MÉXICO, DF.— Terrenos con alto potencial en zonas costeras están siendo rematados (casi regalados) pero no cualquiera puede adquirirlos, sólo los empresarios turísticos. Ésa es la política que ha seguido el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Los precios para los beneficiados se han reducido al extremo: hasta siete pesos el metro cuadrado.
Durante el sexenio de Vicente Fox y en lo que va del de Felipe Calderón, Fonatur ha malbaratado numerosos terrenos en las costas de los estados de Quintana Roo (Cancún), Guerrero (Ixtapa y Vista Pelícanos), Oaxaca (Bahías de Huatulco), Nayarit (Litibú) y Baja California Sur (San José del Cabo, Cabo San Lucas, Nopoló y Loreto).
Los precios promedio por metro cuadrado son: 14 dólares en Cancún; ocho dólares en San José del Cabo; 185 pesos en Loreto y 19 pesos en Ixtapa. En Vista Pelícanos en precio promedio es de siete pesos y las ventas corresponden a este sexenio, lo que demuestra que esta práctica se mantiene. Estos precios están muy por debajo del valor catastral en las respectivas zonas.
Por el remate de las propiedades mencionadas, Fonatur ha obtenido 7,376 millones de pesos del año 2000 a la fecha (206 millones de pesos en los primeros tres meses de la actual administración). Un monto apenas similar al presupuesto que ejercerá el Poder Legislativo en 2007.
“La mayoría de los terrenos vendidos en el Golfo de California son del proyecto Escalera Náutica o Mar de Cortés. No queremos que se repita la experiencia de Cancún, donde las transacciones millonarias a beneficio de particulares han implicado la destrucción de ecosistemas y la extorsión de ejidatarios”, afirmó Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace México.
Después de malbaratar las zonas costeras, Fonatur ha creado fideicomisos con los mismos beneficiarios para apoyarlos financieramente y subsidiar el mantenimiento de los proyectos. Las evidencias de su mala administración son reconocidas por su titular, Miguel Gómez Mont, quien ha reconocido que el subsidio para los empresarios de Los Cabos, Ixtapa y Cancún por conducto de los Centros Integralmente Planeados asciende a 200 millones de pesos al año (Milenio, 25/III/2007).
Greenpeace solicitará a la Auditoría Superior de la Federación que revise la venta irregular de estos terrenos durante el presente y anterior sexenio. Asimismo, exige que ya no sean subsidiados proyectos empresariales que fomentan la destrucción de ecosistemas sino que se invierta en desarrollos verdaderamente sustentables.
Fuente: Greenpeace
