Hernán Sorhuet Gelós
Dinama constituye un cimiento técnico de valor estratégico para el país, por ser el sector del gobierno responsable de hacer cumplir la normativa ambiental nacional
Uruguay.— Cuando en 1990 se creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se dio un paso fundamental en la planificación del desarrollo nacional, sentándose las bases institucionales para conducir al país hacia la sustentabilidad y la coherencia ambiental. Ese mismo año dentro de esa secretaría de Estado, nació la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), con sus cometidos y competencias específicas, así como obligaciones y responsabilidades.
Un cuarto de siglo después comprobamos que Dinama constituye un cimiento técnico de valor estratégico para el país, por ser el sector del gobierno responsable de hacer cumplir la normativa ambiental nacional; de opinar técnicamente e intervenir cuando detecta transgresiones, atropellos u omisiones.
Dentro de sus competencias específicas tiene algunas que resultan críticas para la calidad de vida de la gente como la política de aguas, de cambio climático, de conservación de la diversidad biológica.
En más de una ocasión sus opiniones técnicas le han generado dolores de cabeza al gobierno en turno, porque frenaron proyectos de inversión económicamente atractivos —a corto plazo— pero ambientalmente inconvenientes para el país.
No fueron molestias menores, como ocurrió durante la presidencia de José Mujica, cuando el mandatario anunció algo que luego por fortuna no ocurrió: trasladar las competencias de Dinama a la órbita de la Presidencia de la República, con el fin de controlar totalmente las autorizaciones y los tiempos.
Con la reciente llegada de Vázquez a su segundo gobierno, se dobla la apuesta. En la actual Ley de Presupuesto Nacional que está a consideración del Parlamento uruguayo, se propone en su artículo 16: “Créase en el Inciso 02 ‘Presidencia de la República’, Unidad Ejecutora 001 ‘Presidencia de la República y Unidades Dependientes’, Programa 481 ‘Política de Gobierno’, la ‘Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático’, la que tendrá como cometido específico, además de los que se le asignen por norma objetiva de derecho, el de articular y coordinar con las instituciones y organizaciones públicas y privadas, la ejecución de las políticas públicas relativas a la materia de medio ambiente, agua y cambio climático.”
La Presidencia quiere ejercer el control directo sobre temas tan críticos para el desarrollo nacional y la calidad de vida de la población.
Si logra el traspaso a su jurisdicción elimina el control parlamentario —al cual sí están sujetos los ministerios—, la obligación de poner toda la información a disposición del público, y omite la independencia técnica que tienen los especialistas de Dinama al realizar su trabajo dentro del Ministerio de Medio Ambiente.
De esta manera el presidente no deberá rendirle cuentas a nadie, y manejará los tiempos de aprobación de los proyectos a su antojo.
El engaño ha quedado demostrado cuando en la Comisión de Presupuesto, el prosecretario de la Presidencia expresó que lo que se pretende es crear un ministerio de ambiente, agua y cambio climático. Como no hay dinero para hacerlo se crearía una secretaría en Presidencia con esas competencias, pero sin eliminar el Ministerio de Medio Ambiente.
Confiemos en que los senadores y diputados de la República antepongan su compromiso con sus electores a la disciplina partidaria.
Fuente: El País de Montevideo, imagen
