Por: Difunet
Los ejidatarios de los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit en cuyas tierras se construyó la autopista Mazatlán-Durango y el Puente Baluarte son víctimas no sólo de los ex funcionarios de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, sino también de las empresas constructoras que han dañado a sus comunidades y el medio ambiente y se niegan a realizar las reparaciones de los daños que son aún incuantificables.
Ernesto Pérez Virgen, representante de los 29 ejidos afectados, informó en días pasados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que “las constructoras a quienes ustedes les han concesionado nuestras tierras para construir la autopista han provocado daños a nuestra productividad, a nuestros bosques, a nuestros ojos de agua, a nuestros pastizales, a nuestros pueblos sin que a esas constructoras se les haga responsable de reparar estos daños que nos han ocasionado”.
Las constructoras a las que se refieren los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de los tres estados son la española Aldesa con su filial Aldesem, Omega Construcciones Industriales y Carso Infraestructura de Carlos Slim, entre otras.
Una de estas empresas, la española Aldesa, es investigada en España como parte del proceso que se sigue a Luis Bárcenas por la doble contabilidad en el PP, por presuntas donaciones al Partido Popular, es decir, presunta corrupción en la etapa del gobierno de José María Aznar, para la adjudicación de contratos de obra.
El representante de los campesinos advirtió que los daños son cuantiosos y “queremos que se realice avalúo por los daños… que las autoridades correspondientes realicen la cuantificación de los daños y obliguen a las constructoras a la reparación de los mismos. No queremos ser nosotros quienes pongamos el precio porque la tierra como estaba es invaluable”.
Por ejemplo, en el ejido Pueblo Nuevo de Durango dañaron el bosque reproductor de la guacamaya verde (Ara Militaris), que es una especie en peligro de extinción, y también fue afectada una de las zonas de mayor productividad forestal, Pino Gordo. En los ejidos Chavarría Nuevo, Chavarría Viejo y Comunidad de Chavarría Nuevo les incomunicaron sus servicios turísticos de cabañas, las zonas forestales de producción agrícola y ganadera, les aterraron (llenaron de escombro y piedra) los saltos de agua, manantiales y arroyos.
El Pueblo de Coscomate prácticamente lo enterraron y dividieron con el paso de la autopista, perdiendo los ejidatarios pobladores del lugar el millón 200 mil pesos que recibían anualmente por el concepto de servicios ambientales (proteger y cuidar la zona boscosa) por parte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
En Nayarit incomunicaron 23 pueblos rumbo a la sierra, que es paso ganadero, desviaron el río Acaponeta, provocando grandes inundaciones, lo mismo que en el río Pánuco. Secaron ojos de agua que alimentaban a poblaciones completas e incomunicaron cerca de dos mil hectáreas productivas de mango, además de que construyeron alcantarillas enanas, que ha provocado inundaciones a parcelas.
En tanto, en Sinaloa la Dirección de la SCT con el apoyo del gobierno municipal de Mazatlán encabezado por Alejandro Higuera Osuna, instrumentaron acciones penales y represivas contra líderes ejidales y pequeños propietarios que plateaban negociar el pago de la tierra en donde se está construyendo el libramiento tres: los dirigentes ejidales y pequeños propietarios siguen un proceso penal a pesar que la PGR ha dictaminado que los encarcelados no estaban en el lugar que señaló la SCT en la denuncia penal.
En prácticamente todos los casos el material y residuos vertidos en los arroyos, van a contaminar las presas con azolves, como lo advirtió la Profepa en estudios realizados. “Uno de los españoles de Aldesa nos dijo, pero lezzzh vamos a dejar una zzzhupercarretera”, expresó José Luis Coria Quiñones.
Los ejidatarios exigen que se construyan los puentes, caminos sacacosechas y pasos de ganado ya dados a conocer a los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los responsables de las empresas constructoras, así como la reparación de los cauces de los arroyos, de los ríos Pánuco y Acaponeta; la recuperación de los ojos de agua, así como la reforestación de los bosques y pastos que alimentan el ganado y la fauna silvestre.
Los daños no sólo afectan la circulación de los productos agrícolas y ganaderos de los campesinos, sino que provocan un mayor empobrecimiento en sus ingresos económicos y disminuyen sus niveles de alimentación familiar y lesionando sus niveles de vida y su futuro como sujetos productivos, agregó Pérez Virgen.
