México puede promover la competitividad y una mayor equidad (como señala su Plan Nacional de Desarrollo) si considera los impactos del calentamiento global y los beneficios de enfrentarlo
Por Avelina Ruiz*
Ciudad de México, 15 de mayo de 2020.— La pandemia del COVID-19 ha sacudido con fuerza las distintas esferas de nuestras relaciones sociales y ha evidenciado tanto la interdependencia que existe entre naciones, como la vulnerabilidad de nuestros sistemas de salud y de nuestros medios de subsistencia a escala mundial. Actualmente, los esfuerzos se concentran todavía en evitar el mayor número de contagios posible mediante medidas tales como el distanciamiento físico, el cierre de fronteras y la interrupción de gran parte de las actividades productivas.
El impacto social y económico de este cierre temporal es enorme. A escala global, se estima que podrían perderse 25 millones de empleos, y en México se pronostica que la cifra podría alcanzar entre los 1.2 millones y los dos millones este año.
De hecho, del 13 de marzo al 31 de abril se perdieron 753 mil 280 puestos de trabajo, más del doble de los empleos creados en todo 2019; solo en dos semanas se perdieron en el país 346 mil 800 puestos de trabajo, cifra equivalente a los empleos creados en todo 2019.
Los efectos directos e indirectos de la pandemia podrían producir además una contracción mundial de alrededor de 3 por ciento del producto interno bruto (PIB), y en México se estima que la reducción sería de más del 6 por ciento, lo cual exacerbaría la desigualdad y la pobreza.
Para amortiguar el impacto económico que tendrá la pandemia en los ámbitos nacional y global, resulta crucial atender los retos que el mundo ya enfrentaba antes de esta crisis sanitaria, ya que no solo condicionan nuestra capacidad de recuperación, sino la sostenibilidad de esa recuperación.
En primera instancia, lo que esto implica es reconocer que la degradación ambiental y el cambio climático incrementan la propagación de enfermedades infecciosas como el COVID-19 y que exacerban la pobreza y las condiciones de desigualdad social.
Los ejemplos son numerosos. Por el lado de la salud, el riesgo a morir por COVID-19 es mucho más alto para las personas que viven en zonas con altos niveles de contaminación del aire provocada por la quema de combustibles fósiles, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Harvard, y se proyecta que el cambio climático alterará el rango y la distribución de enfermedades como el zika, Lyme, el dengue y el virus del Nilo Occidental.
Por el lado de la desigualdad y la pobreza, se sabe que las personas pobres son más vulnerables a tensiones vinculadas al clima, incluyendo enfermedades gastrointestinales durante olas de calor, inundaciones o estrés hídrico, disminución en el rendimiento de las cosechas, entre otros factores. De hecho, desde el año 2000, la tasa de personas que mueren a causa de desastres es sietes veces mayor en los países pobres que en los países ricos.
En México, los municipios de más alto riesgo al cambio climático son viviendas de bajos ingresos e infraestructura pública insuficiente. También los impactos asociados a la quema de combustibles fósiles, como la contaminación del aire, son mucho más graves en regiones de menor desarrollo: 97 por ciento de las ciudades de países de bajos ingresos no cumplen con los niveles mínimos de calidad del aire, y más de tres mil millones de personas están expuestas a contaminantes provenientes de la quema de queroseno y biomasa para satisfacer las necesidades energéticas de sus viviendas.
Conscientes de la importancia de tomar en cuenta objetivos de largo plazo como la actual crisis, varios países ya están haciendo llamados para anclar sus paquetes financieros y de rescate económico con otros que tienen objetivos verdes y sustentables.
En este sentido, el gobierno de México tiene la oportunidad de promover la competitividad y avanzar en una agenda de mayor equidad (como la que plantea en su Plan Nacional de Desarrollo), si consideran los impactos del calentamiento global y los beneficios que genera enfrentarlo. Con ello, además, se alejaría de una economía basada en combustibles fósiles, cuya alta volatilidad de precios vulnera la estabilidad económica y financiera del país.
Visión a largo plazo
Los programas de rescate económico que hoy están diseñando gobiernos, el sector financiero y organismos internacionales deben diseñarse no solo para aliviar los efectos inmediatos de la crisis de salud actual, sino con una visión de largo plazo.
Ello implica considerar el impacto del programa en el empleo (tanto en el número de trabajos creados como en su calidad y permanencia), en el mejoramiento y modernización de los procesos industriales —incluyendo mejoras en el ahorro por consumo de combustibles, recursos y materiales—, en la innovación y desarrollo científico y tecnológico, en el fortalecimiento de cadenas productivas, en la conservación del capital cultural y natural, y en el bienestar de las comunidades urbanas y rurales.
El potencial de las energías renovables
No se trata de dirigir recursos a tecnologías, infraestructura y proyectos que son económica y socialmente inviables. Por ejemplo, en 2019, las energías renovables representaron el 72 por ciento de la capacidad instalada de energía creada en 2019, con un crecimiento anual de 7.9 por ciento. Al 2050, la tecnología en energía limpia y eficiencia energética podría generar 90 millones de empleos en el mundo.
En su primer informe sobre las perspectivas mundiales de las energías renovables (Global Renewables Outlook), la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) señala que impulsar el crecimiento económico mediante una transformación energética basada en las energías renovables posibilitaría que los empleos en el sector de la energía en general alcanzarían los 100 millones en 2050, 40 millones más que en la actualidad.
A diferencia de la energía proveniente de combustibles fósiles, hoy México tiene una ventaja comparativa en energía renovable: en 2017 se posicionó como uno de los países más competitivos a escala internacional con un récord mundial de precio medio de 20.57 dólares por MWh en energía solar. Lo anterior contrasta con el acuerdo emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el cual impide la entrada en operación de nuevas centrales de energía solar, y que distintas asociaciones estiman que tendrá un impacto en la inversión de proyectos de seis mil 426 millones de dólares.
Calidad en la infraestructura urbana y movilidad
Los proyectos bajos en emisiones de carbono además derivan en enormes beneficios sociales y económicos y a la vez fortalecen la salud y bienestar de comunidades y ecosistemas.
Las alternativas de inversión que fortalezcan la respuesta a la pandemia deben incluir proyectos que mejoren la gestión y calidad de transporte público (medio que utiliza cerca del 40 por ciento de la población en México y del cual dependen más de 160 mil empleos), que amplíen la infraestructura para la movilidad peatonal y ciclista, que incrementen la cobertura de áreas verdes y espacios naturales, y que mejoren la gestión del agua y reduzcan los múltiples riesgos asociados al cambio climático y la degradación ambiental.
El mundo será otro después de 2020 y en pocos años veremos si las sociedades y gobiernos de México y el mundo pudimos aprovechar esta coyuntura para avanzar hacia prácticas que nos colocan en una mejor relación con el entorno natural y con nuestra propia especie. Si no transformamos comportamientos e invertimos los recursos disponibles para revertir el calentamiento global, será mucho más incierta la vida para millones de personas y especies en el planeta.
* Gerente de Clima de WRI México
