El incremento del nivel del mar, la intensificación de los fenómenos hidrometeorológicos como huracanes y lluvias intensas, y la desertización son los tres principales problemas a los que tiene que hacer frente el país para evitar la oleada de “refugiados ambientales”, término que la Organización de las Naciones Unidas ya está valorando incluir, señala la investigadora de la UNAM, y directora de la cátedra de Vulnerabilidad Social de la ONU, Úrsula Oswald.
La Secretaría de Gobernación reconoce que 28.6 millones de mexicanos viven en lugares de muy alto riesgo; otros 11, en alto riesgo; y sólo 32 millones habitan zonas de muy bajo riesgo. Y es que cerca de 82 por ciento del territorio se ubica en áreas semiáridas y áridas y lo que se prevé es que se intensifique la desertificación, que podrían generar fenómenos colaterales de consecuencias inimaginables, apunta la investigadora. Los habitantes de los estados ubicados en el Golfo de México y los fronterizos con Estados Unidos son los que más podrían verse afectados.
La frontera norte es una zona de mitigación de emigración, pero si pierde su capacidad de poseer agua por el descenso de precipitaciones y se secan los acuíferos y el Río Colorado, se estima una gran vulnerabilidad para 10 millones que viven allá. A ellos habría que añadir los 20 millones que viven en la costa y los que múltiples veces se van a ver afectados por huracanes como el Stan o Wilma.
Un estudio de la Universidad Veracruzana y el Reino Unido demuestra los “altos costos de alterar el ciclo hidrológico”. De hecho Veracruz podría ser uno de los estados más perjudicados. Y no por casualidad, los estados del centro y norte que han sufrido más sequía, como Zacatecas y Durango, y por la parte sur Oaxaca, donde hubo una intensa destrucción ambiental, son los de más expulsión de mano de obra en la última década.
Estos nuevos emigrantes se verán obligados a trasladarse a estados del centro del país, lo que generará a su vez conflictos por la escasez de agua que ya afecta a todas las grandes ciudades del país, señala el doctor Jorge Zavala del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Ante este escenario urge prepararse para adaptarse a cambios que vienen y deberán implicar a todo mundo.
La UNESCO señala que si se invirtiera al menos 5 por ciento en prevención se podrían ahorrar al menos 18 por ciento de los gastos que ocasionan los fenómenos naturales. En 2005, el año de Stan y Wilma, los desastres naturales costaron 170 mil millones de dólares a las aseguradoras. En México, las torrenciales lluvias de Stan cobraron la vida de 98 personas y al menos 30 desaparecieron y se generaron más de 21 mil millones de pesos en pérdidas, especialmente en Chiapas, donde se destruyó 50 por ciento de las producciones de café, y se dañó al menos 40 por ciento de los bosques.
Las perspectivas no parecen ser halagüeñas. México va a incrementar en 2025 un 63 por ciento las emisiones a la atmósfera, China en 145 por ciento (más que Estados Unidos en la actualidad), sin contar a Brasil, la India y otros, por lo que la carga del planeta va a ser brutal y se agudizará el problema “lejos de pensar que nos va a ir bien, nos va a ir peor”, comenta la doctora Oswald.
La tercera Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, elaborada con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, por conducto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y del gobierno mexicano señala que de seguir la tendencia actual, el clima de México será más cálido para 2020, 2050 y 2080, principalmente en el norte; se proyectan disminuciones en la lluvia, así como cambios en su distribución temporal, por ejemplo, se esperan reducciones de hasta 15 por ciento en regiones del centro y de menos de 5 por ciento en la vertiente del Golfo de México, principalmente entre enero y mayo.
El ciclo hidrológico se volverá más intenso, por lo que aumentará el número de tormentas severas y la intensidad de los periodos de sequía. En el caso de los fenómenos extremos como los frentes fríos (nortes), es posible que éstos se vuelvan menos frecuentes. Es incierto en qué medida dicha disminución podría afectar las precipitaciones, pero de acuerdo con ciertos escenarios, éstas tenderán a disminuir principalmente en la vertiente del Golfo de México.
La temperatura de la superficie del mar en el Caribe, Golfo de México y Pacífico podría aumentar entre 1 y 2°C, lo que ocasionará el aumento de la intensidad de los ciclones tropicales, favoreciendo las probabilidades de que éstos alcancen categorías mayores en la escala Saffir-Simpson.
El incremento de la temperatura es posible que cause una disminución significativa en el escurrimiento del agua que cae en forma de lluvia, del orden de 10 a 20 por ciento en el ámbito nacional, y mayor a 40 por ciento en los humedales costeros del Golfo.
Si la temperatura se eleva un grado quizá se pueda enfrentar el problema, pero si aumenta en 5 grados “vamos a enfrentar problemas gravísimos, especialmente México”, señala la doctora Oswald, lo que es aún más grave debido a que es el cuarto país megadiverso del mundo (entre 10 y 12 por ciento de las especies existentes en la Tierra se encuentran aquí) lo que en teoría obligaría a actuar si cabe con más urgencia y responsabilidad ante el cambio climático, señalan los distintos investigadores.
Pero por el momento no se está haciendo casi nada, apunta, el doctor Jorge Zavala, quien considera que urge reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), adaptarse a las condiciones de clima cambiante, especialmente en los municipios cercanos al nivel del mar, desarrollar tecnología para aumentar la productividad del campo; uso más eficiente de los recursos y buscar fuentes alternativas de energía como la eólica, la solar o las olas del mar.
México podría reducir 17 por ciento las emisiones de GEI si 29 por ciento de la energía fuera renovable, y 12 por ciento, nuclear; si se desarrollaran normas de eficiencia energética en vehículos particulares a gasolina (incluyendo SUV) y vehículos a diesel y promoción de medidas de ahorro para los municipios, impulsadas por la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (Conae).
La doctora Oswald añade el manejo integral, ordenamiento territorial y urbanos como soluciones del país y eso implica recursos y un nuevo modelo de producción pues el actual es muy costoso en términos ambientales y elevado uso de agua si se requiere, dependiendo del proceso productivo, entre 25 mil a 35 mi litros de agua.
Fuente: El Universal
