En el planeta hay una red de más de 10 mil áreas naturales protegidas (ANP) en 160 países. No obstante este indiscutible logro, hoy existe consenso en los medios académicos y en las instituciones dedicadas a la conservación, sobre la improcedencia e inviabilidad de reducir todos los esfuerzos a la sola creación de ANP.
Dicho de otra manera, las áreas naturales protegidas son necesarias pero no suficientes. Las razones son varias. Por muy extendida y significativa que sea una red de ANP, las islas de naturaleza intocada no son impermeables o inmunes a los procesos de deterioro que tienen lugar en los ámbitos externos.
También existen dudas sobre si la escala y extensión de las ANP alcanzan a proteger fenómenos de clara importancia biológica y ecosistémica, tales como movimientos de especies migratorias o de polinizadores, áreas de dispersión de plantas o servicios ambientales.
Una nueva visión de la conservación, que se ha consolidado en la última década, concibe la creación de ANP en permanente interacción con las áreas adyacentes y, finalmente, con los fenómenos externos, es decir, promueve la conservación biológica en íntima correlación con el desarrollo y, por lo mismo, con los factores sociales, económicos, culturales, demográficos y políticos que la afectan y la determinan.
Ello ha llevado a replantear la estrategia de la acción conservacionista. Esta visión se nutre tanto de las intensas reflexiones teóricas de la conservación biológica que tuvieron lugar desde la década de 1980, como de las dificultades, limitantes y amenazas surgidas durante la implementación de las áreas protectoras.
Hoy se reconoce que una estrategia adecuada de conservación debe incluir la implementación integrada de al menos cuatro tipos de áreas: a) las áreas núcleo, que son las excluidas de todo uso humano establecidas para preservar especies, procesos ecológicos y servicios ambientales, y que en esencia coinciden con el concepto de ANP; b) las áreas de amortiguamiento, que son franjas de transición entre las anteriores y los espacios utilizados; c) los corredores, que son zonas te-rrestres o acuáticas que facilitan el movimiento, dispersión y migración de las especies entre las áreas núcleo y que por lo común están formadas por zonas de uso de bajo impacto ecológico con condiciones que reproducen en diferentes grados las de los hábitats naturales, y d) las áreas de uso múltiple, que incluyen zonas dedicadas a toda una gama de actividades (agricultura, ganadería, pesca, extracción forestal, caza, agroforestería, etc.) de pequeña escala y que contienen espacios bajo diferentes grados de intensidad de uso.
Estas áreas coinciden conceptualmente con los principios de lo que se denomina el “manejo sustentable de los recursos naturales”, es decir, son zonas donde se adopta una estrategia productiva dirigida a una nueva generación de productos “ecológicos”, “orgánicos” o “sustentables” por medio de procesos productivos que respetan los umbrales, ciclos y ritmos de los ecosistemas que se apropian.
Los pueblos indígenas y su papel conservacionista
Tanto la teoría como la práctica de la conservación han surgido como una respuesta a los innumerables mecanismos depredadores de la civilización industrial que han tenido lugar en el último siglo y, especialmente, a las prácticas de la agricultura, ganadería, pesca y forestería industrializadas. Si hoy se padece una “tragedia agroindustrial” es porque existe una incompatibilidad intrínseca entre la racionalidad de la producción industrial (especializada, simplificadora y de corto plazo) y el uso conservacionista de la naturaleza y sus procesos. Por ello, aquellas formas que por razones históricas, culturales o socioeconómicas se han mantenido al margen de la agroindustrialización adquieren relevancia.
A pesar de la discusión acerca del papel conservacionista de las culturas indígenas del mundo contemporáneo, hoy existe consenso de que, bajo ciertas condiciones productivas, culturales y demográficas, los pueblos indígenas tienden a realizar un manejo conservacionista de los recursos naturales y, por tanto, se reconocen como agentes positivos o aliados del mantenimiento de la biodiversidad.
Este reconocimiento se ve amplificado por tres hechos: el que los pueblos indios, con una población estimada entre 300 y 700 millones, a) ocupen los hábitats terrestres y acuáticos menos afectados del pla-neta; b) sus territorios coincidan con las áreas de mayor biodiversidad del mundo, y c) se apropien un volumen notable de la biomasa utilizada por los seres humanos. Esto ha llevado a algunos estudiosos a afirmar que las áreas que contienen los valores más altos en biodiversidad se encuentran alrededor, no dentro, de las ANP.
La acumulación de datos derivados de las investigaciones etnobiológicas y etnoecoló-gicas de las últimas décadas han permitido ofrecer una explicación coherente de la importancia conservacionista de las prácticas realizadas por los pueblos indígenas, al descubrirse que éstas obedecen a cierta lógica productiva diferente a la del mundo industrial, y al revelarse que en ellos existe una forma particular de conocer y de concebir el universo natural. Es decir, ha sido mediante el estudio comparativo del complejo cosmos-corpus-praxis de esos pueblos que se ha logrado explicar el papel conservacionista de sus actitudes, conocimientos y prácticas.
En la perspectiva del nuevo conservacionismo, las familias, comunidades y pueblos de estirpe u origen indígena adquieren un indiscutible valor porque, como ha sido ampliamente demostrado por numerosos estudios de caso, éstos adoptan una estrategia de uso múltiple en la que conjugan toda una gama de actividades y mantienen en cierto equilibrio e interacción las áreas dedicadas a la agricultura, la ganadería y la producción forestal.
Comunidades rurales y conservación
En México, los recursos naturales de más de la mitad de su territorio se encuentra bajo dominio y uso de 30 mil ejidos y comunidades indígenas, la mitad de los cuales se localiza en los diez estados biológicamente más ricos del país. A ello debe sumarse el hecho de que 70 a 80 por ciento de los bosques y selvas esté siendo manejado por ese sector, y que cerca de 60 por ciento de las áreas del sur y sureste recomendadas para su conservación corresponda a regiones indígenas.
Esto cobra más sentido en un país cuya riqueza biológica resulta de su heterogeneidad ecogeográfica (alta diversidad beta), de su compleja historia geológica y de los patrones de distribución de sus especies, lo cual obliga a adoptar una estrategia conservacionista que privilegie un amplio espectro de áreas de pequeña y mediana escala por sobre unas cuantas áreas de gran tamaño. La presencia de comunidades rurales y de población indígena en la mayor parte de las áreas naturales protegidas del país, cuyo sistema sobrepasa los 17 millones de hectáreas, obliga a considerar su participación en los planes y acciones de protección natural.
