Biodiversidad

Toleran secretarías ecocidio en Minera San Xavier

Las dependencias, en franco desacato a la ley, han dado autorizaciones para la operación de esa empresa canadiense, y ello representa el desconocimiento del decreto que declara a Cerro San Pedro área protegida.

El escritor Carlos Montemayor fue directo: el valle de San Luis Potosí y sus habitantes están en peligro, porque hay una nueva forma de crimen organizado en que participan la empresa Minera San Xavier y las secretarías de Medio Ambiente, de la Defensa Nacional y de Economía, así como el gobierno del estado.

Las dependencias, en franco desacato a la ley, han dado autorizaciones para la operación de esa empresa canadiense, y ello representa un peligro pues va del desconocimiento del decreto que declara a Cerro San Pedro área protegida, a la nulidad en la autorización ambiental de 2004, señaló este lunes en el foro organizado por La Jornada y Casa Lamm, denominado Negocio ecocida: la trasnacional Minera San Xavier.

Montemayor manifestó que es triste que después de tanto tiempo de explicar de diversas formas el ecocidio que significa la operación de esa compañía en Cerro San Pedro, donde se pone en peligro a los habitantes de la ciudad de San Luis Potosí y de tres municipios más, la situación continúe igual.

En su exposición presentó un recuento de las irregularidades que se han suscitado tras la autorización gubernamental para que opere dicha firma —que contaminará aire y acuíferos por el uso de cianuro—, donde residen alrededor de dos millones de personas. Además expuso ejemplos sobre experiencias en países como Australia y estados como Montana, Estados Unidos, donde han ocurrido daños ambientales por casos similares al de Minera San Xavier, la cual pretende extraer oro y plata de minas a cielo abierto, y para “tumbar” el cerro usará 25 toneladas diarias de explosivos.

Por su parte, Julio Hernández López, columnista de este diario y director de La Jornada San Luis, señaló que el gobernador Marcelo de los Santos y su familia “están metidos hasta la médula en el gran negocio de saquear el erario, de convertir todo contrato, concesión, permiso, posibilidad de empresa y negocio en posibilidad de enriquecimiento personal”.

Advirtió: “las instituciones siguen instaladas en sus palacios, jugando a tratar de decidir si realmente México se está desangrando o es una hemorragia. Mientras hablamos de esto continúan las violaciones, como la ocurrida en Zongolica, y la desesperación social en lugares como Guerrero, Oaxaca y Chiapas”.

Sostuvo que ello también ocurre en las “zonas urbanas, donde Felipe Calderón lo que ha hecho es militarizar para controlar. Cree que llevando un desfile militar por todo el país es posible controlar la irritación y el enojo de un pueblo que sabe soportar y sobrelleva con excesiva tardanza en su enojo todas esas circunstancias. Lo he dicho una y otra vez. Lo que leemos en los diarios pareciera antesala, las crónicas de las etapas previas a la Revolución de 1910”.

Por su parte, Juan Carlos Ruiz, integrante del Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier, expresó que a pesar de que el movimiento social ha ganado todos los recursos jurídicos interpuestos en contra de la empresa y se han probado todas las irregularidades cometidas con el apoyo del gobierno, se mantiene en la zona. Frente a eso, dijo, el camino que queda para detenerla es tomarla.

Recordó que un decreto de 1993 establece que Cerro San Pedro es área protegida, y señaló que mientras la transnacional opera en el sitio con total impunidad, el pequeño propietario de la mina de arena La Palma acaba de recibir un citatorio por violar el mismo decreto. “Hay una aplicación selectiva de la justicia”, resaltó.

El poder del dinero

Por su parte, Enrique González Ruiz, director de Derechos Humanos de la Universidad de la Ciudad de México, sostuvo que “no importan los resultados de los tribunales, sino el dinero de la empresa. Ésta, se dice, antes de instalarse ya había gastado 20 millones de dólares”.

Aseguró que Minera San Xavier “es símbolo de lo que significa el avasallamiento de un pueblo por parte del capital, porque ahí no han importado los recursos jurídicos, si se ganan o pierden. El gobierno de todos modos le permite seguir funcionando. La Sedena le da permiso para explotar toneladas de dinamita para que los cerros se vuelvan polvo y realizar la lixiviación; las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia no pueden incomodar a la empresa porque destruye el patrimonio histórico, y el resto de las autoridades no quieren meterse en problemas”.

Fuente: La Jornada

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