Se desarrolló un nuevo inventario de emisiones, con base en las nuevas metodologías del Panel Intergubernamental de Cambio Climático
México, D.F.— En el marco del anuncio de las Contribuciones Previstas y Determinadas (INDC, por sus siglas en inglés) que para combatir el cambio climático el gobierno mexicano presentó el viernes pasado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (Cemda) considera que se deben dar a conocer los detalles de las acciones que sustentan este compromiso, así como la ruta crítica de cumplimiento de las mismas.
Dado que la fecha límite para que los países dieran a conocer sus INDC es el 31 de marzo, México se convirtió en el primer país en desarrollo en presentarlas de manera anticipada el pasado viernes 27 de marzo, sumándose a otros países que ya lo hicieron como Suiza, la Unión Europea y Noruega.
Las INDC son resultado de los acuerdos a los que llegó en su decimonoveno periodo de sesiones, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en Varsovia en 2013, donde se invitó a los estados parte a iniciar o intensificar, así como a comunicar las acciones que llevarán a cabo en el ámbito nacional para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Cabe recordar que México ya había establecido desde 2012 las metas de reducción de emisiones, condicionadas de 30 por ciento al 2020 y 50 por ciento al 2050 en la Ley General de Cambio Climático (LGCC). Ahora, se presenta como meta de INDC la reducción no condicionada del 25 por ciento al 2030 que incluye tanto emisiones de GEI como black carbon (carbono negro). Es decir, una reducción de 22 por ciento de gases de efecto invernadero y 51 por ciento de black carbon en ese mismo año.
También se prevé que México alcance un pico de emisiones en el año 2026 y a partir de éste se comience a desacoplar las emisiones al crecimiento económico. Este escenario de mitigación podría incrementarse a un 40 por ciento de reducción al 2030 si se llega a un acuerdo internacional que permita establecer un precio internacional de carbono, cooperación técnica y transferencia de recursos y tecnología, entre otros.
Se desarrolló un nuevo inventario de emisiones, con base en las nuevas metodologías del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), que toma como año base a 2013 y el cual será el mismo año de referencia para los escenarios planeados de mitigación en las INDC. En él se destaca que los sectores que más contribuyen a las emisiones nacionales son transporte, generación de electricidad e industria.
Si bien México representa únicamente alrededor del 1.6 por ciento de las emisiones globales de GEI, es un país altamente vulnerable al cambio climático. Los costos económicos asociados a los fenómenos hidrometeorológicos se incrementaron 30 veces en las últimas décadas pasando a 21 mil 950 millones de pesos anuales según la Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40[2]. Es por eso que México presenta también acciones en materia de adaptación para reducir la vulnerabilidad social, proteger a las comunidades de eventos meteorológicos extremos, incrementar la resiliencia de infraestructura estratégica y de ecosistemas que albergan la biodiversidad nacional.
Los sectores que se atienden en las políticas integradas dentro de la INDC son: energía, procesos industriales y usos finales, agricultura, residuos, cambio de uso de suelo y bosques.
Ante las declaraciones y compromisos de México para reducir sus emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, es indispensable fortalecer y hacer más eficientes a las instituciones de la política climática para asegurar las condiciones e incrementar las oportunidades de mitigación y adaptación en el corto, mediano y largo plazos.
En nuestro país aún existen muchas oportunidades en las que se tiene que seguir trabajando, como son: a) Fortalecer los programas estatales de acción climática; b) Incentivar el desarrollo de las energías renovables a través de un marco regulatorio que promueva una adecuada transición energética; y c) Enfocar esfuerzos muy concretos a la reducción de emisiones del sector transporte.
Si bien estos compromisos no dependen de recursos ni apoyo internacional, sino de los presupuestos públicos, es indispensable generar las bases para la integración de otros sectores que puedan aportar mayores reducciones y fortalecer la gobernanza climática. Asimismo, se requiere promover mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre los presupuestos públicos para cambio climático y diversificar las vías de ingresos para el gobierno para financiar el cambio climático a escala nacional.
Al respecto, Gustavo Alanís Ortega, director general del Cemda, hizo un reconocimiento al gobierno federal “por el establecimiento de este compromiso a nivel internacional, esperando que a la brevedad amplíe la información referente a las INDC suscritas ante otros países, identificando cuáles de ellas ya son parte de lo que se estableció en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), así como que dé a conocer una ruta crítica de cumplimiento de la meta del 25 por ciento al 2030 y las acciones que se tienen que cumplir con relación a la LGCC (30 por ciento al 2020 y 50 por ciento al 2050).
Fuente: Teorema Ambiental, imagen
