Enfrentar la problemática ambiental implica cumplir con la aplicación de la ley y concretar cambios legislativos de manera transversal.
¿Hay algo que celebrar en este Día Mundial de Medio Ambiente en el que México es sede?, siendo que no están sentadas las bases para lograr un estado de derecho en materia ambiental, por lo que difícilmente México podrá cumplir con los compromisos internacionales a corto plazo del Protocolo de Kyoto en el 2012, que servirían para cumplir en un mediano plazo con la reducción en 50% de las Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) para el 2050. Son muchos los cambios que debieran estarse concretando para enfrentar la problemática ambiental en el país, y que ni siquiera se ha comenzado a trabajar de manera transversal con los programas de cada dependencia gubernamental.
Ante este panorama, el Centro Mexicano de Derecho Aambiental (CEMDA), cuestiona la existencia de un estado de derecho en materia ambiental en el país; considerando como pendientes más graves, los siguientes:
Dos de los frentes para atacar la problemática ambiental son las políticas públicas y el marco legal. En cuanto al primero, el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), herramienta de política pública intersecretarial para la mitigación del cambio climático y que implica una revisión de los diferentes sectores en torno a su relación con el medio ambiente; no solo no ha salido después de un año de retraso para establecer la operación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, sino que cuando salga las metas y objetivos específicos, medibles y cuantificables de lo que México debiera hacer para contribuir a reducir sus emisiones de CO2, sólo serán aspiracionistas y el mismo Programa advierte no ser vinculante.
En cuanto al segundo punto, el marco legal, en materia al acceso a la justicia ambiental, la protección del derecho constitucional de todas las personas a vivir en un medio ambiente adecuado sigue siendo una letra muerta, ya que la legislación, las instituciones y los procedimientos que tenemos para la defensa del medio ambiente son insuficientes, muchos de ellos no contienen mecanismos idóneos o no se respetan ni por las propias autoridades que deben hacerlo valer, o no los conocen y por ende tenemos malas interpretaciones de los jueces o de las autoridades que deben aplicar la letra de la ley. Al momento, no existe tutela efectiva de los derechos ambientales, lo que repercute en el deterioro indiscriminado de los recursos naturales, sin que las comunidades o individuos afectados puedan entrar en su defensa.
Por una parte, los actores involucrados en la defensa ambiental no están coordinados ni para el establecimiento de objetivos de una agenda a corto, mediano y largo plazo, una coordinación de la agenda a seguir, ni para las estrategias legales hacia los objetivos que deberían estar planteados; ejemplo de esto es que México no cuenta con una sistematización de resoluciones o sentencias en materia ambiental –insumo necesario para diagnosticar el estado del acceso a la justicia de México. Por otro lado, la PROFEPA a más de 15 años de su creación no ha dado los resultados esperados de una verdadera fiscalización ambiental, respondiendo en muchas ocasiones a intereses políticos o empresariales que no respetan la ley ambiental ni la naturaleza; vale la pena analizar las fortalezas y debilidades de una institución como esta y ver qué rumbo debiera tener a futuro.
La reciente aprobación de la Ley General de Turismo durante la situación de “emergencia” por la influencia y en fast track, la cual es en sí anticonstitucional al otorgar facultades de los municipios a los Estados, lo que se contrapone al Artículo 115 constitucional, fracción V; además de avalar a Fonatur a continuar rematando zonas costeras y de importancia biológica, y que no vincula la actividad turística con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pero sí con el Banco de México.
Asimismo, la aprobación de leyes que han comprometido la soberanía de México en los últimos años, como es la Ley para la Promoción y Desarrollo de Biocombustibles aprobada en fast track en febrero de 2008 y negociada desde Presidencia; la cual abre la puerta, mediante la creación de una comisión intersecretarial con Semarnat, Sener y Sagarpa, que regulará la producción de biocombustibles con un supuesto “maíz excedente”. Lo cual es muy subjetivo considerando que en México hay un déficit de producción de maíz para el alimento ya que más del 50% es importado, por lo que es un crimen para la soberanía alimentaria, además de no garantizar nada en términos de mitigación de emisiones.
La falta de voluntad política de la Semarnat para realizar los cambios y adecuaciones necesarios al instrumento de política ambiental Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); que en su aplicación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) genera conflictos ambientales y sociales, al ser aprobadas obras, desarrollos o infraestructuras que pueden ir en contra de los intereses de la mayoría o del interés social.
