Energía: la clave rumbo a Copenhague

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A pesar de las altas expectativas que el mundo ha depositado en la cumbre de Copenhague para reducir significativamente los efectos del calentamiento global, algunos especialistas consideran que las medidas que se han planteado hasta el momento no son capaces de resolver el problema de raíz, ya que para conseguir esto, sería necesario construir un nuevo modelo económico más amigable con el medio ambiente. Es por esto que la energía jugará un papel decisivo en las discusiones de diciembre próximo, dentro de la decimoquinta Conferencia de las Partes de la Convención del Clima (COP15) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a celebrarse en Copenhague, Dinamarca. Durante la cumbre, no sólo se definirán los nuevos mecanismos que se seguirán dentro del combate al cambio climático como continuación del Protocolo de Kioto (PK), sino que también se establecerán las bases de una nueva estructura energética que repercutirá en los intereses económicos y geopolíticos de las grandes potencias globales.
Manuel Hernández
Sólo dos grados centígrados separan al ser humano de los irreversibles efectos del cambio climático. Una amenaza global sin precedentes en la historia de la humanidad.
La evidencia científica es contundente. De acuerdo con la investigación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el incremento de dos grados centígrados a la temperatura promedio del planeta produciría una serie de consecuencias devastadoras que hasta el momento no han podido ser calculadas con precisión, debido a las múltiples reacciones en cadena que este fenómeno produciría en los ecosistemas y áreas como la agricultura.
Hasta ahora, las acciones del ser humano han elevado 0.74 grados centígrados la temperatura del planeta, debido a que los procesos de producción de energía basados en la quema de combustibles fósiles, utilizados desde la Revolución Industrial, producen una gran cantidad de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente bióxido de carbono (CO2).
Los gobiernos del mundo están conscientes de la amenaza, pero eso no ha sido suficiente para lograr acuerdos necesarios para reducir las emisiones. Por ello, los ojos del mundo están puestos en Copenhague, donde se definirán las políticas que deberán seguirse dentro del combate climático para los próximos años como una continuación del PK, a pesar de que todavía no ha podido llegarse a un acuerdo concreto sobre las metas específicas y la forma en que cada país asumirá su compromiso. Diciembre está a la vuelta de la esquina mientras las principales potencias económicas y los países en desarrollo siguen enfrascados en un debate sin salida.
Sin embargo, la discusión va más lejos. Hay quienes creen que para afrontar efectivamente la crisis ambiental será necesario revisar las estructuras sobre las que se ha construido el mundo en los últimos siglos para luego tratar de corregir las fallas. Y en todo esto, la energía es una pieza clave.
El factor económico
En los últimos años, el cambio climático ha sido un revulsivo que le ha permitido al ser humano replantearse varias cuestiones, ya sean filosóficas o sociales. Así ocurre con los múltiples cuestionamientos que se han desatado sobre la viabilidad del sistema económico vigente.
Las contradicciones del capitalismo moderno y su incompatibilidad con el cuidado del medio ambiente, han ocasionado que muchos economistas consideren necesario un cambio de sistema económico o, por lo menos, un rediseño estructural que resulte menos agresivo con el planeta.
No en balde, Nicholas Stern, ex economista en jefe del Banco Mundial (BM), ha calificado al cambio climático como “la mayor y más amplia falla del mercado jamás vista”.
Para Gian Carlo Delgado Ramos, especialista en economía ecológica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autor del libro Sin energía: cambio de paradigma, retos y resistencias, la cuestión de fondo en materia de cambio climático radica en entender la manera en que operan los patrones de consumo dentro del sistema capitalista.
“El gran problema tiene que ver con los patrones de consumo y la forma en que le fijamos el costo a la energía”, explica el investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), quien considera que las propuestas que han hecho los diversos actores de la comunidad internacional hasta ahora, ignoran las causas más profundas del cambio climático.
“El problema de los instrumentos internacionales desarrollados para controlar los gases de efecto invernadero, es que no señalan de forma explícita, al menos en los hechos, que el principal problema son los patrones de consumo. Desde Kioto, se está discutiendo qué tecnologías vamos a desarrollar, cómo las vamos a implementar y quién las va a pagar, pero en realidad no se está hablando de resolver el problema de fondo, sólo de disminuirlo”, indica Delgado Ramos.
Esto se debe a que cada producto que consumimos carga con una huella ecológica, es decir, una marca de devastación ambiental derivada de su proceso de producción, el cual requiere de un alto consumo energético. Algo muy difícil de percibir para el consumidor promedio, quien influenciado por la moda, la publicidad o el desarrollo tecnológico, adquiere toda clase de productos —muchas veces innecesarios— sin percatarse de las consecuencias ambientales que esto genera.
Además del consumo, existen otros indicios que sugieren la necesidad de cambiar el modelo económico actual a favor del medio ambiente. Una de estas señales, se encuentra en la forma en que el sistema económico determina el precio de la energía.
Para fijar el costo de un kilovatio (kW), por ejemplo, se toman en cuenta algunas variables como la relación entre oferta y demanda, la inversión necesaria para generarlo, los costos de transferencia o la eficiencia en el rendimiento de una máquina, pero no se incluye el impacto ambiental ni los efectos en la salud de la gente, que también tienen un costo. Ésta es una de las razones por las que los especialistas en economía ecológica creen que es necesario desarrollar una nueva metodología que ayude a medir con mayor exactitud el precio real de la energía.
Actualmente, todos los países de la comunidad internacional han manifestado la urgencia de sustituir los combustibles fósiles por energía limpia proveniente de fuentes renovables. El principal problema para completar esta transición energética se debe a los altos costos que tiene la energía solar o eólica en comparación con el carbón y el petróleo. Sin embargo, esta diferencia de costos no existiría si se tomaran en cuenta todas las implicaciones ambientales.
“Debido a que los combustibles fósiles no reflejan en sus costos todo el impacto ambiental que generan, son muy baratos. Dentro de una nueva contabilidad energética, el petróleo sería mucho más caro que cualquier otro tipo de energía alternativa si se tomaran en cuenta los efectos y las implicaciones en el corto-mediano plazo”, comenta Delgado, quien considera que al igual que ocurre con la energía, existen serias limitaciones para determinar el valor de los recursos naturales.
¿Cómo determinar el valor de un árbol? Una visión de la economía neoclásica, lo haría acorde al precio que paga una fábrica de papel, basado en los principios de oferta y demanda, pero el problema es que esta visión deja fuera todos los servicios ambientales que proporciona, tales como retención de CO2 o captación de agua, entre muchos otros.
Dentro de una contabilidad económica más completa se pueden estimar ciertos valores ambientales junto al valor de mercado, pero antes es necesario establecer qué variables se van a tomar en cuenta para calcular los costos, algo que no se especifica en una buena parte de los estudios económicos que pretenden medir el impacto económico que tendrá el cambio climático.
Por ello, especialistas como Delgado consideran que incluso documentos como el informe Stern, uno de los textos más citados dentro de las negociaciones previas a Copenhague, poseen serias limitaciones.
Lo mismo ocurre con muchos instrumentos financieros diseñados para combatir al cambio climático, tal como sucede con el mercado de bonos de carbono, una medida internacional que ya se encuentra en operación pese a las críticas de los expertos.
“Funcionarían muy bien si ponemos que la tonelada de carbono cuesta miles de dólares, pero en realidad es un mecanismo que establece como principio que el que más contamina puede hacerlo si paga por ello. Los bonos de carbono no son más que una transferencia de ‘derechos para contaminar’, por decirlo de alguna manera”, explica el investigador, quien consideró que el factor clave para que estos mecanismos financieros puedan convertirse en una realidad, está en la manera en que se establecen las tasas de interés de los servicios ambientales.
Muchos creen que éste es el secreto para crear un marco regulatorio suficientemente sólido, el cual permita que invertir en el medio ambiente sea un negocio atractivo.
“Los gobiernos deben crear una legislación a largo plazo, coherente y global para limitar las emisiones. Sólo entonces, los inversionistas tendrán la confianza para poner dinero en industrias verdes y en las cantidades necesarias para hacer una diferencia. En la actualidad, existe una resistencia a invertir en este sector debido al riesgo de que la normatividad puede cambiar en cualquier momento”, explica Kevin Parker, director global de administración de activos de Deutsche Bank, desde sus oficinas en la ciudad de Nueva York.
“El requisito más importante de este sistema de regulación es que los gobiernos establezcan un precio al carbono. Hay varias maneras de hacer esto (tales como bonos de carbono o un impuesto), pero el resultado deberá ser el de poner un precio a la contaminación causada por la quema de combustibles fósiles. Esto permitirá al mercado por primera vez establecer el costo real de los combustibles fósiles en relación con las energías renovables”, indica Parker, quien añadió que hasta el momento los bonos de carbono han tenido un impacto limitado en el mercado global.
En la actualidad, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), ha desarrollado una serie de estándares ambientales y climáticos, plasmados en sus Principios Ecuatoriales, destinados a disminuir el impacto de los proyectos financieros en materia de cambio climático.
De acuerdo con información de la consultora New Energy Finance, en 2008 el mundo invirtió un total de 155 mil millones de dólares en energía renovable. La energía eólica obtuvo el mayor nivel de inversión con un monto de 51 mil 800 millones de dólares, seguida por la energía solar, con 33 mil 500 millones. En tercer sitio se ubican los biocombustibles con 16 mil 900 millones.
Sin embargo, para muchos investigadores, todavía no ha quedado claro cuál es el papel que desempeñan instituciones financieras como el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dentro de la lucha contra el cambio climático. A decir de diversos estudios, estos organismos han jugado con un doble discurso muy poco favorable para el medio ambiente, a pesar de las inversiones que realizan en proyectos de desarrollo sostenible.
Los números resultan contundentes. Se calcula que el BM gasta entre dos y tres mil millones de dólares anuales en proyectos relacionados con la energía fósil, de acuerdo con datos del Bank Information Center. Tan sólo de 1992 a 2004, el BM otorgó 28 mil millones de dólares para la creación de plantas de generación eléctrica y extracción de combustibles fósiles que han tenido un costo ambiental cercano a las 43 mil millones de toneladas de CO2.
Ante este panorama, parece poco probable que la inversión en energía renovable o la aplicación de algún sofisticado instrumento financiero sean la solución de la crisis ambiental si antes no logramos cambiar la manera en que consumimos.
Un caso concreto de esto es lo que ocurre en China. A pesar de que en la actualidad el gigante asiático es el cuarto país en generación de energía renovable, sus emisiones se han incrementado velozmente hasta alcanzar un crecimiento de 11 por ciento anual de 2004 a 2007, según estudios de la Universidad
de California, una cifra muy cercana al nivel de crecimiento que registró la economía china en el mismo
periodo. Si las predicciones son correctas, el gigante asiático podría aumentar sus patrones de consumo hasta en un 150 por ciento para 2030. Algo que resultaría devastador para el planeta, tomando en cuenta el tamaño de su población, cercana a los mil millones de habitantes.
Las implicaciones políticas
Muchos expertos coinciden en que la transición energética hacia fuentes limpias ya ha dado sus primeros pasos, gracias a lo que parece ser un inminente agotamiento de los combustibles fósiles.
De acuerdo con diversos estudios realizados por geólogos petroleros como Colin Cambell, Kenneth Defferyes y L. F. Ivanhoe, el pico mundial en la producción petrolera se alcanzará antes del año 2010. Algunos más optimistas, como Thomas Magno, sugieren que el punto máximo podría alcanzarse hasta 2020. Sin embargo, todos ellos coinciden en que a mediano plazo, el petróleo dejará de ser una fuente redituable debido a que resultará sumamente costoso extraer el petróleo disponible en las reservas existentes.
Pero esto no sólo dará un vuelco a la economía global, sino también a la manera en que se desarrollan las relaciones de poder en el mundo.
Mucho de lo que se discuta en la cumbre de Copenhague servirá para afianzar intereses particulares de los países, los cuales van desde satisfacer su consumo energético hasta la apropiación de nuevas tecnologías que surjan a raíz de la transición energética.
“Creo que la cuestión internacional en materia de energía no está ausente de un ejercicio del poder. Es muy clara la competencia a nivel de las grandes potencias por la apropiación y el acceso a los recursos energéticos presentes y futuros. Esta competencia y el mantenimiento de la hegemonía se vuelven fundamentales en el diseño de la estructura de integración energética”, indicó Rocío Vargas Suárez, doctora en ingeniería energética por la UNAM e investigadora adscrita al Centro de Investigaciones sobre América del Norte.
Durante su intervención en la mesa de debate “Los modelos regionales de la seguridad energética y el desarrollo sustentable”, organizada por la UNAM, la especialista señaló el caso concreto de Estados Unidos como un referente inmediato capaz de explicar la manera en que funcionan estas relaciones de poder, tal como se ha podido constatar claramente con la intervención militar estadounidense en países como Iraq y Afganistán, pues desde un principio, la incursión americana en Medio Oriente persiguió un objetivo claro: asegurarse de fuentes de petróleo que le permitieran satisfacer su alto consumo energético.
Sin embargo, la problemática no es propia de aquella región. Para Vargas, el caso de México y Estados Unidos es otro ejemplo claro de cómo funcionan estas relaciones de poder, pues consideró que la política energética mexicana de las últimas décadas está más enfocada en satisfacer las necesidades energéticas estadounidenses, en lugar de estar orientada hacia un beneficio propio.
Por ello, hay quienes creen que la diversificación de fuentes de energía no sólo podría mejorar las condiciones del medio ambiente, sino también las tensiones internacionales.
“Si los combustibles fósiles no son la única posibilidad energética a nivel mundial, se reducirían notablemente los conflictos internacionales”, expresó la doctora Svenja Blanke, representante de la Fundación Friedrich Ebert en México, quien consideró que el tema energético será una de las prioridades para redefinir la agenda política internacional de los próximos años ante la creciente demanda mundial de energía.
Al menos así lo muestran datos de organismos internacionales como la ONU, los cuales sugieren que factores como el crecimiento de la población y el desarrollo económico en regiones emergentes, incrementarán la demanda energética hasta en un 50 por ciento para el año 2030.
Otros académicos van más allá al sugerir que la actual crisis ambiental es mucho más profunda, y que incluso, pone en riesgo la estabilidad y sostenibilidad del Estado moderno.
“El problema es que al entrar en crisis el medio ambiente, también lo harán las fuentes de abastecimiento de energía y los intereses de los países productores”, explicó como Alejandro Chanona Burguete, doctor en ciencia política e investigador del Centro de Estudios Europeos de la UNAM.
Y son precisamente dichos intereses los que determinan gran parte de la política energética y exterior de las grandes potencias, ya que la forma en que se establecen los criterios de seguridad energética de cada país tiene mucho que ver con la manera en que cada nación produce su propia energía.
Para un importador neto de energía como Japón, incluye contar con fuentes de suministro externo lo mas confiables y seguras posible. Para un exportador neto como Arabia Saudita, implica satisfacer el total de su demanda con oferta nacional de energéticos primarios. Los productores diversificados pueden darse el lujo de seleccionar la fuente de suministro, tal como ocurre con Noruega, país que opto por la hidroelectricidad como fuente básica de su balance energético a pesar de ser uno de los mas importantes países petroleros de Europa.
Las posturas
Ante este panorama, algunos actores del plano internacional como la Unión Europea (UE) han decidido apostarle a la energía renovable para reducir su dependencia de la energía fósil y poder alcanzar los objetivos planteados de reducir sus emisiones hasta en un 80 por ciento para 2050, así como otras metas a menor plazo programadas para 2020, tales como reducir 20 por ciento sus emisiones y su consumo energético, además de que la energía renovable cubra 20 por ciento de la demanda energética total de Europa.
“Creo que el abastecimiento ininterrumpido de energía siempre y cuando no dañe al medio ambiente, es la síntesis del debate europeo, que se abre mucho y va más allá de Kioto”, explica Chanona, quien considero que para alcanzar estas metas, la UE deberá resolver algunas cuestiones internas cuya complejidad incluso podría desestabilizar ciertas regiones del continente, tal como ocurre con la dependencia de Europa del Este a la importación de gas ruso.
Según cifras de Eurostat, la oficina europea de estadística, la UE importa 53.1 por ciento de sus requerimientos en energía. Al mismo tiempo, mantiene una dependencia de petróleo cercana a 50 por ciento y 25 por ciento en el caso del gas natural.
Algunos analistas creen que existe una fuerte contradicción entre las metas planteadas por la UE y los proyectos que ha venido desarrollando en materia energética, tal como la construcción de un inmenso gaseoducto desde el este de Europa hasta Austria, el cual podría tener un fuerte impacto no sólo ambiental sino también geopolítico. Al menos así lo ha sugerido la fuerte disputa entre los dos proyectos que pretenden construir este gaseoducto, Nabucco y South Stream, mismos que han desatado una acalorada guerra de intereses entre varios países de la región.
Pese a todo lo anterior, algunos datos muestran que el balance en cuanto a la reducción de emisiones ha sido positivo en los últimos años. Las emisiones de los 27 países de la UE bajaron 1.2 por ciento en 2007, a pesar de haber registrado un crecimiento económico de 2.9 por ciento.
“La UE tiene una urgencia de resolver cómo van a sustituir el uso de combustibles fósiles, ya que es la única posibilidad que tiene para conseguir una reducción sustantiva de emisiones de entre un 20 y 30 por ciento. Esto nos lleva a la conclusión de que el gran reto post-Kioto, será lograr el consenso global y una actuación conjunta. Si no tienen aliados con la misma visión, que incluya a México y el resto de América Latina, y no logran jalar a la administración Obama, poco o nada se podrá lograr”, indica Chanona.
Y mientras tanto, las negociaciones parecen seguir estancadas, ante las posturas encontradas de los países desarrollados y los países en desarrollo. El principal punto de discusión radica en definir puntualmente cuál es el deber de cada país dentro de la lucha contra el cambio climático dentro del principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, tal como se acordó durante la cumbre de Bali.
Por un lado, las potencias globales buscan que los países en desarrollo asuman metas de reducción de emisiones precisas, cercanas a 50 por ciento para 2050, tal como lo propuso recientemente el Grupo de los Ocho (G-8) durante la reunión de jefes de Estado celebrada en L’Aquila, Italia.
En contraparte, los países en desarrollo buscan que sean las potencias las que asuman una “responsabilidad histórica” del problema, pues argumentan que el fenómeno del cambio climático no es nuevo, sino que se ha venido gestando en los países altamente desarrollados desde el inicio de la Revolución Industrial, en el siglo XIX. Otro argumento es el consumo per cápita, es decir, el consumo por habitante derivado del gasto total de energía de los países y sus respectivos tamaños de población.
El caso de China y Estados Unidos ejemplifica a la perfección esta problemática. Aunque datos recientes señalan que las emisiones netas de China ya han rebasado a las de EU, un ciudadano chino emite casi cinco veces menos que un estadounidense promedio. Sin embargo, ambos países son responsables de 40 por ciento de todas las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, de acuerdo con información de la Agencia Internacional de Energía.
Por ello, la actuación de estas dos potencias definirá un gran porcentaje de las negociaciones de Copenhague, ya que ningún acuerdo internacional será efectivo si no se suman tanto chinos como estadounidenses. Incluso hay expertos en política internacional que han acuñado el término del G-2 para referirse a estas dos naciones, las cuales representan a los países más grandes de ambos bloques.
La imposibilidad de llegar a un acuerdo ha provocado que el desaliento generalizado al término de las reuniones internacionales sea cada vez más común. Así ocurrió en junio pasado luego de la reunión de Bonn, Alemania, donde se pretendía escribir un borrador previo a Copenhague. Se esperaba que durante esta reunión, países como Estados Unidos, Australia, Rusia y Nueva Zelanda definieran sus metas de reducción de emisiones para 2020, algo que finalmente no ocurrió.
Esto provoco que organizaciones ambientalistas como Greenpeace o WWF, denunciaran pasividad, falta de voluntad política y ambición para reducir emisiones en los próximos anos dentro de las negociaciones.
Pese a que todavía habrá que esperar lo que ocurra en las reuniones de Bangkok y Barcelona, que se desarrollarán respectivamente en los meses de septiembre y noviembre, las esperanzas de alcanzar un acuerdo mundial se van disipando lentamente.
“Mientras no se integren países como India o China, se va a lograr muy poco. No se van a dar los acuerdos que estamos esperando”, señala Sandra Guzmán Luna, analista de asuntos internacionales del Programa de Aire y Energía del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
“Lo que sí habrá son avances en temas como adaptación, financiamiento y cuestiones de red, que tienen que ver con bosques, pero serán acuerdos muy pequeños en comparación con lo que se ha estado especulando”, puntualizó la experta en relaciones internacionales, quien ha seguido de cerca las negociaciones.
El tiempo se agota, la moneda sigue en el aire y la temperatura sigue aumentando. Aunque la COP15 no logre cumplir con las expectativas, todavía hay quienes piensan que no todo está perdido, ya que podría sentar las bases para que los cambios necesarios empiecen a darse con mayor rapidez. Primero reducir emisiones y luego lo que sigue. Esperemos que no sea demasiado tarde.
Los costos sociales de la energía renovable
Si bien existe una tendencia mundial hacia un mayor desarrollo en cuanto a energía renovable, algunos especialistas creen que es necesario revisar las repercusiones sociales que tienen estas nuevas formas de generar energía.
Esto, debido a que muchos proyectos de energía renovable alrededor del mundo han sido frenados por el descontento de algunos grupos humanos, quienes al final del día no reciben ningún beneficio directo derivado de estos proyectos.
“En diferentes estudios realizados en Inglaterra, Estados Unidos y México he encontrado que los aspectos sociales pueden causar demoras y pérdidas monetarias cuando no son considerados tempranamente en los planes de desarrollo de energías renovables”, comentó el profesor Martin Pasqualetti, del Departamento de Ciencias Geográficas de la Universidad Estatal de Arizona.
“Hay que entender las circunstancias del área en que se trabaja. Habrá algunas cosas que puedan aplicarse en todas partes, como la construcción de turbinas (eólicas) más eficientes, pero habrá otras que requieran conocer la sensibilidad de la gente que vive ahí, el impacto al entorno natural y qué clase de regulaciones aplican”, añadió el académico estadounidense, luego de una visita de trabajo por Oaxaca.
Por su parte, Debora Ley, investigadora de la Escuela de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Oxford, consideró benéfico que se tomen en cuenta factores legales, políticos y culturales, para que las comunidades puedan salir beneficiadas mediante fuentes de trabajo y otro tipo de medidas que generen una mejor calidad de vida.
“Debemos valorar la importancia de la infraestructura humana e institucional dentro de la implementación de proyectos, es decir, considerar la participación de todas las personas en la localidad y no nada más enfocarnos en la tecnología”, explicó la especialista.
Financiar la transición
Hasta el momento, existen 18 propuestas de financiamiento mundial para reducir emisiones, de las cuales tres se han venido discutiendo con fuerza. Una de ellas es el Fondo Verde planteado por el gobierno mexicano, con el cual, se busca que cada país aporte una cantidad acorde a su nivel de desarrollo para poder invertir en proyectos de reducción de emisiones y tener acceso a transferencia tecnológica que permita mejoras en cuanto a producción y eficiencia energética.
Otra propuesta impulsada por el gobierno chino y apoyada por buena parte de los países más pobres del mundo, plantea metas muy similares al Fondo Verde pero con un énfasis más marcado hacia la responsabilidad de los países desarrollados.
En contraparte, Noruega ha puesto sobre la mesa un proyecto para subastar emisiones de carbono, el cual ha tenido buena acogida entre la comunidad internacional. Incluso, algunos analistas consideran viable la posibilidad de que México y Noruega puedan presentar una propuesta conjunta dentro de Copenhague, a pesar de que las negociaciones entre ambos países continúan sin ningún anuncio oficial al respecto.
La OMC frente al calentamiento global
En el informe ‘El sistema multilateral de comercio y el cambio climático’, la Organización Mundial de Comercio expone que la apertura del comercio puede contribuir a los esfuerzos por mitigar el cambio climático y adaptarse a el, propiciando la asignación eficaz de los recursos mundiales (incluidos los recursos naturales) y elevando los niveles de vida de la población, lo cual fomentaría la demanda de una mejor calidad ambiental, además de aumentar el acceso a los bienes y servicios ambientales.
Antecedentes de la COP 15
1992. Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, Brasil). Adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidos sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en ingles).
1997. Firma del Protocolo de Kioto, en el cual los gobiernos del Anexo I se comprometieron a reducir un 5 por ciento las emisiones contaminantes a escala global, tomando como referencia los niveles de 1990.
2001. Aprobación final del Protocolo de Kioto en Marrakech. Anuncio oficial de Estados Unidos de no ratificarlo.
2005. Entra en vigencia el Protocolo de Kioto. Hasta ahora, el acuerdo ha sido ratificado por 179 países.
2006. Publicación del Informe Stern sobre la economía del cambio climático, el cual señala que la inacción humana podría costar cerca del 20 por ciento del PIB mundial.
2007. Publicación del Cuarto Informe de Evaluación del IPCC pone en evidencia la gravedad y velocidad del cambio climático.
2007. Hoja de Ruta de Bali. Lanzamiento de negociaciones para llegar a un acuerdo de cooperación de largo plazo en el encuentro que se realizara en Copenhague a fines de 2009.
2008. Inicia el periodo 2008-2012, en el cual se deberán cumplir con los compromisos pactados en Kioto.
Emisiones por mar y aire
Los combustibles de la aviación internacional contribuyen con cerca de 397 millones de toneladas anuales de emisiones de bióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. Sin embargo, hasta ahora se ha mantenido fuera del marco internacional de cambio climático. La Comisión Europea considera que deben incluirse sus emisiones. Algo similar ocurre con el transporte marítimo internacional, el cual contribuye con 583 millones de toneladas anuales, según datos de la Agencia Internacional de Energía.
África captura más carbono de la atmósfera del que emite
A pesar de que África contribuye de forma importante a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero a partir de la devastación forestal, puede estar absorbiendo más carbono de la atmósfera del que emite, según datos de CarboAfrica, un proyecto internacional de investigación en el que intervienen 15 organizaciones de África y Europa, entre ellas la FAO. De África proviene sólo un 4 por ciento del bióxido de carbono procedente de combustibles fósiles.

A pesar de las altas expectativas que el mundo ha depositado en la cumbre de Copenhague para reducir significativamente los efectos del calentamiento global, algunos especialistas consideran que las medidas que se han planteado hasta el momento no son capaces de resolver el problema de raíz, ya que para conseguir esto, sería necesario construir un nuevo modelo económico más amigable con el medio ambiente. Es por esto que la energía jugará un papel decisivo en las discusiones de diciembre próximo, dentro de la decimoquinta Conferencia de las Partes de la Convención del Clima (COP15) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a celebrarse en Copenhague, Dinamarca. Durante la cumbre, no sólo se definirán los nuevos mecanismos que se seguirán dentro del combate al cambio climático como continuación del Protocolo de Kioto (PK), sino que también se establecerán las bases de una nueva estructura energética que repercutirá en los intereses económicos y geopolíticos de las grandes potencias globales.

Manuel Hernández

laclaveSólo dos grados centígrados separan al ser humano de los irreversibles efectos del cambio climático. Una amenaza global sin precedentes en la historia de la humanidad.

La evidencia científica es contundente. De acuerdo con la investigación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el incremento de dos grados centígrados a la temperatura promedio del planeta produciría una serie de consecuencias devastadoras que hasta el momento no han podido ser calculadas con precisión, debido a las múltiples reacciones en cadena que este fenómeno produciría en los ecosistemas y áreas como la agricultura.

Hasta ahora, las acciones del ser humano han elevado 0.74 grados centígrados la temperatura del planeta, debido a que los procesos de producción de energía basados en la quema de combustibles fósiles, utilizados desde la Revolución Industrial, producen una gran cantidad de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente bióxido de carbono (CO2).

Los gobiernos del mundo están conscientes de la amenaza, pero eso no ha sido suficiente para lograr acuerdos necesarios para reducir las emisiones. Por ello, los ojos del mundo están puestos en Copenhague, donde se definirán las políticas que deberán seguirse dentro del combate climático para los próximos años como una continuación del PK, a pesar de que todavía no ha podido llegarse a un acuerdo concreto sobre las metas específicas y la forma en que cada país asumirá su compromiso. Diciembre está a la vuelta de la esquina mientras las principales potencias económicas y los países en desarrollo siguen enfrascados en un debate sin salida.

Sin embargo, la discusión va más lejos. Hay quienes creen que para afrontar efectivamente la crisis ambiental será necesario revisar las estructuras sobre las que se ha construido el mundo en los últimos siglos para luego tratar de corregir las fallas. Y en todo esto, la energía es una pieza clave.

El factor económico

En los últimos años, el cambio climático ha sido un revulsivo que le ha permitido al ser humano replantearse varias cuestiones, ya sean filosóficas o sociales. Así ocurre con los múltiples cuestionamientos que se han desatado sobre la viabilidad del sistema económico vigente.

Las contradicciones del capitalismo moderno y su incompatibilidad con el cuidado del medio ambiente, han ocasionado que muchos economistas consideren necesario un cambio de sistema económico o, por lo menos, un rediseño estructural que resulte menos agresivo con el planeta.

No en balde, Nicholas Stern, ex economista en jefe del Banco Mundial (BM), ha calificado al cambio climático como “la mayor y más amplia falla del mercado jamás vista”.

Para Gian Carlo Delgado Ramos, especialista en economía ecológica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autor del libro Sin energía: cambio de paradigma, retos y resistencias, la cuestión de fondo en materia de cambio climático radica en entender la manera en que operan los patrones de consumo dentro del sistema capitalista.

“El gran problema tiene que ver con los patrones de consumo y la forma en que le fijamos el costo a la energía”, explica el investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), quien considera que las propuestas que han hecho los diversos actores de la comunidad internacional hasta ahora, ignoran las causas más profundas del cambio climático.

“El problema de los instrumentos internacionales desarrollados para controlar los gases de efecto invernadero, es que no señalan de forma explícita, al menos en los hechos, que el principal problema son los patrones de consumo. Desde Kioto, se está discutiendo qué tecnologías vamos a desarrollar, cómo las vamos a implementar y quién las va a pagar, pero en realidad no se está hablando de resolver el problema de fondo, sólo de disminuirlo”, indica Delgado Ramos.

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