Por: Centro Mexicano de Derecho Ambiental
Sin haber obtenido aún la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construye desde el año pasado la hidroeléctrica Las Cruces, poniendo así en riesgo tanto a las comunidades huicholas y sus sitios sagrados como a los ecosistemas de manglar de la cuenca del río San Pedro Mezquital, alertan la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
El hecho fue denunciado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por AIDA y el Cemda debido a que el proyecto se ejecuta de manera ilegal al no contar con autorización en materia de impacto ambiental para su construcción y operación.
Con la construcción del proyecto hidroeléctrico se afectaría a las comunidades de huicholes que viven en la cuenca y se modificaría el flujo del agua cuenca abajo, impactando a marismas nacionales: humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar en el que se encuentra el 20 por ciento de los manglares de México.
Además de la ilegalidad del proyecto hay que considerar que su construcción no representa una opción sustentable de desarrollo para la región y el estado, pero sí constituye un proyecto que implica un enorme costo económico, social y cultural.
El proyecto hidroeléctrico Las Cruces, apoyado por el gobernador nayarita Roberto Sandoval Castañeda, se pretende instalar sobre el cauce principal del río San Pedro Mezquital, a 65 kilómetros al norte de la ciudad de Tepic. Al ser un proyecto de generación de energía hidroeléctrica en el cual se aprovecharán los escurrimientos del río San Pedro, se prevé un riesgo para el estado.
De acuerdo con el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) en su versión 2011-2025, prevé su entrada en 480 MW y una generación media anual de 805 GWh.
Es evidente la exclusión de las comunidades huicholas y sus sitios sagrados en este proyecto. La CFE debe someterse a evaluación de impacto ambiental, y dentro de este procedimiento realizar una consulta y reunión pública de información como lo señala la ley.
Instamos a la Profepa a investigar y sancionar esta ilegalidad y a la CFE a considerar a las comunidades y al medio ambiente.
