La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal, el Instituto Mexicano de Derecho Forestal-Ambiental, la Agencia de Capacitación y Desarrollo Internacional de Alemania y la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal reunieron en la ciudad
de Aguascalientes, del 27 al 30 de junio, a más de 100 expertos de 18 países de Iberoamérica, para celebrar el Quinto Congreso Iberoamericano de Derecho Forestal-Ambiental (CIDFA) con el lema “El marco jurídico del desarrollo forestal sustentable”.
Entre las conclusiones y recomendaciones generales destacó la necesidad de desarrollar una legislación forestal ambiental adaptada a las realidades nacionales con observancia a las convenciones y normas internacionales.
Asimismo, fueron reconocidos los conocimientos, usos y costumbres indígenas y campesinas como fuente formal del derecho forestal, y se planteó la necesidad de su incorporación en las políticas públicas de aprovechamiento, sobre todo como instrumentos de fortalecimiento de las comunidades en el manejo sostenible de los recursos forestales por medio de la difusión, capacitación, educación, organización interna y participación ciudadana.
Otro tema de amplio debate fue el fortalecimiento de las autoridades nacionales forestales, con autonomía institucional y presupuesto que permita el control y la fiscalización de la actividad forestal, al tiempo de la consolidación de los espacios de participación social para la formulación y aplicación de políticas y leyes forestales.
Se disertó sobre la urgencia de la adecuación de los programas de capacitación y educación universitaria sobre derecho forestal y fomentar las investigaciones de técnicas de producción, aprovechamiento, industrialización y mercado, y de su incorporación a las alianzas estratégicas dentro de la cadena de valor del sector, estableciendo sistemas de información forestal técnico y económico que oriente la inversión en el sector.
Se habló acerca de la identificación de las funciones intangibles de los ecosistemas y su contribución al derecho forestal ambiental y de los conflictos de naturaleza jurídica entre regímenes de propiedad y las funciones intangibles de los ecosistemas forestales en el marco del derecho forestal ambiental.
Hubo referencias a la necesidad de incorporar las funciones intangibles de los ecosistemas forestales en las políticas, legislación e instrumentos jurídicos ambientales con énfasis en el pago por servicios ambientales, entre otros instrumentos; incrementar la seguridad jurídica en cuanto a tenencia, propiedad, posesión y uso comunal de la tierra por medio de la legalización y protección; y de propugnar por la equidad en la impartición de justicia mediante la creación de instancias especializadas (fiscalías, tribunales, procuraciones) e implementación de programas permanentes de ética y combate a la corrupción.
Se habló de fortalecer a las instituciones involucradas mediante el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los servidores públicos, de la coordinación interinstitucional para definición de competencia y jurisdicción, del establecimiento de garantías del servicio civil y estabilidad laboral, y de la creación y fortalecimiento de entes de manejo nacional y regional.
Asimismo, se planteó revisar el ordenamiento jurídico con la participación de los sectores público y privado, a fin de adecuarlo y depurarlo para establecer reglas de juego claras para el inversionista.
Hubo un pronunciamiento sobre el fomento de tres áreas de particular urgencia para toda la región iberoamericana: el consenso y participación en la elaboración, aprobación y aplicación de las normas forestales ambientales, para lo cual es necesario el seguimiento del cumplimiento de la aplicación de las leyes, y la difusión real de foros de consulta ciudadana; el establecimiento de líneas de crédito de forestación, con plazos y tasas de interés acordes con la actividad, así como la creación de incentivos económicos tendentes al fomento forestal; y finalmente, la adopción de normas y procedimientos simples, claros y eficaces, sobre todo en zonas de protección estricta o especial.
Los diagnósticos internacionales resultaron tan importantes como las reflexiones desde México. Verbigracia el análisis comparativo de la evaluación impacto ambiental en Latinoamérica, ofrecido por el doctor Enrique Gallardo Gallardo de Chile, donde en siete puntos concurrentes disgregó las coincidencias de la región:
1) Errada localización del sistema de evaluación de impacto ambiental. Señalado como un instrumento de gestión de tercer nivel que, sin embargo, incluso supera normas técnicas, así como de emisión y calidad adecuadamente desarrolladas.
2) Desarrollo asimétrico. La EIA necesita de otros instrumentos técnicos como planos de cuencas.
3) Exceso de amplitud del ámbito material. Reflejado en el uso de criterios extraambientales y la confusión en la incorporación de planes y programas.
4) Insuficiencia de criterios e indefinición de conceptos. Esto en términos de la incorporación de la oposición relevante, la sobrevaloración de biodiversidad y el exceso de conceptos jurídicos indeterminados (comunidades, valores paisajísticos, etcétera).
5) La utópica ventanilla única. De errado diseño, el cual asume un permiso ambiental global y un catálogo de permisos de relevancia ambiental.
6) Participación ciudadana limitada. A causa de fallas de los mecanismos de reevaluación extrajudicial de controversias (arbitraje y medición), así como indeterminación de los criterios de ponderación.
7) Falta de mecanismos coadyuvantes y fiscalización. Sobre todo en cuanto al control integrado de la contaminación, el régimen de responsabilidad, el seguro ambiental y otras fianzas, tanto como de los mecanismos de seguimiento y control efectivo.
Uno momento interesante del congreso fue la conferencia magistral “Hacia una eficiente procuración de justicia forestal ambiental”, del doctor Ramón Ojeda-Mestre, donde sentenció:
“Si reciente es el tema del derecho ambiental, más aún lo es el apasionante reto del derecho forestal ambiental. Sin embargo, el más acuciante de sus enigmas es el de encontrar la definición de lo que debemos entender por justicia: justicia forestal ambiental… Es decir, entender y asumir lo forestal con un criterio o esencia ambiental. Esto es un gran avance no nada más en la defensa o tutela de la diversidad biológica y los recursos naturales, sino también en dimensión económica y técnica de lo forestal. Lograr que lo forestal se vincule indisociablemente con el marco hidrológico, edafológico, atmosférico, faunístico, genético y con la sostenibilidad en general nos ayuda a entender sus difíciles aristas.”
Durante el Quinto CIDFA se eligió como coordinador de la Unidad IUFRO Iberoamericana de Derecho Forestal-Ambiental, para el periodo 2006-2007, a la doctora Carla Ximena Cárdenas Monroy de Ecuador, y como coordinadores adjuntos a los abogados Fernando Montes de Oca de México, Enrique Gallardo Gallardo de Chile y Paulo de Tarso de Lara Pires de Brasil. Asimismo, se fijó como sede del Sexto Congreso Iberoamericano de Derecho Forestal-Ambiental en 2007 la ciudad de Quito, Ecuador.
