxito esta cruzada conservacionista —que simplemente pretende proteger el patrimonio biológico nacional.
En esta semana tan especial para los uruguayos, las actividades cinegéticas alcanzan uno de sus puntos más elevados del año. Lo habitual es que las autoridades redoblen esfuerzos en materia de concienciación y fiscalización en materia de la protección de la fauna. Aunque, desde luego, hay que insistir en que el problema no comienza ni termina en la Semana Santa o de Turismo.
Confiamos en que la modificación institucional que se efectivizó el año pasado, cuando las competencias relativas a la gestión de la fauna nativa pasaron del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (División de Áreas Protegidas y Fauna) al de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Dirección Nacional de Medio Ambiente) contribuya a mejorar la gestión oficial.
Tiene mucho más sentido que el uso sustentable y la preservación de los recursos faunísticos del país estén bajo la órbita de un ministerio creado para esos fines, y no de otro cuyo marcado perfil apunta a la productividad y la explotación de los recursos naturales.
Desde luego que la solución de fondo al problema que nos ocupa pasa por lograr un cambio cultural en la gente. Los controles y las eventuales sanciones son el último recurso al que se debe apelar para lograr la protección buscada. La verdadera conservación de nuestras especies y ecosistemas pasa por lograr un compromiso masivo de la población, especialmente de aquella vinculada directamente a los ambientes naturales. Las poblaciones locales deben ser los custodios y a la vez los principales beneficiarios del patrimonio que los rodea. Se trata de un cambio cultural que hará la diferencia, pero necesita de un protagonismo de primer orden del sistema educativo, de los medios de comunicación y de las redes sociales.
Fuente: El País de Montevideo, imagen
