Por: Carlos Álvarez Flores*
El Protocolo de Montreal es un acuerdo global que obliga a las partes (países miembros) a proteger la capa de ozono; entró en vigor el 1 de enero de 1989 y México es sujeto obligado. Su objetivo es la eliminación de las emisiones mundiales de sustancias que agotan el ozono (SAO), como son los gases refrigerantes CFC, clorofluorocarbonos, como el R-12, HCFC hidroclorofluorocarbonos, como el R-22 y zeotropos, que son mezclas que usamos en los refrigeradores y en los equipos de aire acondicionado. Ahora sabemos que son sustancias que tienen un alto potencial como gases de efecto invernadero (GEI), que causan el grave problema del calentamiento global, y algunos, como el R-13, pueden calentar nuestro planeta hasta 14 mil veces más que el CO2. Debo recordarles que si destruimos la capa de ozono, tendremos graves daños en nuestra salud (como cáncer de piel) por los rayos ultravioleta que diariamente nos envía la radiación solar.
Es muy importante recalcar que nuestro país ha recibido en los últimos 20 años, más de 113 millones de dólares de parte del Fondo Multilateral para la Implementación del Protocolo de Montreal para eliminar estos gases refrigerantes que contienen nuestros equipos de refrigeración domésticos e industriales. Por eso vemos con beneplácito que nuestro gobierno federal inició desde el año 2008 el Programa Nacional de Sustitución de Refrigeradores y equipos de aire acondicionado. Los objetivos de este excelente programa son dos: por una parte, el ahorro de energía y, por la otra, eliminar estos gases refrigerantes, que nos causan dos graves impactos ambientales: calientan el planeta y destruyen la capa de ozono.
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía (Fide), que dirige el doctor Juan Manuel Carreras López, es responsable de la autorización de 100 personas físicas y morales para que operen como Centros de Acopio y Destrucción (CAD) de estos equipos. Y la Semarnat, a través de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Contaminantes, cuya titular es Ana Ma. Contreras Vigil, autorizó 14 Centros de Reciclado de Refrigerantes (CRR) en todo nuestro país. Todo parecía estar en orden, hasta que nuestra organización ambientalista, como miembro del nuevo Comité Consultivo Nacional para la Gestión Integral de Sustancias Químicas, Compuestos Orgánicos Persistentes y Residuos Peligrosos sujetos a Convenios Internacionales en Materia Ambiental de la Semarnat, periodo 2011-2014, realizó una verificación de estos sitios y encontramos que no cuentan con sus respectivas autorizaciones federales, como son la de Centro de Acopio de Residuos Peligrosos y la de Manejo en Sitio de Residuos Peligrosos, toda vez que al reciclar y recuperar todos los materiales de estos equipos, como los mismos gases refrigerantes, aceites, vidrio, acero, plásticos, aluminio y otros, tienen que cumplir con los requisitos siguientes: la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, la Nueva Ley General de Cambio Climático publicada por el Decreto del 5 de junio de 2012, que nos obliga a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También deben cumplir con la norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 para Residuos Peligrosos, así como con el acuerdo mediante el cual se informa al público en general el calendario de reducción en el consumo y en los inventarios de clorofluorocarbonos en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de marzo de 2007 y los propios requisitos del Fide.
Los 100 Centros de Acopio y Destrucción que fueron autorizados están distribuidos en toda la República Mexicana, en los estados de Aguascalientes, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Campeche, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Oaxaca. Y los 14 Centros de Reciclado de Refrigerantes, están en Acapulco, Guerrero; Ciudad Juárez, Chihuahua; Culiacán, Sinaloa; Distrito Federal; Banderilla, Veracruz; Zapopan, Jalisco; Hermosillo, Sonora; Mérida, Yucatán; Mexicali, Baja California; Monterrey, Nuevo León; Oaxaca, Oaxaca; Villahermosa, Tabasco, y Celaya, Guanajuato.
Desgraciadamente por graves omisiones de parte de los funcionarios tanto del Fide como de la propia Semarnat, estos 114 empresarios han estado operando desde 2008 sin contar con sus permisos federales para operar y manejar estos gases refrigerantes, que son considerados como residuos peligrosos. Por lo que estamos frente a una situación de grave riesgo, ya que si indebidamente estos 114 empresarios han liberando importantes cantidades de estos gases refrigerantes, que pueden llegar a ser hasta de 40 toneladas de gases contenidos en aproximadamente un millón 350 mil refrigeradores, que presume el gobierno federal como el número de equipos que han sido retirados del mercado y que han sido sustituidos en estos cuatro años, estamos frente a graves delitos ambientales, contemplados claramente en el artículo 414 del Código Penal Federal vigente con los consecuentes daños ambientales, como son la destrucción de la capa de ozono y de grandes emisiones de gases con alto potencial como gases efecto invernadero, que en este caso, las 40 toneladas de gases refrigerantes serían equivalentes a más de un millón 300 mil toneladas de CO2.
Por eso el lunes 16 de julio de 2012, presentamos ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una denuncia popular en contra de estos 114 sitios autorizados, a fin de que sean sancionados y clausurados total y temporalmente en tanto no reúnan los requisitos que exige nuestra normatividad ambiental vigente y también estamos exigiendo a la Profepa, que de acuerdo con el artículo 132 del reglamento interno de Semarnat, dé vista a los agentes del Ministerio Público Federal de todas las entidades federativas donde se encuentran estos 114 sitios a fin de que la Procuraduría General de la República abra las averiguaciones previas correspondientes para que se deslinden los presuntos delitos ambientales federales y las responsabilidades penales, tanto de los empresarios como de los funcionarios federales que no exigieron debidamente, previo a la operación de estos centros, sus autorizaciones federales.
* Presidente de México, Comunicación y Ambiente, AC. Ingeniero químico industrial y asesor ambiental. Comentarios y críticas a http://www.carlosalvarezflores.com, activista@carlosalvarezflores.com, Twitter: @calvarezflores
