Por Miguel Valencia
No cuesta mucho trabajo confirmar que la Constitución mexicana, con sus reformas, modificaciones y adiciones, y las leyes que sufrimos, fomentan la explotación desenfrenada de los acuíferos, los minerales, los hidrocarburos, los suelos, los bosques, las selvas y, en general, todos los bienes comunes; apoyan la devastación de los mares, ríos, lagos y el desastre climático y ecológico del mundo. En los últimos 25 años, las reformas y las leyes aprobadas por el “Congreso de la Unión” radicalizan esta explotación y devastación, con el fin de impulsar el crecimiento económico por medio del libre comercio, como podemos confirmarlo en cualquier territorio de México. No ha habido forma legal de detener en los últimos 20 años esta persistente destrucción ambiental, a pesar de tantas buenas intenciones contenidas en diversos textos constitucionales y legales.
Nada concreto en las leyes y las normas detiene significativamente la devastación ecológica del país que se encubre con dramáticos textos y declaraciones judiciales, legislativas, gubernamentales y partidistas, en defensa de la naturaleza y el medio ambiente. La actividad minera, gasera, petrolera, agropecuaria, industrial, transportista, turística, urbana, sanitaria, educativa, aceleran cotidianamente la destrucción de los bienes comunes, el ambiente y la ecología. Con apoyo en la Constitución y las leyes vigentes, los magistrados, jueces, constitucionalistas, abogados, en su gran mayoría habitualmente se inclinan por acciones jurídicas contra el agua, el clima, la diversidad de especies, la limpieza de los suelos o las atmósferas. En México, la legislación y la jurisprudencia son enemigas de los mejores intereses de la sociedad: están al servicio de la economía. ¿Podemos confiar en los expertos en constituciones y leyes que defienden las vigentes?
Los permisos para devastar el manglar de Tajamar en Cancún, las concesiones mineras e hídricas, la autorización para construir un gigantesco aeropuerto en el lago de Texcoco, la construcción del Gasoducto Morelos, las autorizaciones para la construcción del centro comercial Patio Tlalpan y el deprimido de Río Mixcoac e Insurgentes, entre muchos otros casos emblemáticos, confirman por enésima ocasión, la imposibilidad de detener legalmente el desastre ambiental, ecológico, cultural de México. Pronto estaremos en la miseria más completa. El estrepitoso fracaso de la súper reformada Constitución y las leyes que aprueba habitualmente el “Congreso de la Unión”, en el tema ambiental y los patrimonios naturales, va íntimamente ligado a su estrepitoso fracaso en los rubros sociales y culturales. Hay en México una muy extendida incapacidad en la creación de textos constitucionales y legales que de veras puedan contener la destrucción ambiental, social y cultural del país; una incapacidad creada por la religión de la economía que la sociedad mexicana no ha podido resolver: el imaginario social está muy contaminado por ideas económicas, economistas, economicistas.
¿Tiene alguna posibilidad la reforma política Peña-Mancera de cambiar este atavismo?
¿Es acaso la creación de nuevas leyes y constituciones el camino para frenar el desastre ecológico, urbano, social, económico, político y cultural de México?
Fuente: Teorema Ambiental, imagen
