Las cifras revelan que durante el periodo 2002-2006 la deforestación se agravó y la expansión de la frontera agropecuaria continúa sin detenerse, reemplazando de manera irreversible extensas áreas boscosas y configurando uno de los desastres ambientales más serios que sufre nuestro país.
Durante los últimos años, la deforestación ha sido de un promedio anual de 280 mil hectáreas, tan sólo contabilizando seis provincias, lo que permite suponer que el promedio anual total rondaría las 300 mil hectáreas. Las provincias de Santiago del Estero y Salta duplicaron sus tasas de deforestación respecto del periodo 1998-2002. Si tenemos en cuenta la actitud del gobierno de Salta en los últimos meses, podemos comprobar que este proceso destructivo está acelerándose: durante los últimos siete meses esta provincia ha emitido permisos de desmontes por un total cercano a las 200 mil hectáreas, una verdadera política de “tierra arrasada” que se está realizando como reacción a la discusión en el Congreso de una Ley de Presupuestos Mínimos de Protección para los Bosques Nativos.
Que tengamos provincias que quintuplican la tasa de deforestación mundial no es producto ya del desconocimiento o de un acto repentino que puede haber tomado por sorpresa a los organismos de control nacionales y provinciales allá a finales de la década de 1990. Hoy lo que se está desarrollando es un plan de destrucción masiva de bosques nativos, promovido por los gobiernos provinciales que alientan las actividades agropecuarias que sólo pueden expandirse eliminando cubierta forestal y expulsando a los pobladores. Por otro lado, este proceso es impulsado por las políticas agropecuarias desde el Estado que está dejando avanzar la destrucción sin que nada, absolutamente nada, se esté haciendo para poner un poco de cordura.
Ya no alcanzan las expresiones de preocupación, no alcanzan las palabras. La única respuesta a esta situación es una decidida acción para que el Congreso, en particular el Senado, apruebe la Ley de Bosques mencionada, acorde con las pautas establecidas en el proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.
Todas las expresiones partidarias representadas en el Senado tienen una altísima responsabilidad por lo que está ocurriendo en Argentina con los bosques hoy día. Pero hay una responsabilidad ineludible que le corresponde al oficialismo, ya que no sólo es la expresión política mayoritaria en el Senado, sino que además la mayoría de los senadores que manifiestan una férrea oposición a la aprobación de la ley provienen de su propio seno.
Resulta claro entonces que el gobierno nacional no está dispuesto a enfrentar el problema, siendo hoy el principal responsable por la demora en el tratamiento de la ley y la inacción frente a la depredación.
Como agravante a esta situación desde el gobierno se está promoviendo activamente que Argentina se convierta en un actor clave en el mercado internacional de biodiesel y etanol. Por estos días, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier de Urquiza, estuvo visitando los principales foros internacionales en la materia, exponiendo esta temeraria apuesta que, bajo las actuales circunstancias, significará el golpe definitivo para lo que queda de riqueza forestal en Argentina. La idea que nuestro país alimente a un mercado internacional, voraz e insaciable, de biocombustibles a base de soja y maíz significará aumentar la presión para continuar con la expansión de la frontera agropecuaria, provocando más conversión de suelos forestales.
Queda claro entonces, que no son sólo un grupo de gobernadores los que no quieren la Ley de Bosques, todo hace suponer que el gobierno ha asumido que ésta corra la misma suerte que tantas otras y quede bloqueada definitivamente, mientras se sigue alentando un desarrollo agropecuario que es la antítesis de una agricultura sustentable. Estos años serán recordados como un desastre ambiental mucho peor que durante la época de María Julia Alzogaray que ha quedado en el imaginario colectivo como emblema del descuido ambiental.
La única solución posible frente a la destrucción de los bosques es la sanción de una ley que establezca las condiciones básicas en las que deben desarrollarse las actividades forestales en las masas de bosque nativo. Entre estas condiciones se destaca el ordenamiento territorial de los bosques con criterios precisos y claras categorías de uso, realizado a través de un proceso participativo que brinde la posibilidad de equilibrar criterios de producción con los imprescindibles criterios de conservación. A su vez este instrumento debe ser respaldado con herramientas económicas que permitan poner en marcha este proceso e impulsar actividades de explotación sustentable de los bosques y abandonar esta tendencia a los desmontes masivos.
Las opciones que tiene por delante el poder político no son tantas, o se trabaja para que el Senado genere el instrumento legal que hoy resulta imprescindible o se continúa apostando para que la destrucción no se detenga hasta que no quede absolutamente nada. Recordemos que ya hemos perdido 75 por ciento de los bosques que originalmente tenía el territorio nacional.
Los principales diarios del país reclaman que se frene la deforestación
Tres de los principales diarios del país reflejaron recientemente en sus notas y editoriales la dramática situación que viven nuestros bosques nativos y la necesidad de la urgente sanción de la Ley de Bosques, demorada en el Senado.
Los últimos datos de Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable revelan que nuestro país se encuentra en una verdadera Emergencia Forestal: entre 1998 y 2002 desaparecieron 781,930 hectáreas, pero en los últimos cuatro años, el proceso se acentuó y los desmontes arrasaron con 1,108,669 hectáreas, lo que equivale a 280 mil hectáreas por año, o 821 hectáreas de bosques por día, es decir, 34 hectáreas por hora.
La mayor parte de la deforestación se produce en el norte de nuestro país por el descontrolado avance de la agricultura y la ganadería. Y esto sucede muchas veces con el permiso de las provincias, que autorizan desmontes sin estudios de impacto ambiental rigurosos y sin una mirada regional que compatibilice la producción con la conservación.
Es por eso que Greenpeace y varias organizaciones de todo el país vienen hace tiempo reclamando que se sancione la Ley de Bosques.
La norma establece la moratoria a los desmontes hasta tanto las provincias realicen un ordenamiento territorial de los bosques nativos para planificar de manera participativa el uso sustentable de los mismos, y prohíbe explícitamente el otorgamiento de permisos de desmonte en zonas tradicionalmente habitadas.
En ese sentido, los diarios Página 12, Clarín y La Nación publicaron recientemente notas y editoriales donde señalaron la emergencia forestal que vive nuestro país y la necesidad de que el Senado apruebe lo antes posible la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Articulista: Juan Carlos Villalonga
Fuente: Ecoportal
