Por: Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda)
México, D.F.— Ante la denuncia de la muerte de siete mil tortugas marinas en los últimos seis años, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desconoce las causas, y sin embargo se aventura a afirmar que la captura por las pesquerías no es la razón principal, ignorando que el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) reconoció en octubre que las pesquerías están capturando cantidades altas de quelonios, denunciaron las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Defenders of Wildlife de México.
Las organizaciones ambientales denunciaron que la captura incidental de tortuga amarilla por parte de las pesquerías en López Mateos, Baja California Sur, ha causado la muerte de por lo menos siete mil ejemplares en los últimos seis años, cuando ésta es una especie clasificada en peligro de extinción y protegida por la legislación ambiental mexicana y además por Japón y Estados Unidos.
El golfo de Ulloa es la zona de alimentación más importante de esta especie en el Pacífico oriental, la cual anida en costas de Japón y al nacer cruza el océano Pacífico para pasar diez o más años en aguas mexicanas alimentándose y creciendo para realizar el viaje de regreso a Asia para reproducirse. Solamente dos mil tortugas anidan en Japón anualmente mientras que en México las autoridades han permitido la muerte de más de siete mil en seis años.
En 2012, la mortandad de tortuga amarilla aumentó de forma alarmante en un 600 por ciento debido principalmente a la falta de regulación por parte de la Conapesca de las pesquerías que atrapan y ahogan a las tortugas en sus redes de pesca. Asimismo, desde 2005 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha titubeado y no ha decretado una zona de refugio para proteger el hábitat de alimentación de la especie ni ha regulado la pesca para así evitar el aumento en la mortandad de quelonios.
Hay una omisión grave de la Profepa y por lo tanto una violación a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ya que sabiendo de la evidencia que la pesca en esa zona está causando la mortandad de miles de tortugas, debió haber entablado procedimiento en contra de quien ocasiona la puesta en peligro de la preservación de población de tortuga amarilla y debe solicitar por lo tanto estudios de impacto ambiental.
“La Semarnat, Profepa y Conapesca no hicieron nada para proteger a la especie durante seis años y ahora incluso quieren esconder las causas de la masiva mortandad de la tortuga amarilla antes de que termine su administración. Están dejando la responsabilidad a la administración de Enrique Peña Nieto que deberá solucionar rápidamente este problema para evitar que sigan muriendo miles de tortugas marinas bajo su mandato”, dijo Juan Carlos Cantú, director de programas de Defenders of Wildlife de México.
Cabe recordar, además, que nuestro país ha suscrito compromisos internacionales en la materia que está obligado a cumplir, pues el 29 de noviembre de 2000, México ratificó la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, importante acuerdo internacional a nivel del continente americano, que contiene obligaciones para las partes en materia de protección de esta especie y su hábitat.
