Habitantes de Homún aseguran que la empresa busca alimentar 49 mil animales, con un alto riesgo de generar contaminación al cuerpo de agua que es un atractivo turístico
Teorema Ambiental/Redacción
Homún, Yucatán, 19 de marzo de 2020.— Hace ocho años, un grupo de ejidatarios, encabezado por Doroteo Hau Kuuk, abrió el primer cenote en Homún, una comunidad maya, como una alternativa de negocio luego del desplome de la industria del henequén. La actividad prosperó como medio de subsistencia para los habitantes de la comunidad, pero desde hace tres años un nuevo proyecto amenaza a la región.
Se trata de la instalación de una megagranja con capacidad para engordar 49 mil cerdos, cuyas heces no están tratadas adecuadamente y se filtran al acuífero, generando contaminación.
Por ello, los ejidatarios llevaron el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para establecer criterios que impidan una mayor afectación.
“Antes de abrir este cenote hace ocho años, Homún era muy pobre; se acabó el henequén y para sobrevivir abrí este que es el primero. Teníamos miedo de abrirlo, de estar dentro de uno, porque así nos dijeron nuestros papás: el cenote es sagrado. Pero tomamos la decisión porque realmente no había nada de trabajo”, narró el representante de los ejidatarios al periódico Milenio.
Posteriormente se formó el primer grupo de ocho guías de turistas para visitar el cenote Balmil (lo que está escondido) de Homún. Ante el éxito, se abrieron otros 25 cenotes más, de los 175 que se estima existen en la comunidad; así comenzó a prosperar su pueblo.
“Ahorita hay más de 250 guías que viven del turismo y hay mucha actividad, ya hay hospedaje, quien renta los chalecos salvavidas, actividades en la noche donde venden cenas, panuchos, y qué significa eso, que hay una actividad aceptable. Antes no había farmacia, hoy tenemos dos, significa que tenemos un desarrollo”, agregó.
Sin embargo, la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo) amenaza todo este floreciente desarrollo.
“No estamos contra los empresarios que quieren poner su desarrollo en Homún, pero si el gobierno sabe que va a haber un desastre de nuestras aguas, del olor, del medio ambiente, entonces la culpabilidad de todo lo que está pasando aquí es del propio gobierno”, señaló Hau Kuuk.
En 2017, los habitantes se enteraron por un reportaje que se trataba de una megagranja, cuyo cambio de uso de suelo fue autorizado desde octubre de 2016 por el entonces alcalde Enrique Echeverría Chan, aunque no contó con el aval de la junta del cabildo.
“Se autorizó dentro de terrenos de Homún cercanos al centro del municipio y que forman parte de la Reserva Geohidrológica Anillo de Cenotes, que el mismo estado la declara así porque es la zona de la recarga de agua, igual que en esa misma zona está cercana la laguna de Yalahua, que también es un sitio Ramsar, humedales de gran importancia a nivel internacional”, informó Orvelín Montiel, abogado de Derechos Humanos del grupo Indignación AC.
Como respuesta a los daños ambientales que comenzaban a generarse por la operación de la granja, de inmediato se formó el grupo Ka’anan tz’onot (guardián del cenote) que organizó una consulta, que como resultado obtuvo una votación de 732 sufragios contra la granja y solo 52 a favor, por lo que el cabildo revocó la decisión.
Sin embargo, la granja apeló la decisión ante el Tribunal de Justicia Administrativo del Estado para que siguiera construyendo y en menos de 24 horas obtuvo un permiso para funcionar y operar.
En octubre de 2018 la empresa inició operaciones, aun sin concluir la obra. Mientras tanto, la jueza federal, cuarta de distrito en Yucatán, Miriam Cámara Patrón, ordenó la suspensión de operaciones en la granja.
La empresa desocupó nuevamente la granja y en diciembre impugnó la resolución de la jueza Cámara Patrón, que fue atraída en noviembre de 2019 por la primera sala de la SCJN.
“Ya pasó un año desde que se otorgó la suspensión, obviamente desde que pararon las actividades de la granja. Pero hace poco la jueza Miriam Cámara Patrón se declaró impedida de seguir conociendo del amparo, porque la empresa nombró como su representante legal al abogado particular de la jueza”, agregó el defensor de los ejidatarios.
Los abogados confían que con la decisión de la Corte se establezcan criterios para evitar proyectos que puedan provocar daños irreparables al medio ambiente y las comunidades.
